Por Ignacio Alonso, abogado-Socio de ADVOCATIA ABOGADOS, Country Expert para España del International Distribution Institute.

La Ley 1/2010 de 1 de marzo (BOE del 2 de marzo de 2010) ha modificado la Ley 7/1996 del Comercio Minorista de 15 de enero. El objetivo de esta modificación es adaptar la legislación nacional a la nueva legislación en la Unión Europea, en particular, a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y el Consejo con el fin de simplificar los procesos y procedimientos administrativos y suprimir los obstáculos innecesarios para la obtención de los permisos administrativos pertinentes para las actividades comerciales. La norma modifica, en particular y por lo que aquí interesa, el régimen legal de la franquicia. Las modificaciones de la Ley entraron en vigor el 3 de marzo de 2010.

Por otra parte, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto 201/2010 de 26 de febrero (BOE del 13 de marzo 2010 y en vigor desde el 14 de marzo 2010) que regula la actividad de franquicia y el Registro de Franquiciadores. El Real Decreto deroga los reglamentos anteriores, expresamente el Real Decreto 2485/1998 de 13 de noviembre y el Real Decreto 419/2006 de 7 de abril. El nuevo Real Decreto ha tenido en cuenta para su aprobación la legislación de la UE, en particular, el Reglamento 2790/1999 de 22 de diciembre y la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre.

La novedad introducida por la Ley y desarrollada por el Real Decreto en cuanto a la actividad de franquicia, supone la simplificación de la inscripción en el Registro de Franquiciadores. La inscripción previa y obligatoria de los franquiciadores en el mencionado Registro ha sido sustituida por la obligación de información del inicio de su actividad una vez ésta haya tenido lugar. Para ello se ha modificado el artículo 62.2 de la Ley de Comercio Minorista obligando a los franquiciadores a que informen del inicio de sus actividades dentro del plazo de tres meses. Las empresas franquiciadoras de terceros países no establecidas en España, pero con la intención de desarrollar dicha actividad en España también están obligadas a procurar dicha información en el mismo plazo de tres meses. Por último, los franquiciadores que operan en un Estado miembro de la UE que operan en España bajo el régimen de prestación de servicios sin un establecimiento permanente, sólo estarán obligados a comunicar al Registro el inicio de las actividades en España.

De acuerdo con la nueva modificación, la falta de comunicación de la información dentro del plazo legal o la falta de actualización de los datos necesarios se considerarán como infracciones «graves».

Las infracciones y sanciones también han sido modificadas aunque mantiene la clasificación como «infracciones leves», «graves» o «muy graves». Las sanciones pecuniarias serán de hasta € 6,000 para las infracciones leves, de 6.000 a 30.000 para las graves y de 30.000 a 900.000 euros para las muy graves. La modificación también incluye la actualización anual de estas cantidades de acuerdo con el Índice General de precios aprobados por el Instituto Nacional de Estadística.

Dentro de los criterios para graduar las sanciones el artículo 69 ha sido modificado añadiéndose a los criterios ya existentes (volumen de facturación, beneficio obtenido, intencionalidad, duración de la infracción y la reincidencia) el de la capacidad o solvencia económica de la empresa. Además, se han suprimido los límites a las sanciones incluidos en el segundo párrafo de este artículo. Estos límites eran: en caso de una infracción leve la multa no podía superar el 5% del volumen de negocios, el 50% del volumen de negocios en caso de infracciones graves y el 100% del volumen de negocios en caso de infracción muy grave.

Por otra parte, se mantienen las definiciones de franquicia, franquicia principal o maestra con las mismas exclusiones de la definición que las que preveía la normativa derogada. Se conservan, asimismo, aunque con mínimas diferencias, la regulación que recogía la anterior normativa referente a lo siguiente:

a – las informaciones que los franquiciadores deben poner a disposición de los potenciales franquiciados antes de la celebración del contrato (tan solo extiende ligeramente el plazo de veinte días, matizando que se trata de días “hábiles”, y se especifica que la información acerca de las reclamaciones contra la marca deberá referirse a los “recursos judiciales”);

b – la posibilidad de que el franquiciador exija al franquiciado potencial un deber de confidencialidad por la información proporcionada o que deba proporcionarle;

c – la información que el franquiciador puede voluntariamente inscribir en el registro (con la única diferencia de la mención que hace a la firma de códigos deontológicos, sustituida por “códigos de buenas prácticas”);

d – la referencia a la clasificación de las empresas franquiciadoras como franquiciados consolidados y sus requisitos.

e – las obligaciones de notificación de las modificaciones habidas en la información procurada así como la obligación de información anual (durante el mes de enero en relación con el año anterior) sobre altas y bajas en la red de franquiciados.

En cuanto a la novedad más significativa ya mencionada, el Real Decreto incorpora la nueva obligación de información al Registro (en el plazo de tres meses desde el inicio de la actividad) tal como la ha introducido la Ley. Este Registro tiene carácter administrativo y sus efectos son sólo de información y publicidad y, por lo tanto, no condicionará el inicio de la actividad. Sin embargo, el contenido de la información a proporcionar permanece muy similar al anterior con pequeñas modificaciones, particularmente en lo relativo a la supresión de la memoria explicativa de la actividad y, en el caso de franquiciados principales, la obligación de acompañar los datos del franquiciador y el contrato de franquicia principal. En el supuesto de empresas inscritas por medio de representante, deberán aportar el documento que acredite dicha condición.

Por último, el Real Decreto incorpora disposiciones de carácter técnico-administrativo sobre la adscripción y funcionamiento del Registro, su coordinación e interoperabilidad con otros registros autonómicos (solo será necesaria una única comunicación), la comunicación de datos por parte de las comunidades autónomas, los datos comunicados al Registro central del Ministerio y el no incremento del gasto público como consecuencia de esta nueva normativa.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.