Ocaña explicó que las medidas que se quieren poner en marcha en este sentido son «complicadas» porque requieren «reformas legales», ya que la legislación actual garantiza la autonomía financiera de las comunidades autónomas y ayuntamientos.

«No es tan sencillo», señaló Ocaña, quien aseguró que el Gobierno sigue «con mucho detalle» este tema porque es una situación que «le preocupa». «Cada administración tiene unas responsabilidades y unos recursos, es la regla del juego», añadió.

Según Ocaña, la reforma de la ley estaría encaminada a asegurar que las entidades locales devuelven el dinero adelantado por la Administración Central para hacer frente a los impagos que sufren actualmente las empresas.

Insistió una vez más en que «la cuestión no está cerrada», aunque añadió que el Ejecutivo trabaja de manera muy intensa en esta materia porque quiere adoptar medidas cuanto antes. «Para ya», respondió Ocaña al ser preguntado por el plazo que se plantea el Gobierno para actuar.

En este sentido, explicó que algunas administraciones «pagan mal», pero no todas, y recordó que el Estado tarda una media de dos meses en hacer frente a estos pagos, un tiempo que consideró «aceptable» si se tienen en cuenta los plazos de otras administraciones.

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