La dignidad es la verdadera pólvora con la que se disparan las reivindicaciones históricas. Y la que actualmente mantiene este comité de huelga y todos los letrados y las letradas de la administración de justicia frente a la posición inmovilista y displicente del Ministerio de Justicia es, precisamente, una reivindicación histórica.

En los casi cuarenta y cinco años de democracia, el Estado de Derecho de nuestro país nunca había conocido una huelga indefinida de letrados de la Administración de Justicia. Servidores públicos desde nuestra creación, en todo este tiempo hemos contribuido lealmente a la consolidación de la legalidad democrática en nuestro país, trabajando lealmente al servicio de la ciudadanía, y cumpliendo con rigor y diligencia los cometidos legales y reglamentarios asignados. La tutela judicial efectiva que nuestra Constitución consagra como derecho fundamental en su artículo 24.1 es posible también gracias a nosotros, al esfuerzo callado diario al frente de cada oficina judicial, con una dirección técnico-jurídica de la misma y con lealtad a los jueces y magistrados, representantes de uno de los poderes fundamentales: el Judicial.

La Ley 13/2009, de 3 de noviembre, modificó radicalmente el ordenamiento jurídico español, confiriendo al letrado de la administración de justicia más de 300 nuevas funciones. No obstante, el contexto económico crítico y la responsabilidad con la ciudadanía comportaron un aplazamiento de la adecuación salarial asegurada por el Ejecutivo. Más de diez años después, esa reivindicación histórica, así como la necesidad de ajustar el marco de negociación colectiva a las peculiaridades del cuerpo funcionarial, sigue sin ser atendidas. Y lo que es peor: alcanzados unos acuerdos de mínimos con la actual Sra. Ministra de Justicia, Dña. Pilar Llop Cuenca, sin embargo, éstos han sido flagrantemente incumplidos. Por mucho que con una carta con medias verdades y falsedades completas nos intenten decir otra cosa: manipulando cifras para ocultar que la adecuación de la LPG 2021 se ha quedado en 195 euros y no una “subida sin parangón”. Pero no se puede ocultar lo que vemos en nuestras nóminas, por mucho que incluso en ellas cometan un sinfín de errores.

Sus incumplimientos, sus mentiras y, sobre todo, el desprecio sin precedentes a un cuerpo de rango superior (A1) en la Administración de Justicia, y bajo cuya responsabilidad se dinamiza el funcionamiento de cualquier juzgado o tribunal, sitúan a la Justicia española al borde del precipicio. La huelga indefinida convocada tendrá irremediablemente efectos devastadores.Este comité de huelga lamenta profundamente llegar a este punto, que se ha tratado evitar por todos los medios, recurriendo incluso a la mediación de terceros independientes a los que agradecemos su esfuerzo, sin que de momento haya respuesta alguna, y pide disculpas a todos los abogados, procuradores, graduados sociales, abogados del Estado, jueces, fiscales y, sobre todo, ciudadanos, por la adopción de la medida más extrema en el marco de un conflicto colectivo (la huelga indefinida) y por las consecuencias que ello tendrá: paralización diaria de más de 32 millones de euros en capital judicializado, paralización de la recaudación de más de 6 millones de euros en multas, paralización de los más de 6 millones de procedimientos judiciales que se tramitan en los órganos judiciales, suspensión de más de 10.000 juicios y vistas al día, etc.

Rogamos acepten nuestras más sinceras disculpas y agradecemos el esfuerzo de periodistas y medios de comunicación en explicar las motivaciones de la primera suspensión indefinida del derecho a la tutela judicial efectiva a partir del próximo 24 de enero de 2023.

Las quejas, legítimas y justas, de todos los afectados sólo pueden dirigirse a una dirección: Ministerio de Justicia. Calle San Bernardo, nº 45, de Madrid.

El Comité de Huelga

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