Con esta decisión, el alto tribunal rechaza por el momento sobreseer la causa, que es lo que había pedido la defensa de Garzón, y continúa con la investigación del asunto.

En concreto, el instructor de la causa, el magistrado Luciano Varela, ha decidido incorporar a la investigación la decisión que Garzón adoptó en 1998 por la que desestimó la querella presentada contra el histórico líder comunista Santiago Carrillo por el asesinato de miles de prisioneros del bando nacional en Paracuellos del Jarama entre noviembre y diciembre de 1936.

Varela accede así a la petición del sindicato ultraderechista Manos Limpias, que junto a la asociación Libertad e Identidad interpuso la querella contra Garzón, en un auto en el que dice que la incorporación de las pruebas solicitadas a las diligencias «ni genera demoras innecesarias en la tramitación ni es extraña al objeto de las mismas». Esta solicitud, añade, «puede contribuir a esclarecer las circunstancias concurrentes» en la decisión de Garzón de investigar los crímenes de la dictadura de Franco.

Además de los trámites que siguieron las diferentes denuncias de los familiares, Varela quiere conocer cómo funcionó el reparto de denuncias y querellas entre los seis juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional en los últimos meses de 2006.

Para ello solicita las diligencias de reparto de todos los asuntos que llegaron a la Audiencia nacional durante los tres meses anteriores a la presentación de la primera denuncia que originó la causa.

En concreto, Varela libra exhorto al Juzgado Decano de los Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional (que es el Central número 1, cuyo titular es Santiago Pedraz) para que le remita las normas reguladoras del sistema de reparto de los asuntos, así como «fotocopia autenticada de los soportes documentales» relativos a la presentación a reparto de las denuncias, que fueron llegando paulatinamente a la Audiencia Nacional desde diciembre de 2006.

Varela tendrá que analizar la documentación que le llegue de la Audiencia Nacional antes de decidir si finalmente sienta o no a Garzón en el banquillo. En el caso de que se produzca su procesamiento, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) deberá discutir si procede suspenderle en sus funciones mientras se sustancia la causa por prevaricación.

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