El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal “confirmó la resolución impugnada” que había sido dictada por un juez en el 2007 en la que argumentaba que las pruebas presentadas por la fiscalía no demostraron la participación del ex mandatario a la “preparación, concepción” y “consecución de genocidio”. Una fuente de la Judicatura dijo que se trataba de “una exoneración definitiva”.

El proceso contra Echeverría comenzó en el 2005, cuando la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP, ya desaparecida) acusó al ex presidente de genocidio por su presunta responsabilidad en la masacre de estudiantes en el barrio de Tlatelolco, donde murieron unos 40 jóvenes, según las autoridades, y unos 400 de acuerdo con diversos organismos civiles.

El tribunal colegiado que exoneró a Echeverría estuvo integrado por los magistrados Rosa Guadalupe Malvina Carmona Roig, María Eugenia Estela Martínez Cardiel y Manuel Bárcena Villanueva, indicó el Consejo de la Judicatura en un breve comunicado.

Los jueces ratificaron el amparo definitivo que había sido otorgado en julio del 2007 por el juez José Guadalupe Luna Altamirano, titular del Tercer Tribunal Unitario en materia penal, quien declaró libre de cargos al ex gobernante.

Según Luna Altamirano “ninguna de las pruebas aportadas por la PGR (Fiscalía general) justifica siquiera de manera presuntiva la participación de Echeverría” en la matanza.

No obstante, el juicio se prolongó dos años más debido a que la fiscalía impugnó esta resolución ante un tribunal de segunda instancia y la llevó más tarde hasta la Suprema Corte de la Nación.

La fiscalía argumentó que el delito de genocidio no había prescrito y que se habían aportado suficientes pruebas sobre la responsabilidad del ex mandatario en los hechos de Tlatelolco cuando ocupaba el cargo de ministro de Gobernación.

Echeverría se encontraba bajo arresto domiciliario desde el año pasado, por lo que con esta decisión lo dejará formalmente libre.

Con esta decisión concluye el principal proceso legal que buscaba sancionar los crímenes de la denominada “guerra sucia”, que consistió en la persecución, tortura, asesinato y desaparición de activistas sociales y presuntos guerrilleros, en las décadas de los sesenta y setenta.

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