Nadie esperaba un desenlace así. La campaña para llegar al ICAM había sido más disputada que nunca, alentada por la convulsión que vive un sector que se ha visto afectado por las polémicas medidas adoptadas por el ministerio de Alberto Ruiz Gallardón. El clamor en la calle contra las tasas judiciales o los impagos en el turno de oficio, las dudas sobre el seguro médico y el gran número de candidaturas que se disputaban el decanato del Colegio hacían presagiar unas elecciones especiales, unos comicios que todos los candidatos definían como trascendentales. Pasado el día de las votaciones, todavía no se conocen los resultados electorales exactos pero todo indica que Sonia Gumpert se habría proclamado ganadora de las elecciones a mucha distancia de sus principales rivales. 

Lo que no se esperaba nadie es que la madrugada del miércoles 19 la policía entraría en el Palacio de Congresos de Madrid para llevarse unos ordenadores que, supuestamente, habría usado la candidatura de Sonia Gumpert para obtener datos de los electores para posteriormente convencerlos de acudir a las urnas. Siete candidaturas han impugnado las elecciones y el futuro del ICAM está ahora en manos de la Comisión Electoral que debe decidir si se dan por válidos o no los comicios. Una situación inaudita en el colegio con más peso del país y que congrega al mayor número de colegiados.

La campaña fue polémica desde el primer día. Se había acusado a su candidatura de hacer campaña antes de lo que establece la ley, de presentar un programa poco realista y finalmente se la acusó – aprovechando turbulencias políticas – de tener alguna relación con Cataluña. Es precisamente por eso que esta letrada defiende que lo que está sufriendo no es más que un burdo intento de “no dar validez a la voz de los abogados madrileños y el último capítulo en una serie de infamias que he venido sufriendo durante toda la campaña electoral”.

Precisamente por todo el revuelto que han levantado estas elecciones en el Colegio de Abogados de Madrid, DIARIO JURÍDICO se propone recorrer a través de este artículo las polémicas ocurridas en época de campaña, la noche electoral y las posibilidades que se abren ahora para el futuro del Colegio, con las declaraciones efectuadas por los candidatos al ICAM y el análisis de expertos en Derecho penal y administrativo. 

El camino hacia el decanato

Las elecciones se presentaban reñidas. Repetían los dos principales candidatos de 2007. El actual decano Antonio Hernández Gil se presentaba a la reelección teniendo como rival a Javier Cremades, que en los anteriores comicios se quedó a unos escasos 300 votos de diferencia. Sonia Gumpert se unía a la lucha por la dirección del ICAM con una candidatura que ella definía de renovación. Y además, sonaba también fuerte el nombre de quien fuera fiscal de la Audiencia Nacional, Ignacio Peláez, conocido por su participación en casos judiciales de gran relevancia mediática como el ‘caso Gürtel’ o el ‘caso Dorribo’. A estas candidaturas hay que sumarle también la de la Asociación Libre de Abogados – ALA –, encabezada por Lorena Ruiz-Huerta, que se presumía que podía sacar un buen resultado gracias a la defensa a utltranza que han hecho en los últimos meses del turno de oficio. En total, se presentaron 14 candidaturas.

La noche electoral del 18 de diciembre

El conflicto se originó una vez cerraron las urnas a las ocho de la tarde cuando algunos candidatos, entre los que se encontraba Lorena Ruiz, de la Asociación Libre de Abogados, decidieron alertar a la mesa electoral del supuesto ilícito. Según explicó Ruiz, un grupo de jóvenes afines a la candidatura de Sonia Gumpert se había dedicado durante toda la jornada a controlar la evolución de los comicios desde la sala de votaciones con la ayuda de ordenadores portátiles. Su actividad consistía, presuntamente, en llamar a abogados que todavía no habían ido a votar ofreciéndoles un taxi para que pudieran llegar hasta el Palacio de Congresos. La mesa electoral pidió a los implicados que abandonaran la sala pero numerosas personas presentes al acto impidieron su salida. Finalmente, la policia incautó los ordenadores. Siete candidaturas acordaron, a media noche, impugnar las elecciones por fraude electoral debido a una supuesta violación de la normativa de protección de datos, así como por un supuesto ilícito provocado al hacer campaña durante la jornada de votaciones.

La decisión de la Comisión Electoral

Tras improvisadas reuniones que tuvieron lugar en el Palacio de Congresos, la Comisión electoral decidió remitir el comunicado de las candidaturas que habían impugnado las elecciones ante el juzgado de guardia. Además, optó por suspender la proclamación de los resultados electorales y abrió un plazo de alegaciones que terminó el viernes 21 de diciembre. Según indicó a través de un comunicado “todas las candidaturas han de ser debidamente oídas con la oportunidad de aportar todos los medios de prueba a los que se comprometieron durante su comparecencia ante la Comisión”. Además acordó custodiar en sobres lacados los resultados electorales obtenidos en las Mesas electorales y el emitido por correo computado por la propia Comisión. Dichos sobres se han introducido en la caja fuerte del ICAM haciendo entrega de la llave al Presidente de la Comisión. Ahora deberá decidir si se proclama nuevo decano/a o si por el contrario se invalidan estos comicios y se celebran de nuevo elecciones.

La opinión de los candidatos

Sonia Gumpert ofreció una rueda de prensa el pasado jueves día 20, acompañada de los miembros de su candidatura Ignacio Gordillo, Manuel Valero y Javier Iscar de Hoyos. En ella aseveró que su equipo “no ha comprado ni presionado ni inducido a nadie al voto al margen de que alguien a título personal haya ofrecido su ayuda a la candidatura” y aseguró que las irregularidades que le achacan atentan “contra la inteligencia y la integridad” de los abogados madrileños, lo que tacha de “insulto” a la Abogacía. “Se oyeron cosas duras que afectan a la reputación de la abogacía. Hubo comportamientos reprobables y agresiones. No es la forma de actuar de los abogados”, recalcó, insistiendo en que habían “hablado las urnas”.

Por su parte, ninguno de los otros candidatos ha querido hacer declaraciones al respecto ya que la Comisión Electoral exigió a todas las candidaturas que se abstuvieran de realizar cualquier medida de presión. 

Efectos de la impugnación

A partir de aquí se abren una serie de interrogantes sobre los acontecimientos que tendrán lugar durante los próximos días y sobre la decisión que deberá tomar la Comisión Electoral acerca de la proclamación o no de los resultados de los comicios. Para ello es importante diferenciar las distintas vertientes que plantea el caso ya que los hechos ocurridos tienen efectos dentro y fuera del Colegio de Abogados, según explica el abogado penalista de Viciano Abogados, Pablo Guijarro.

El papel de la Comisión

Por una parte, la competencia para anular las elecciones es de la Comisión Electoral, que está integrada por cinco colegiados ejercientes y residentes en el ámbito territorial del Colegio con una antigüedad de colegiación superior a diez años. Según establecen los Estatutos del ICAM, este órgano tiene la función de velar para que el desarrollo del proceso electoral se ajuste a la normativa electoral y al principio democracia, así como de resolver las reclamaciones que puedan presentarse. Sin embargo, lo que no prevé la normativa colegial es el plazo de que dispone el órgano para tomar una decisión ante la impugnación casi unánime de los comicios. Aún así, los expertos consultados prevén que la resolución tenga lugar pocos días después de que finalice el plazo para formular las alegaciones, previsto para este viernes 21 de diciembre, a las 14 h.

“La cuestión que se debe dirimir es si realmente hubo una actuación por parte de una lista concreta consistente en condicionar o manipular la libertad de voto. Se debe acreditar que existen elementos suficientes para que se produzca la anulación del proceso”, explica Jorge Morales, abogado de Interforo. Según el letrado, la prueba que deberían presentar las candidaturas que impugnaron las elecciones “tiene que residir en la posibilidad de acreditar que alguien recibió presión de algún tipo o sugerencias con suficiente intensidad para que el elector votara en un sentido o en otro”. Básicamente, pues, se trata de aportar pruebas testificales. En función de su capacidad, la resolución irá en el sentido de anular los comicios y repetirlos de nuevo o en la de proclamar ganadora a la candidatura de Sonia Gumpert. También existe la posibilidad de eliminar su lista aunque los expertos consultados consideran que se trataría de un supuesto muy poco probable.

Guijarro insiste en que “lo primero que habrá que ver es cuántas de las supuestas irregularidades se produjeron efectivamente y sobre todo, cuántas pueden ser infracción”. Según el letrado, el reparto de votantes a la hora de captar el voto puede no ser una infracción. “Todo dependerá del grado de confianza”, especifica. Y añade: “Si alguien tiene varios amigos personales que son abogados, no hay ninguna irregularidad en que les pida el voto o incluso en que ese mismo día les diga que vayan a votar. En cambio, si ejerce una presión sobre desconocidos, la situación cambia. No basta con decir que se han repartido los votos sino que hay que ir un poco más allá y ver las circunstancias que rodean el caso”, aclara.

La vertiente contenciosa

En cualquier caso, Jorge Morales opina que la interpretación de los hechos que haga la Comisión va a estar sujeta a lo que decida finalmente un juez contencioso administrativo. Según el letrado, “si resulta anulado el resultado electoral, la lista ganadora impugnará la decisión mediante una demanda formal ante el juzgado contencioso-administrativo”. Del mismo modo, en caso de que no prosperen las alegaciones de las listas que impugnan el proceso electoral, “la mayoría de ellas también acudirán a la jurisdicción contenciosa-administrativa para intentar anular la resolución de la Comisión”. Por su parte, el penalista Pablo Guijarro coincide plenamente con la postura de su compañero y asegura que cualquiera de las dos partes “va a ir a por todas” por lo que el recurso se prevé más que probable. Decida lo que decida la Comisión, unos o otros recurrirían la resolución ante los órganos judiciales.

La vertiente penal

Cuestión distinta es la causa penal que debe analizar el juzgado de guardia en relación a los ordenadores custodiados y la normativa de protección de datos. Según Pablo Guijarro, “habrá que enjuiciar penalmente si esa conducta supone un ilícito penal en función de si se trata de información esencial que pueda considerarse sustracción o no”. El abogado explica que el juez va a partir de la presunción de inocencia, después determinará qué supone un delito dentro de lo que se haya considerado verdadero y finalmente analizará si existe culpabilidad. “La sanción que más puede preocupar a los presuntos implicados es la condena de inhabilitación para el ejercicio de la profesión que acarrearía la expulsión del Colegio, si es que realmente fueran miembros de él”, explica.

Ante la pregunta de si estamos hablando únicamente de las personas que tenían los ordenadores en su posesión o también de los presuntos miembros de la candidatura implicados en los hechos, Guijarro aclara que en Derecho Penal existe la autoría material de los hechos y la participación en ellos. Esto supondría que los implicados en el conflicto fueron inducidos por miembros de la candidatura, quienes también tendrían su grado de responsabilidad. Sin embargo, el experto considera que esto sería difícil de probar ya que “sería como afirmar que había unas instrucciones concretas y directas. Habría que ponderar mucho la situación”. De todos modos, opina que “por sentido común, si una persona cree que va a tener un elevado número de apoyos no se arriesga a maquinar este tipo de estrategias”.

La institución del ICAM: papel y prestigio

Cabe destacar también que la Junta del Gobierno del ICAM, todavía presidida por el Decano en funciones, Antonio Hernández-Gil, tiene su competencia en este caso para aplicar régimen disciplinario a los miembros del Colegio que pudieran cometer irregularidades en relación con el proceso electoral.

Independientemente de cuál sea la resolución de la Comisión o la de la Junta de Gobierno, los expertos aseguran que este conflicto produce dos efectos indeclinables: por un lado se cuestiona la imagen de un Colegio tan relevante como el de Madrid y por el otro se plantea una sombra de duda sobre la legitimación de la lista que se proclamaría ganadora. Por ello se prevé que la resolución que se tomará sobre la proclamación de los resultados no distará mucho del momento en que finalice el plazo para formular alegaciones.

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