La directiva europea sobre IVA permite a los Estados miembros, en aras de la simplificación administrativa, la posibilidad de considerar como un único sujeto pasivo a aquellas personas que son jurídicamente independientes, pero que están estrechamente vinculadas entre sí desde los puntos de vista financiero, económico y organizativo.
El Ejecutivo comunitario considera que España aplica incorrectamente esta norma porque permite a personas que no son sujetos pasivos formar parte de una agrupación a efectos del IVA.
La solicitud de Bruselas adopta la forma de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción. Si España no modifica su legislación en el plazo de dos meses, la Comisión puede llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
El Ejecutivo comunitario también exigió la modificación de la legislación sobre el IVA a Países Bajos, Irlanda, Finlandia, Suecia, Reino Unido, República Checa y Dinamarca.