La organización advierte de la «falta de transparencia» en el proceso de liberalización, que convierte en «un riesgo» pasar al mercado libre de la electricidad en estos momentos. Todavía no se conocen las condiciones ni de la TUR ni del bono social ni de las empresas comercializadoras, advierte.

Asegura que las distribuidoras eléctricas están empezando a remitir las cartas en las que informan de que, con la entrada en vigor de la TUR en julio, los clientes dejarán de tener su actual consideración y deberán elegir entre una comercializadora de último recurso y otra en el mercado libre.

La OCU recuerda que el cliente en ningún momento dejará de tener suministro eléctrico y que, si no firma ni acepta ninguna oferta, mantendrá automáticamente la tarifa, sin compromisos de permanencia.

En cambio, si opta por buscar un comercializador en el mercado se verá sujeto a un contrato de doce meses de duración mínima y, con ello, renunciará a las posibles ofertas que, previsiblemente, se producirán a partir del 1 de julio.

Otro de los problemas del momento actual, indica la OCU, es la «escasa transparencia» de las empresas comercializadoras, que ofrecen contratos y precios sin revisión previa por parte de ningún organismo.

Explica que los consumidores que decidan pasar al mercado libre no podrán disfrutar del bono social, que estará en principio dirigido a familias numerosas, familias con todos sus miembros parados y pensionistas con ingresos mínimos, entre otros colectivos.

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