La consellera de Trabajo, Mar Serna, explicó que será el organismo mediante el que la Generalitat ejercerá sus competencias en materia de inspección de trabajo una vez se haga efectivo el traspaso de sus servicios previsto en el Estatut.

Según los planes del Ejecutivo central, el traspaso podría hacerse efectivo durante la comisión bilateral de cooperación entre Generalitat y Gobierno que tendrá lugar en las próximas semanas.

El modelo organizativo de una agencia, explicó Serna, favorece la autonomía técnica de la inspección de trabajo y separa los ámbitos de decisión política de los de ejecución.

Refuerza también la separación entre el órgano de inspección y el de sanción, y facilita el establecimiento de mecanismos de cooperación estables con la parte no transferida de la inspección -la relacionada con los aspectos de Seguridad Social-.

El texto del proyecto de ley prevé la creación de un cuerpo de subinspección de seguridad y salud en el trabajo con el fin de controlar la aplicación de las normas sobre prevención de riesgos laborales y para comprobar si los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales han tenido lugar por falta de medidas preventivas, entre otras acciones.

Los subinspectores -que inicialmente serán los 75 técnicos de la Conselleria que se encargan de estas tareas- podrán hacer requerimientos a las empresas para que adopten las medidas preventivas necesarias, levantar actas de infracción y proponer sanciones, así como ordenar la paralización o prohibición de ciertos trabajos si suponen un riesgo grave para la salud de los trabajadores. Sus medidas deberán ser ratificadas por el inspector de trabajo y seguridad social del que dependan.

La agencia, aseguró la consellera, cooperará y se coordinará con el Estado para garantizar la eficacia de las tareas inspectoras a través de convenios de colaboración y otros mecanismos.

Entre ellos, se creará una base de datos integrada y unitaria del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que estará interconectada también con los registros y bases de datos de las administraciones públicas que sean necesarias.

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