Los apartados impugnados se refieren a los criterios de territorialidad establecidos por la Ley de Aguirre para los consejeros elegidos por los ayuntamientos y por las dos circunscripciones electorales de la Comunidad de Madrid y el resto de las comunidades autónomas donde esté establecida Caja Madrid.
«La Ley autonómica impugnada altera frontalmente el modelo participativo establecido en la legislación estatal y lo vulnera de forma flagrante, subvirtiendo el principio básico de igualdad territorial y de proporcionalidad a la cifra de depósitos en el establecimiento de los criterios de elección de los consejeros generales de Caja Madrid», según explica un comunicado oficial.
El recurso, elaborado por el abogado general del Estado Joaquín de Fuentes Bardají impugna el nuevo método de elección de los consejeros aprobado por la Comunidad de Madrid al considerar que vulnera el artículo 161.2 de la Constitución, según el texto del recurso.
Así, el Gobierno pide que se impugne la nueva regulación incluida en el artículo 29 de la Ley CAM 4/2003 para el régimen de elección de los consejeros de las cajas de ahorros de la Comunidad de Madrid, es decir, de Caja Madrid.
En este sentido, el recurso mantiene que, si se aplica lo establecido en este artículo sobre la cifra de depósitos captados en cada comunidad, a los municipios de Madrid les corresponderían 76 sobre los 80 consejeros, el 95% de ellos; mientras que al resto de comunidades les restarían 4 consejeros, un 5% del total.
En cambio, si se aplica un sistema de proporcionalidad general, a las corporaciones de la Comunidad de Madrid le corresponderían 55 consejeros sobre 80, un 68,75% de los mismos, y a las corporaciones del resto de comunidades les corresponderían 25 representantes, un 31,25% del total.
«A las corporaciones municipales del resto de comunidades les resulta 8,74 veces más caro obtener un consejero», estima el Gobierno en el recurso. En consecuencia, si se aplica la nueva Ley, para la Comunidad de Madrid el coste de cada consejero es de 484.950 euros en depósitos, mientras que para el resto de comunidades es de 4,2 millones de euros.
