Medidas aprobadas por el Gobierno en materia de alquileres como consecuencia de la prórroga del estado de alarma: aplazamiento/condonación de rentas en contratos de vivienda otorgados al amparo de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos. Real Decreto-Ley 11/2020.

Después de días de incertidumbre, amenazas de huelga e impago generalizado de rentas por el sindicato de arrendatarios, quejas de las asociaciones de propietarios, y desconcierto general al respecto, el Gobierno ha decidido finalmente adoptar medidas sobre el pago de renta en los alquileres. Se ha publicado en el BOE del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan, entre muchas otras, medidas complementarias en el ámbito de los alquileres para paliar los efectos del COVID-19.

El Decreto centra las medidas únicamente en los arrendamientos de vivienda otorgados al amparo de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 (no afecta, por tanto, a arrendamientos de vivienda de “renta antigua”, de oficina, local comercial, etc.) y distingue entre si el arrendador de los mismos es un pequeño propietario (titular de menos de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2) o si lo es una empresa, un gran tenedor de inmuebles en alquiler (titular de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2) o entidades públicas de vivienda, dando una cobertura distinta en uno y otro caso.

Ello se hace así, porque, según la exposición de motivos del propio Decreto, el 85% de los pisos arrendados como vivienda están en manos de una persona física, pequeño propietario, las cuales precisan de las rentas para su subsistencia económica, mientras que sólo el 15% restante del parque de viviendas en alquiler estaría en manos de los denominados “grandes tenedores”.

El Real Decreto-Ley prevé para los arrendatarios en situación de vulnerabilidad moratorias en el pago de la renta o condonaciones de la misma, que serán obligatorias o no, según la condición del arrendador de la vivienda (pequeño tenedor o empresa/gran tenedor), y establecen una serie de ayudas económicas avaladas por el Estado para aquellos arrendatarios en situación de vulnerabilidad que no puedan pactar moratorias con sus arrendadores persona física y no puedan hacer frente al pago de la renta de sus viviendas.

Según la exposición de motivos del Real Decreto, respecto a la situación del mercado de alquiler, se persiguen tres objetivos: (i) responder a la situación de vulnerabilidad en que incurran los arrendatarios de vivienda habitual como consecuencia de circunstancias sobrevenidas debidas a la crisis sanitaria del COVID-19, especialmente aquellos que ya hacían un elevado esfuerzo para el pago de las rentas, pero también aquellos que, sin estar previamente en esa situación, se encuentren ahora en ella circunstancialmente; (ii) diseñar medidas de equilibrio que impidan que, al resolver la situación de los arrendatarios, se traslade la vulnerabilidad a los pequeños propietarios; y (iii) movilizar recursos suficientes para conseguir los objetivos perseguidos y dar respuesta a las situaciones de vulnerabilidad.

En consecuencia, la clave para tener acceso a las medidas aprobadas por el Gobierno es ser arrendatario de un contrato de vivienda otorgado al amparo de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos y estar en situación de vulnerabilidad.

El Decreto establece, además de medidas estrictamente económicas, la posibilidad de solicitar por el arrendatario una prórroga de la vigencia del arrendamiento por un periodo máximo de seis meses, si el contrato expira dentro del periodo comprendido desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley hasta el día en que hayan transcurrido dos meses desde la finalización del estado de alarma; y una suspensión de lanzamientos por falta de pago para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, o la suspensión del procedimiento de desahucio por un periodo máximo de seis meses.

Dicho cuanto antecede, relacionaremos cada una de las medidas aprobadas relativas al arrendamiento, que entrarán en vigor dese hoy, empezando por la definición de situación de vulnerabilidad y su acreditación a los efectos del Real Decreto-Ley.

Las principales medidas introducidas por el referido Real Decreto-Ley son las siguientes:

1. DEFINICIÓN DE SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ECONÓMICA A EFECTOS DEL REAL DECRETO-LEY (art. 5)

1.1 Para ser considerado en situación de vulnerabilidad económica a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, a los efectos de acceder a las medidas previstas en el Real Decreto-Ley, se requerirá la concurrencia conjunta de los siguientes requisitos:

a) Que la persona que esté obligada a pagar la renta de alquiler pase a estar en situación de desempleo, Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), o haya reducido su jornada por motivo de cuidados, en caso de ser empresario, u otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos, no alcanzando por ello el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria:

i. Con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (en adelante IPREM).

ii. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar. El incremento aplicable por hijo a cargo será de 0,15 veces el IPREM por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental.

iii. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.

iv. En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cuatro veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo a cargo.

v. En el caso de que la persona obligada a pagar la renta arrendaticia sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65 por ciento, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cinco veces el IPREM.

b) Que la renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. A estos efectos, se entenderá por «gastos y suministros básicos» el importe del coste de los suministros de electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, de los servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de propietarios, todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario.

1.2 Se entenderá por unidad familiar la compuesta por la persona que adeuda la renta arrendaticia, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar y su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que residan en la vivienda.

1.3 No se entenderá que concurren los supuestos de vulnerabilidad económica a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 a los efectos de obtener moratorias o ayudas en relación con la renta arrendaticia de la vivienda habitual cuando la persona arrendataria o cualquiera de las personas que componen la unidad familiar que habita aquélla sea propietaria o usufructuaria de alguna vivienda en España.

Se considerará que no concurren estas circunstancias cuando el derecho recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma y se haya obtenido por herencia o mediante transmisión mortis causa sin testamento. Se exceptuará de este requisito también a quienes, siendo titulares de una vivienda, acrediten la no disponibilidad de la misma por causa de separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte inaccesible por razón de discapacidad de su titular o de alguna de las personas que conforman la unidad de convivencia.

2. ACREDITACIÓN DOCUMENTAL DE LA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ECONÓMICA A EFECTOS DEL REAL DECRETO (art. 6)

2.1 La concurrencia de la situación de vulnerabilidad se acreditará el arrendatario del contrato de vivienda ante la persona arrendadora mediante la presentación de los siguientes documentos:

a) En caso de situación legal de desempleo, mediante certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.

b) En caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.

c) Número de personas que habitan en la vivienda habitual:

i. Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho.

ii. Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores.

iii. Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.

d) Titularidad de los bienes: nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.

e) Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes según el Real Decreto-Ley.

2.2 Si el solicitante de la moratoria no pudiese aportar alguno de los documentos requeridos en las letras a) a d) anteriores, podrá sustituirlo mediante una declaración responsable que incluya la justificación expresa de los motivos, relacionados con las consecuencias de la crisis del COVID-19, que le impiden tal aportación.
Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para la aportación de los documentos que no hubiese facilitado.

2.3 La persona o personas que se hayan beneficiado de una moratoria de la deuda arrendaticia de su vivienda habitual y/o de ayudas públicas para atender al pago de la misma sin reunir los requisitos previstos, serán responsables de los daños y perjuicios que se hayan podido producir, así como de todos los gastos generados por la aplicación de estas medidas excepcionales, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden a que la conducta de los mismos pudiera dar lugar.

3. APLAZAMIENTO, EN SU CASO, DE RENTAS EN ARRENDAMIENTOS DE VIVIENDA CON ARRENDADORES PEQUEÑOS TENEDORES (TITULAR DE MENOS DE DIEZ INMUEBLES URBANOS, EXCLUYENDO GARAJES Y TRASTEROS, O UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE MÁS DE 1.500 M2) (art. 8)

3.1 El arrendatario de un contrato de vivienda suscrito al amparo de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, que se encuentre en situación de vulnerabilidad económica, cuando su arrendador no sea empresa, gran tenedor o entidad pública de vivienda, podrá solicitar de la persona arrendadora (persona física), el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, siempre que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera acordado previamente entre ambas partes con carácter voluntario.

Por tanto, el Real Decreto-Ley no da esta posibilidad a arrendatarios de contratos de vivienda de “renta antigua” suscritos al amparo del Texto Refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, ni a los suscritos con posterioridad a la publicación del conocido como Decreto Boyer, que suprimió la obligatoriedad de la prórroga forzosa, ni a los de uso distinto al de vivienda otorgados al amparo de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos.

El plazo para realizar la solicitud es de un mes desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley.

3.2 Una vez recibida la solicitud, el arrendador comunicará al arrendatario, en el plazo máximo de 7 días laborables, las condiciones de aplazamiento o de fraccionamiento aplazado de la deuda que acepta o, en su defecto, las posibles alternativas que plantea en relación con las mismas.

3.3 Si el arrendador no aceptare ningún acuerdo sobre el aplazamiento y, en cualquier caso, cuando la persona arrendataria se encuentre en la situación de vulnerabilidad sobrevenida por el Covid-19, esta podrá tener acceso al programa de ayudas transitorias de financiación reguladas en el Real Decreto-Ley.

En consecuencia, el arrendador pequeño propietario (persona física) no está obligado a aceptar ninguna modificación de las condiciones de pago de la renta.

4. APLAZAMIENTOS/CONDONACIONES DE RENTA EN ARRENDAMIENTOS DE VIVIENDA CON ARRENDADOR EMPRESA, GRAN TENEDOR (TITULARES DE MÁS DE DIEZ INMUEBLES URBANOS, EXCLUYENDO GARAJES Y TRASTEROS, O UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE MÁS DE 1.500 M2), y ENTIDADES PÚBLICAS DE VIVIENDA. (art. 4)

4.1 El arrendatario de un contrato de vivienda habitual suscrito al amparo de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, que se encuentre en situación de vulnerabilidad económica, podrá solicitar de la persona arrendadora cuando esta sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor (titular de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2), el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, siempre que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera conseguido ya con carácter voluntario por acuerdo entre ambas partes.

En consecuencia, tampoco en este caso el Real Decreto-Ley da esta posibilidad a arrendatarios de contratos de vivienda de “renta antigua” suscritos al amparo del Texto Refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, ni a los suscritos con posterioridad a la publicación del conocido como Decreto Boyer, que suprimió la obligatoriedad de la prórroga forzosa, ni a los de uso distinto al de vivienda otorgados al amparo de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos, acogerse a las medidas.

El plazo para hacer a solicitud es de un mes desde la entrada en vigor de este Real decreto Ley.

4.2 Si no hay un acuerdo entre las partes, el arrendador deberá comunicar expresamente al arrendatario, en el plazo máximo de 7 días laborables, su decisión al respecto, escogida entre las siguientes alternativas:

a) Una reducción del 50% de la renta arrendaticia durante el tiempo que dure el estado de alarma decretado por el Gobierno y las mensualidades siguientes si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad provocada a causa del COVID-19, con un máximo en todo caso de cuatro meses.

b) Una moratoria en el pago de la renta arrendaticia que se aplicará de manera automática y que afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma decretado por el Gobierno y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad provocada a causa del COVID-19, sin que puedan superarse, en ningún caso, los cuatro meses.

Dicha renta se aplazará, a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia, mediante el fraccionamiento de las cuotas durante al menos de tres años, que se contarán a partir del momento en el que se supere la situación aludida anteriormente, o a partir de la finalización del plazo de los cuatro meses antes citado, y siempre dentro del plazo a lo largo del cual continúe la vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas.

La persona arrendataria no tendrá ningún tipo de penalización y las cantidades aplazadas serán devueltas a la persona arrendadora sin intereses.

5. LÍNEAS DE CRÉDITO AVALADAS POR EL INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (art. 9)

Se autoriza al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para que, mediante acuerdo con el Instituto de Crédito Oficial, se desarrolle una línea de avales con total cobertura del Estado, para que las entidades bancarias puedan ofrecer ayudas transitorias de financiación a las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad. El objetivo es proporcionar cobertura financiera para hacer frente a los gastos de vivienda por parte de los hogares que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad social y económica como consecuencia de la expansión del COVID-19.

El plazo de devolución de dichas ayudas con aval del Estado es de hasta seis años, prorrogable excepcionalmente por otros cuatro y sin que, en ningún caso, devengue ningún tipo de gastos e intereses para el solicitante.

Las ayudas deberán dedicarse directamente al pago de la renta del arrendamiento de vivienda y podrán cubrir un importe máximo de seis mensualidades de renta.

6. NUEVO PROGRAMA DE AYUDAS PARA CONTRIBUIR A MINIMIZAR EL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19 EN LOS ALQUILERES DE VIVIENDA HABITUAL (art. 10)

Mediante Orden del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se incorporará al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 regulado en el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, un nuevo programa de ayudas al alquiler, denominado “Programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual”.

Este programa tendrá por objeto la concesión de ayudas al alquiler, mediante adjudicación directa, a las personas arrendatarias de vivienda habitual que, como consecuencia del impacto económico y social del COVID – 19, tengan problemas transitorios para atender al pago parcial o total del alquiler y encajen en los supuestos de vulnerabilidad económica y social sobrevenida que se definan, y que no puedan hacer frente a la devolución los préstamos concedidos.

La cuantía de esta ayuda será de hasta 900 euros al mes y de hasta el 100% de la renta arrendaticia o, en su caso, de hasta el 100% del principal e intereses del préstamo que se haya suscrito con el que se haya satisfecho el pago de la renta de la vivienda habitual. Serán los órganos competentes de cada Comunidad Autónoma y de las Ciudades de Ceuta y de Melilla los que determinen la cuantía exacta de estas ayudas, dentro de los límites establecidos para este programa. A estos efectos podrán adjuntar un informe de los servicios sociales autonómicos o locales correspondientes, en el que se atienda y valoren las circunstancias excepcionales y sobrevenidas de la persona beneficiaria como consecuencia del impacto económico y social del COVID-19.

7. PRORROGA PLAZO EXTRAORDINARIA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA (art. 2)

Los contratos de arrendamiento de vivienda habitual sujetos a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en los que, dentro del periodo comprendido desde la entrada en vigor de este real decreto-ley hasta el día en que hayan transcurrido dos meses desde la finalización del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, finalice el periodo de prórroga obligatoria previsto en el artículo 9.1 o el periodo de prórroga tácita previsto en el artículo 10.1, ambos artículos de la referida Ley de Arrendamientos Urbanos, podrá aplicarse, previa solicitud del arrendatario, una prórroga extraordinaria del plazo del contrato de arrendamiento por un periodo máximo de seis meses.

Durante esta prórroga se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor.

Esta solicitud de prórroga extraordinaria deberá ser aceptada por el arrendador, salvo que se fijen otros términos o condiciones por acuerdo entre las partes.

8. SUSPENSIÓN DE LANZAMIENTOS O DE PROCEDIMIENTOS DE DESAHUCIO DE VIVIENDA EN CURSO (art. 1)

El arrendatario de contrato de arrendamiento de vivienda otorgado al amparo de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos que acredite ante el Juzgado, en el seno de un procedimiento de desahucio en curso, encontrarse en una situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida como consecuencia de los efectos de la expansión del Covid-19, que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional para sí y para las personas con las que conviva, podrá solicitar una suspensión extraordinaria del acto de lanzamiento.

Esta posibilidad es aplicable a procedimiento de desahucio derivados de contratos de arrendamiento de vivienda, una vez levantada la suspensión de todos términos y plazos procesales por la finalización del estado de alarma.

Si no estuviese señalado todavía el lanzamiento, por no haber transcurrido el plazo de diez días para pagar u oponerse a la demanda, o por no haberse celebrado la vista, y se alegare la vulnerabilidad, se suspenderá dicho plazo o la celebración de la vista hasta que se adopten las medidas que los servicios sociales competentes estimen oportunas, por un periodo máximo de seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley.

En caso de que el establecimiento de la suspensión extraordinaria afecte a arrendadores que acrediten ante el Juzgado encontrarse igualmente en situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida como consecuencia de los efectos de la expansión del Covid-19, el Letrado de la Administración de Justicia deberá comunicarlo a los servicios sociales competentes para su consideración en el establecimiento del plazo de suspensión extraordinaria y en la definición de las medidas de protección social a adoptar.

9. OTRAS MEDIDAS ECONÓMICAS ADOPTADAS EN MATERIA DE ALQUILERES (arts. 11 a 15)

9.1 Se sustituye el programa de ayuda a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual por el nuevo programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables (arts. 11).

9.2 Mediante Orden del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se modificará el programa de fomento del parque de vivienda en alquiler (arts. 12).

9.3 Se autoriza al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a transferir a las Comunidades Autónomas y a las Ciudades de Ceuta y de Melilla el 100% de los fondos comprometidos para el año 2020 en los convenios para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, sin esperar a la adquisición del compromiso financiero por parte de aquellas ni a cualquier otro requisito exigido en los convenios (arts. 13).

9.4 Se autoriza, asimismo, al citado Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a transferir a las Comunidades Autónomas y a las Ciudades de Ceuta y de Melilla el 100% de los fondos comprometidos para el año 2021 en los convenios para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, sin esperar a la adquisición del compromiso financiero por parte de aquellas ni a cualquier otro requisito exigido en los convenios (arts. 13).

9.5 Se autoriza a las Comunidades Autónomas y a las Ciudades de Ceuta y de Melilla a disponer de los fondos comprometidos por el Ministerio de Fomento (actualmente Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) en los convenios para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y que no hubieran sido comprometidos, a su vez, por las mismas, para la concesión de ayudas al alquiler, mediante adjudicación directa, en aplicación del nuevo programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, sin necesidad del Acuerdo previo de la Comisión Bilateral de Seguimiento (arts. 14).

9.6 Se establece la no sujeción del nuevo programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual a la cofinanciación autonómica establecida en el artículo 6 del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 (arts. 15).

Fuente: Área Procesal/Inmobiliaria Toda&Nel-lo Abogados

9 Comentarios

  1. Hola buenas tardes. Mi pregunta es.nuestra hija estudia en Granada, tiene un contrato de alquiler de una habitación, k pasa ahora, estamos obligados a pagar la mensualidad? O mensualidades k kedan hasta que acabe el curso? También an comentado a mi hija k cabe la posibilidad de que lo que queda de curso lo hagan a través de plataforma online…estamos obligados de pagar estos meses o queda anulado el contrato

  2. Mi contrato de alquiler finaliza el 5 de mayo. ¿puede obligarme el casero que me vaya de la casa? No se pueden hacer mudanzas y me siento presionado por él.

  3. Hola,

    tengo 2 dudas sobre la informacion que se da sobre la ayuda a la vivienda por COVID19 en CANARIAS en la pagina:

    https://sede.gobcan.es/vivienda/procedimientos_servicios/tramites/6391#

    En la seccion:

    «¿ME PAGARÁN LA AYUDA SOLICITADA DE UNA SOLA VEZ?

    No, si has solicitado la ayuda para pagar el alquiler. El pago será fraccionado. El primer pago se corresponderá con el alquiler de los MESES VENCIDOS, previa justificación de haber abonado los recibos. Los sucesivos pagos se harán mensualmente, después de haber presentado el recibo de la mensualidad ya pagado.»

    1ª duda: ¿Cuáles son los meses ya vencidos? ¿MARZO Y ABRIL? ¿O desde cuando empieza a contar?

    2ª duda: Mi contrato finalizaba el 30 de abril, pero al estar el Estado de Alarma, si no me equivoco, todos los contratos se han prorrogado.

    -¿Puedo solicitar al arrendador la ampliacion extraordinaria de mi contrato de alquiler al finalizar mi contrato entre el 2 de abril de 2020 y los 2 meses despues de la finalizacion del estado de alarma durante un maximo de 6 meses más?

    -¿Que documentacion tengo que aportarle al arrendador? ¿Tengo que enviarselo todo junto en un burofax, solicitud de ampliacion de alquiler por 6 meses y papel de situacion de desempleo, y algun papel mas? Quiero hacerlo por burofax para que quede constancia legal de haberlo solicitado, no solo por wasap.

    -¿Puede negarse el arrendatario a darme esa prorroga de alquiler de como maximo 6 meses? Voy a solicitar la «Ayuda al alquiler por COVID 19″ que dan como máximo 6 meses de la renta y puedo ponerlo para que se lo paguen directamente al arrendador, por lo que no voy a solicitar aplazamiento de la cuota del alquiler ni reduccion de esa cuota.

    En una pagina he leido esto:

    Cuándo debe vencer el contrato para que se prorrogue
    Se entenderán prorrogados los contratos cuya finalización estuviera prevista para el periodo comprendido entre el 2 de abril de 2020 y dos meses después del día en que finalice el «estado de alarma».

    Por tanto, si el contrato cumple tres años dentro de ese periodo, o también si cumple cuatro dentro de ese periodo, se prorrogará por seis meses.

    Condiciones del contrato prorrogado
    Lo único que cambia es la duración, que será de un máximo de seis meses más.

    Y en vuestra pagina:

    2. ACREDITACIÓN DOCUMENTAL DE LA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ECONÓMICA A EFECTOS DEL REAL DECRETO (art. 6)
    2.1 La concurrencia de la situación de vulnerabilidad se acreditará el arrendatario del contrato de vivienda ante la persona arrendadora mediante la presentación de los siguientes documentos:

    a) En caso de situación legal de desempleo, mediante certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.

    -¿Que documentacion tengo que aportarle al arrendador? ¿Tengo que enviarselo todo junto en un burofax, solicitud de ampliacion de alquiler por 6 meses y papel de situacion de desempleo, y algun papel mas? Quiero hacerlo por burofax para que quede constancia legal de haberlo solicitado, no solo por wasap.

    -¿Puede negarse el arrendatario a darme esa prorroga de alquiler de como maximo 6 meses? Voy a solicitar la «Ayuda al alquiler por COVID 19» que dan como máximo 6 meses de la renta y puedo ponerlo para que se lo paguen directamente al arrendador, por lo que no voy a solicitar aplazamiento de la cuota del alquiler ni reduccion de esa cuota.

    Muchas gracias y un saludo.

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