Jornada inicial de este curso sobre la Reforma del Código Penal organizado desde la APM que no defraudó a las expectativas de los asistentes que casi llenabal las aulas del Escorial. Tras las palabras de Juan Carlos Campo, secretario de Estado de Justicia, parlamentarios y magistrados expusieron sus puntos de vista sobre estas modificaciones legislativas, no siempre concordantes para luego dar paso a un interersante debate en el que participaron Alvaro Cuesta, presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso; Dolors Montserrat, portavoz adjunto del PP en esa comisión y los magistrados Enrique Lopez, ahora en la Sala penal de la Audiencia Nacional y anterior portavoz del CGPJ y Pablo Llarena, presidente de la Audiencia Nacional de Barcelona y portavoz de la APM. Todos ellos expusieron sus opiniones sobre este importante cambio legislativo que modifica 169 de los más de seiscientos artículos del nuevo Código Penal y mostraron su preocupación por la falta de credibilidad de la justicia penal en el propio ciudadano.
Mientras que Alvaro Cuesta, presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso de los DIputados, justificaba las 25 reformas del Código Penal de 1995, denominado por los expertos el Código de la Constitución citando a Norberto Bobbío que define a las democracias dinámicas y por ende las legislaciones tienen que ser asi, para Enrique López, Magistrado de la Sala Penal de la Audiencia Nacional y ex portavoz del CGAE, esta profusión de reformas es digno de análisis “porque tenemos la misma delincuencia que países como Alemania y en el país germano en ese periodo de tiempo solo se efectuaron tres reformas de importancia”. En este mismo sentido se alineaba Dolors Montserrat portavoz adjunto de justicia en el Congreso del PP que aparte de criticar la avalancha de reformas señalaba con déficit de nuestro sistema penal su pluralidad de penas “ más de una treintena mientras que en otros países de Europa se circunscriben a dos”. En el haber, es positiva la inclusión de la siniestrabilidad laboral en los artículos 316 y 317 y los delitos societarios que se regulaban por vez primera en 1995 con su inclusión en los artículos 290 a 297
Desde el Partido Popular se tiene claro que cualquier modelo de desarrollo de justicia que se implante debe basarse en un amplio consenso con el resto de fuerzas políticas. “Es la gran asignatura pendiente del Estado, la reforma de la justicia” subrayo Montserrat quien dejo abierta tras las próximas elecciones generales la puerta abierta a un nuevo Pacto de la Justicia, similar al del 2008 entre su fuerza política y el PSOE. “Es fundamental que se invierta más del 0,5 del PIB en justicia y que se trabaje tanto en la prevención de los delitos, con el auge de la policía de proximidad y el impuso de figuras como la mediación penal para pequeños delitos con actuaciones más contundentes en los delitos más graves para que el delincuente no tenga la sensación de actuar con total impunidad”. Desde ese punto de vista y a preguntas de uno de los asistentes no descartó que se tuviera que introducir en la gestión de la justicia española métodos similares de productividad que emplean las empresas privadas para evitar demoras y que procedimientos se detengan
Para Alvaro Cuesta, como responsable de la Comisión de Justicia en el Congreso de los Diputados, “con la nueva reforma del Código Penal se ha buscado la proporcionalidad y huido del populismo penal que siempre clama por reformas innecesarias, sobre todo cuando se comete un delito de gravedad”. En su exposición dejo claro que esta última reforma adecúa el texto español a diferentes normativas europeas que datan algunas de ellas de 2003 y 2004. “De ahí surgió en el 2009 la aprobación por parte de la CE del Programa de Estocolomo que impulsa el llamado derecho de las víctimas”. Sobre la tramitación parlamentaria de esta nueva normativa penal esbozó como fue el proceso que arrancó en el 2008 y que tuvo en el apoyo del PP una de las grandes bazas “porque en ningún momento interpuso ninguna enmienda a la totalidad, lo que demuestra el espíritu de colaboración existente”. Respecto a las novedades se centró en la responsabilidad penal de las personas jurídicas, foco de debate para muchos expertos y sobre la libertad vigilidad, ahora recogida en el nuevo Código Penal y que según éste debe recogerse en la sentencia y ser gestionada por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria
Magistrados, críticos con las reformas
La parte más crítica de la sesión se vivió por la tarde cuando moderada por Angel Calderón, presidente de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, se suscitó un debate entre los cuatro asistentes, Alvaro Cuesta, Dolors Montserrat, Enrique Lopez y Pablo Llarena. Fue precisamente este último, presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona y portavoz de la APM ante los medios informativos quien profundizó en los males de la legislación penal. “Es fundamental contar con una política legislativa que haga coherente nuestra actual justicia penal” señaló a los asistentes. Llarena quiso ponerse en la piel de la ciudadanía que aparentemente tiene la percepción que la justicia penal no funciona: “Hay un sentimiento de ineficacia del sistema penal, con datos por ejemplo que en el 2006 de los seis millones de delitos, solo se condenaron 300.000, así como la inadecuación de la respuesta a determinadas situaciones penales donde a veces hay magistrados que excarcelan a imputados pese a que éstos no han cumplido el tercer grado de su pena o también en el caso de enfermos terminales que se excarcelan sin saber su peligrosidad social evidente”, señaló
Sobre esta reforma penal del 2010 la voz de Enrique López, también dejó claro que no era todo lo perfecta que se esperaba. “Al final te das cuenta que no se han definido de forma clara los bienes jurídicos protegidos y su individualización. De hecho este Código Penal está muy centrado en lo individual y debería tener un título especial sobre la crisis económica y los propios mercados de capitales” Lopez entiende que la propia figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es indefendible y generará muchos problemas para luego recalcar el problema de las penas y su falta de coherencia “Parece no tener sentido que cometer un homicidio sea solo diez años y por otro tipo de delitos como el de tráfico de drogas puedas llegar a cumplir hasta diecisiete años. “ añadió. Otro ejemplo que puso tuvo que ver con la pornografía infantil que tiene la misma pena que los abusos leves a menores. El que fuera portavoz del anterior CGAE defendió el impulso de un nuevo Código Penal que pueda dar respuesta a nuevas figuras como el ya llamado Derecho al Olvido donde se pueda contemplar la protección penal de la imagen en Internet así como la regulación de nuevos tipos y bienes jurídicos protegidos nuevos.
