Caamaño reiteró el compromiso de España por la construcción de «un auténtico espacio de seguridad y justicia al servicio del ciudadano», y subrayó que España «trabajará en primer lugar en el fortalecimiento de los derechos fundamentales, así como en la elaboración del Plan de Acción del Programa de Estocolmo«.
Tras indicar que este nuevo desafío de España y los cambios jurídicos constitucionales coinciden con una renovación institucional y un nuevo programa quinquenal, el ministro celebró la iniciativa de varios Estados sobre la propuesta de directiva sobre traducción e interpretación en el marco de las garantías procesales penales.
Caamaño animó a hacer lo propio en cuanto a la trata de seres humanos, abusos a menores y pornografía infantil, transferencias de procedimientos e información de los derechos de los detenidos.
El ministro español plantea como requisito ineludible durante la presidencia española poder conseguir un acuerdo sobre tráfico de seres humanos y explotación sexual de menores.
Protección a las víctimas
El ministro de Justicia de España también se refirió a la protección y asistencia a las víctimas, «ámbito de actuación al que España otorga especial importancia», y expresó su satisfacción al poder anunciar el lanzamiento de la Orden Europea de Protección, a fin de que «las medidas dictadas por las autoridades de un Estado miembro a favor de una víctima tengan pleno reconocimiento y eficacia en todo el territorio de la UE».
Impulsar los trabajos del reglamento sobre sucesiones y testamentos, avanzar en todo lo relativo al derecho de familia, en la justicia electrónica y en la formación del personal al servicio de la Justicia, fueron otros de los objetivos planteados por Francisco Caamaño durante su intervención.
El ministro comprometió todos los esfuerzos para que el portal EJustice «sea pronto una realidad al servicio de los ciudadanos europeos” y concluyó anunciando que la presidencia española «hará cuanto esté en su mano para el desarrollo de un espacio transatlántico de seguridad y justicia, tomando como punto de partida los logros significativos de la troika ministerial de Washington», y, también, por «impulsar la cooperación jurídica y judicial con nuestros vecinos y nuestros socios ribereños del Mediterráneo».
