Los centros superiores a esa superficie (los híper) tampoco tendrán -con carácter general- necesidad de licencia ni estarán supeditados a los requisitos de naturaleza económica que hasta ahora cada autonomía decidía a su albedrío.
Así lo prevé el anteproyecto de la nueva Ley del Comercio. Tan sólo la protección del medioambiente, el entorno urbano y la protección del patrimonio histórico artístico serán los requisitos o argumentos para denegar una nueva apertura de un gran centro. Además, las licencias para los nuevos establecimientos se concederán de forma indefinida, según corroboraron fuentes del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que se intenta consensuar con las comunidades autónomas.
Algunas autonomías, como Cataluña y Baleares, han utilizado esta legislación para defender su modelo de comercio urbano y frenar la instalación de hipermercados. La patronal de las grandes superficies (Anged) ha llegado a estimar que hay 500 millones de inversión bloqueada por las trabas autonómicas.
La nueva normativa transpondrá la Directiva Europea de Servicios y retocará estos apartados de la vigente Ley de Comercio, de 1996. El texto ya llegó a la Comisión de Subsecretarios. De hecho, el pasado diciembre se había previsto que pasara ya al Consejo de ministros, pero el rechazo de comunidades como Cataluña impidió el consenso y la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega dijo que había que seguir madurando el texto.
El Gobierno quiere liberalizar los mercados y para ello tiene previsto facilitar la implantación de establecimientos comerciales y reducir las cargas burocráticas que soporta la distribución. Y Comercio y los Gobiernos autónomos están ultimando un acuerdo para que la nueva Ley contenga unos mínimos, entre los que están las actividades que quedarán excluidas de la obligación de solicitar estas licencias. Según los estudios de impacto del Ministerio, los establecimientos pequeños y medianos deberán quedar libres de estas limitaciones.
Al igual que hiciera José Montilla en 2004 con la Ley de Horarios Comerciales, su sucesor al frente del Ministerio de Industria, Miguel Sebastián, se propone que las comunidades acepten este contenido mínimo de la legislación estatal, que Bruselas ve indispensable para cumplir la Directiva.
