Por Antonio V. SEMPERE NAVARRO Catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos. Coordinador del Área Laboral de Gómez-Acebo & Pombo

 

COORDENADAS.- Hace cuatro meses que entró en vigor el RDL 3/2012, es decir “La Reforma Laboral de 2012” en su primera versión y es lógico que se piense en inventariar sus efectos. Pero también ha de advertirse que la versión definitiva está por aparecer, que se trata de un tiempo escaso para aquilatar sus verdaderos efectos o que el verdadero cambio no debe esperarse de más leyes sino de actuaciones.

EL EMPLEO.- Quienes afirmaban que la nueva norma comportaría creación de empleo o que el contrato de apoyo a emprendedores dispararía las cifras de contrataciones fijas (unas 50.000) habrán sufrido un serio revés. Pero quienes creen que el empleo o la fijeza no derivan de normas directamente dirigidas a ello contemplan con naturalidad el escenario. ¿Tiene sentido considerar un fracaso que no se consigan metas inalcanzables?

LA FLEXIBILIDAD.- La destrucción de empleos como respuesta a la difícil situación empresarial tampoco se ha detenido, pero es innegable que el esfuerzo realizado en este sentido ha sido relevante. Será difícil achacar a la rigidez normativa que las empresas despidan en lugar de optar por modificaciones sustanciales, de impulsar descuelgues o de intentar negociaciones de ámbito empresarial. Ha llegado el momento de las propias responsabilidades (patronales, sindicales, de los asesores, de los Jueces, de la Autoridad Laboral, etc.) y de dejar de culpabilizar al marco normativo.

LAS AÑORANZAS.- Tras decenios aplicando el régimen de autorización administrativa, es comprensible que ahora lo añoren los unos (sindicatos) y los otros (empresas), pero ya nada es igual. Las sentencias de los Tribunales Superiores (Cataluña y Madrid a la cabeza) declarando nulidades concuerdan con los designios de la norma y ponen de relieve que seguimos ante decisiones juridificadas, que el asesoramiento laboralista sigue siendo muy relevante, que no todo vale y que el acuerdo sigue siendo lo óptimo en temas colectivos.

EL NUEVO ESCENARIO.- La práctica eliminación de los salarios de tramitación y la eliminación de la autorización administrativa han alterado las reglas del juego en los despidos; lo mismo sucede con el las novaciones no extintivas (modificaciones sustanciales, inaplicaciones de convenios, traslados, suspensiones, reducciones de jornadas). A mayores posibilidades de actuación, mayor responsabilidad en el asesoramiento jurídico por parte de unos o de otros.

DISCORDANCIAS.- Una reforma tan extensa (y urgente) por fuerza genera desajustes; alguno de los ya apreciados tampoco parecen resueltos en la tramitación parlamentaria. La fiscalidad de las indemnizaciones por despidos improcedentes (inexplicablemente regulada de modo enigmático), la disparidad entre las nuevas construcciones del Estatuto de los Trabajadores y la Ley Concursal (redactada tomando como referencia la regulación común cambiada) o la aportación al Tesoro Público en determinados EREs (convertida en chivo expiatorio de ciertos desmanes) son solo tres ejemplos.

POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.- La Reforma abre, con cierta timidez, un necesario debate acerca de la eficacia y pertinencia de la inversión pública (bonificaciones, subvenciones, desgravaciones, etc.) para respaldar la creación de empleo o el acceso a la fijeza. Hay que profundizar en esa línea.

LAS TRANSITORIEDADES.- Nada sorprenden las dudas (ya judicializadas) sobre eficacia temporal de los cambios introducidos sobre salarios de tramitación, responsabilidad del FOGASA o técnicas valorativas de las causas extintivas. Sí que llama la atención que ante cada nueva duda haya quienes busquen soluciones prescindiendo de los antecedentes, los principios generales del ordenamiento laboral o, directamente, del Derecho en cuanto tal. Los muchos cambios (algo desordenados) no deben comportar la destrucción del edificio conceptual preexistente; eso, al margen de que resulta caótico que una misma institución (descuelgue, causas de despido, contratos formativos, etc.) venga sujeta a cinco regulaciones distintas en el espacio de apenas dos años.

LA PLANTA JUDICIAL.- La Reforma de 2012 hace cuando todavía está balbuceando la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y ya resultan escandalosos los retrasos en la resolución de numerosos asuntos. Además de potenciarse, de verdad, los medios de resolución extrajudicial de conflictos, ¿no sería una inversión rentable aumentar el número de Jueces?

EL DESEO PERSONAL.- La Reforma ofrece múltiples posibilidades de actuación ante unos mismos hechos. Un buen asesoramiento (empresarial, sindical), un buen clima interno en la empresa, una Autoridad Laboral inteligente o unos Jueces comprometidos con su entorno pueden hacer que las cosas discurran por caminos bien diversos. De criticar los fallos normativos ya nos venimos encargando entre todos, así que ahora ha llegado el momento de actuar. Convenios colectivos adecuados, sentencias a la altura de lo discutido, acuerdos colectivos de flexibilidad, modificaciones pactadas sobre sistemas retributivos, suspensiones rotatorias y un sinfín de pequeños actos acaban generando (o no) el clima laboral que una etapa tan singular de nuestra historia requiere.

 

 

 

 

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