Por Patricia Abad Cost, Abogada de Legal & Media Advisers

 

Varios son los puntos conflictivos que subyacen en la denominada “guerra del futbol” protagonizada por los clubes de futbol, la LFP, y por las empresas Mediapro y Prisa.  Mediapro ha firmado con varios clubes contratos de adquisición en exclusiva de los derechos por periodos que superan los tres años.  Los clubes, ante la oferta de compra Digital +, por importes más elevados que los ofrecidos por Mediapro, deciden rescindir sus contratos con Mediapro, apoyados por los dictámenes de la CNC, que limita a tres años la vigencia de los mismos, y ofrecer sus derechos al mejor postor. Mediapro opta por no abonar las cantidades debidas a los clubes por incumplimiento de los contratos, y a su vez, los clubes denuncian incumplimiento en los pagos. En esta espiral bélica, ambas mercantiles alcanzan un pacto temporal de no agresión, repartiéndose los derechos de los clubes para garantizar las emisiones de los partidos en sus distintas plataformas y a sus diferentes licenciatarios.

Desde el punto de vista jurídico, el aspecto más relevante se centra en la duración y la naturaleza de contratos de adquisición en exclusiva de los derechos audiovisuales por parte de los operadores. La Comisión Nacional de Competencia (CNC), ya en su informe del 2008, y en los diversos Dictámenes y posteriores Expedientes abiertos en esta causa, calificaba los contratos de adquisición en exclusiva de estos derechos audiovisuales de fútbol como restricciones verticales prohibidas por los artículos 1.1 LDC y 101.1 TFUE, expedientando a Sogecable, Mediapro, TVC, Telemadrid, Caja Madrid y  a 38 clubes de fútbol de Primera y Segunda División por prácticas prohibidas restrictivas de la competencia.

Uno de los focos principales de la problemática surgida para la calificación de acuerdos restrictivos de la competencia, es la propia duración de esos contratos de adquisición, y el establecimiento además de derechos de opción tanteo y retracto, prolongando en el tiempo la excesiva duración ya cuestionada.

La CNC entiende que la duración superior a tres años configurara una red paralela que cierra el mercado y fomenta restricciones injustificadas de la competencia, como la exclusión de otros operadores interesados que no pueden acceder a este mercado por la duración excesiva de los contratos de exclusividad.  Es decir, una duración excesiva genera un riesgo cierto de exclusión del mercado de otros potenciales compradores, lo que tiene un efecto restrictivo sobre la competencia en el mercado de adquisición y en los mercados verticalmente relacionados.

Así, la CNC entiende que toda clausula contenida en los contratos que otorgue al operador cesionario un derecho de adquisición preferente, tanteo o retracto, de suspensión o prórroga del contrato que permita extender su vigencia por más de tres temporadas, es un acuerdo contrario a los artículos 1.1 de la LDC y 101.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Casi en los mismos tiempos de las resoluciones de la CNC, se aprueba la vigente Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual (LGCA), publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 1 de abril de 2010. En esta ley, en su artículo 21. 1, se marca cuatro años (y no tres) como límite temporal máximo para los contratos de adquisición exclusiva de derechos audiovisuales de las competiciones futbolísticas regulares (Liga y Copa de S.M. el Rey) que se celebren después de su entrada en vigor (1 de mayo de 2010, es decir un mes después de su publicación). Este hecho resulta al menos chocante ya que aunque la entrada en vigor de la LGCA era posterior, su publicación era anterior a la resolución de la CNC que fue dictada el 14 de abril de 2010.

Además, en la Disposición Final Duodécima de la LGCA, se establece que los contratos vigentes a la entrada en vigor de la ley, seguirán siendo válidos hasta su finalización, siempre y cuando esta finalización tenga lugar en el plazo de cuatro años desde la entrada en vigor. En caso contrario, una vez transcurrido el citado plazo de cuatro años desde la entrada en vigor de la LGCA, los contratos expirarán forzosamente. No se entiende bien por qué los contratos de adquisición en exclusiva con una duración superior a tres temporadas impiden, restringen y falsean la competencia en el mercado, máxime cuando los operadores que no han accedido a la primera venta, tienen varios mecanismos de acceso para acceder en la reventa (celebración de contratos de sub-licencias que eliminan las restricciones de los denominados mercados “aguas abajo”), con lo que también han de tenerse en cuanta los principios de seguridad jurídica y libertad de empresa.

Además, se pone en tela de juicio el monopolio sobre estos derechos que en su día tuvo Sogecable y que hasta ahora aglutina Mediapro. Según la CNC, Mediapro no es sólo un revendedor (mercado “aguas abajo”) de los derechos, sino que restringe y controla el mercado de reventa, teniendo además intereses directos en la TV en abierto en la medida en que, a través del grupo Imagina del que forma parte, dispone del control conjunto del canal La Sexta junto con Televisa, y que también tiene intereses en la TV de pago, pues controla el 100% del capital social de Gol Televisión SL, que gestiona un canal de TDT de pago (Gol TV). Mediapro ha cedido a Gol TV los derechos de emisión de distintos partidos de fútbol en la modalidad de televisión de pago.

Así  Mediapro, según la CNC, no es un mero revendedor de los derechos sino que adquiere el monopolio de este mercado, y restringe la reventa, mediante la firma de acuerdos en exclusiva calificados como colusorios, que controlan, concentran y aglutinan la totalidad del mercado audiovisual de los derechos del futbol, sin permitir la entrada a otros operadores, y concentrando operaciones interesadas de reventa.

Hasta aquí los criterios esgrimidos la CNC. Quizá, lo que pudiera ser más discutido son  las sanciones a los propios clubes de futbol, también sancionados en los Expedientes.

En el sistema español de venta de derechos, cada club de fútbol vende sus derechos de forma independiente y no de manera conjunta (hecho que sí podría ser cuestionado), con lo que si hubiera un único gestor o gestor central que realice ventas conjuntas de los derechos aún admitiendo que los contratos referidos a esos derechos se celebraran por un periodo máximo de tres años, si  podría configurarse como contrario a competencia mediante sistemas “aguas abajo” con los operadores audiovisuales. Pero no parece discutible que los clubes vendan sus derechos de forma individualizada, sino que debe cuestionarse la aglutinación de los derechos por parte de un operador.

 

 

 

 

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