EuropaHoy vivimos la post jornada electoral, un día en que los partidos políticos analizarán con detalle los resultados de las elecciones celebradas ayer y se empezarán a intuir los primeros síntomas de cambio en el panorma español. A nivel político, parece que los comicios han pasado factura al bipartidismo español y han contado con sorpresas como la de Podemos, un partido que recién llegado a la política, se ha situado como cuarta fuerza en España. A nivel europeo, el PP ha ganado las elecciones con menos ventaja que en los últimos comicios; los proeuropeos conservan una amplia mayoría y los populistas confirman su alza con Francia a la cabeza. Pero, ¿cómo afectará todo ello al sector legal y a la tramitación de directivas relacionadas con Justicia?

Aprovechando que las elecciones europeas han coincidido el mismo año en que se ha celebrado el 20º Aniversario de la delegación en Bruselas del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), en Diario Jurídico hemos recuperado el decálogo de peticiones que la Abogacía Española hizo a Europa el pasado 9 de Mayo, día de Europa. Todas ellas constituyen demandas del sector que pretenden mejorar la justicia en Europa y contribuir a desarrollar una agenda para Justicia, cuyo futuro puede empezar a analizarse en base a los resultados conocidos este domingo.

Tal y como expuso el CGAE antes de celebrarse las elecciones, los puntos clave para la Abogacía europea en la próxima legislatura son: garantizar una justicia independiente, accesible y asequible para todos; hacer llegar la e-justicia a ciudadanos y empresas; asegurar suficientes garantías procesales en Derecho penal y poner fin a la “vigilancia electrónica masiva” de ciudadanos europeos y sus abogados.

Concretamente, estas son las 10 peticiones que la Abogacía Española ha hecho a Europa:

1. Fortalecimiento de la Europa del Derecho y de los Ciudadanos: Para seguir siendo un referente la Unión Europea necesita relanzar un gran proyecto de cohesión política, jurídica y social y orientado al ciudadano como lo fue el proyecto de Constitución Europea (retirado con una mayoría de votos favorables de los ciudadanos europeos). En esa misma línea, varios acontecimientos recientes, indican que la UE necesita establecer un sistema de vigilancia, promoción y control del respeto a los valores de la UE y del Estado de Derecho, si fuera necesario, más allá del actualmente establecido por los Tratados.

2. Respeto a (todos) los Derechos (de todos los) Humanos, especialmente de los más vulnerables: Además de avanzarse en la adhesión de la UE al CEDH, en el ámbito legislativo se precisa promover un programa legislativo específico sobre los derechos de los más vulnerables puesto que, hasta ahora, las iniciativas al respecto no están articuladas con suficiente cohesión. Incrementar las garantías mínimas comunes, asegurar sus contenidos materiales y promover el papel de las profesiones y administraciones implicadas son claves para una mejora de la confianza mutua. El acceso a la Justicia por las personas con discapacidad debe reforzarse así como el tratamiento adecuado, en especial, de los menores y de las víctimas.

3. Mejora del Acceso a la Justicia y de la aplicación del Derecho UE: creación de una Directiva marco de Asistencia Jurídica Gratuita Europea (con financiación UE) y evitación de las tasas judiciales en la aplicación de procesos europeos (p.ej. en la revisión del Reglamento de escasa cuantía). Si son aplicables, las tasas judiciales deberán ser evaluadas a la luz de las circunstancias particulares del caso, especialmente de la capacidad del solicitante para abonarlas, de un sistema de acceso efectivo a la asistencia jurídica gratuita y del estadio del procedimiento en el que tal grave limitación se imponga. Ello es así y debe serlo inapelablemente de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con objeto de garantizar a los demandantes el derecho efectivo de acceso a los tribunales y, además para no obstaculizar la aplicación de los instrumentos de Derecho de la UE. En ese sentido, la mejora en la atribución de medios que precisa la Justicia debe basarse en un mejor reparto de las recetas fiscales nacionales y europeas y no sólo en su incremento mediante mecanismos discrecionales.

4. Menos e-vigilancia y más e-Justicia garantizando el secreto profesional y la protección de datos. La reforma de la directiva de firma electrónica hacia una identificación electrónica de los profesionales en la UE, avances firmes y urgentes en el paquete legislativo en protección de datos y soluciones en materia de computación en nube para los profesionales, resultan de vital interés para el ejercicio de la Abogacía. La anulación de la directiva de retención de datos debe remediarse sin impacto en el secreto profesional, piedra angular del derecho de defensa de los ciudadanos y del Estado de derecho. Los abogados son actores esen- ciales de la e-Justicia y, por tanto, deben minimizarse los obstáculos al ejercicio de los derechos debidos a la “brecha digital”. El portal e-Justice de la Comisión Europea debe promocionarse y ampliar sus servicios para profesionales y la ciudadanía y las evoluciones del siste- ma “IMI” deben medirse con cautela desde la perspectiva de los derechos de usuarios, profesionales y Administraciones a los que afectan.

5. Una política común de migración interior y exterior y las políticas de Derechos Humanos en la vecindad: Los acontecimientos recientes en las fronteras exteriores del sur de la UE, Lampedusa y Ceuta y Melilla, convierten en necesaria la presencia de abogados que presten su asistencia a los inmigrantes recién llegados a la UE. Igualmente, deben extraerse consecuencias de las medidas que se adopten tras el referéndum suizo o las trabas impuestas por Estados miembros a la aplicación de normativa europea en el mercado interior. La falta de una política europea común consolidada hace que existan vacíos legales y problemas interpretativos. La UE precisa medidas conducentes a una política europea migratoria proactiva, común y completa.

6. Reformas de la iniciativa “Justicia para el Crecimiento” orientadas hacia los ciudadanos. Resultan necesarias mayores esfuerzos y sinergias para coordinar y homogeneizar todos los datos emanados de los Esta- dos miembros y ampliar las fuentes como demuestra el Informe sobre la ‘Situación actual de la Administración de Justi- cia en España: un análisis desde el Derecho Procesal’, elaborado por un equipo de investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid. No puede medirse la eficacia de un sistema judicial sobre la base de estadísticas parciales y menos, como ha señalado el propio Consejo de la UE, ser objeto de clasificación o comparativa fuera de contexto y sin considerar los trabajos de los Observatorios esta- dísticos y barómetros de la profesión. También se necesitan mejoras sustanciales en los medios disponibles para otros informes de la CE en cuestiones sensibles como la Formación judicial.

7. Impulso a los valores esenciales, la formación de los Abogados y las condiciones de movilidad en la UE e internacional (TTIP, TISA, Mercosur etc.). La UE debe garantizar 1°) la independencia de la profesión de abo- gado, entendida en base a un ejercicio y una organización profesionales ajenas a las injerencias externas gubernamentales (en particular, preocupan los antecedentes de Irlanda, Holanda y recientemente la Ley de Servicios Profesionales en España) 2°) el secreto profesional como fundamento esencial de la relación de confianza y la privacidad del ciudadano, del Derecho de defensa, y del acceso al abogado como asesor y como primer garante de la tutela judicial efectiva 3°) la libertad, incluidas la libertad de movi- miento y de ejercicio individual y en estructuras profesionales 4°) la probidad en el ejercicio mediante una formación adecuada de los profesionales del Derecho. Los cuatro son hoy elementos esenciales para el Mercado Único y para el Espacio Judicial Europeo.

8. Desarrollo del Derecho Penal dando continuidad al “espíritu y la letra” del Programa de Estocolmo: Al- gunos objetivos del citado Programa han quedado ina- cabados especialmente en materia de garantías para los ciudadanos, con la efectiva aprobación de la Directiva sobre Asistencia Jurídica Gratuita penal amplia y ambiciosa, la posterior creación de una directiva marco en la materia y la creación de una Fiscalía sin “forum shopping”, con ámbito de actuación bien definido y garantías adecuadas. En ese sentido conviene apoyar la propuesta de directiva en materia de presunción de inocencia con la incorporación de un procedimiento europeo de habeas corpus e incorporación de la Abogacía institucional a la Red Judicial Europea en materia penal.

9. Desarrollo del Derecho Civil mediante sinergias y creación del “Acto por Abogado Europeo”, con el establecimiento de protocolos de colaboración en materia mercantil y civil, interconexión de registros, creación de Órdenes Europeas en función de la materia (p. ej. sucesiones), ampliación de la utilización del mecanismo de cooperación reforzada establecido en el TFUE en ámbitos como el derecho de familia, mejora de la cooperación en la RJE civil y mercantil, identidad profesional electrónica que permita a los abogados acceso a los datos de sus clientes o representados en otros EM: catastro, registro mercantil, civil, testamentos, etc. Finalmente, resulta esencial la crea- ción de un “Acto por abogado europeo” para promover la seguridad jurídica en las operaciones civiles o mercantiles privadas de alto riesgo y en cuya elaboración cada vez más se emplean formularios pre-impresos obtenidos en Internet incluso provenientes de sistemas jurídicos ajenos, fuente ulterior de inseguridad jurídica y consecuencias graves. Este acto de abogado garantiza ya en numerosos países jurídicamente que las partes han sido asesoradas en Derecho y aporta certeza sobre varios de los elementos del acto/contrato.

10. Reformas institucionales y promoción de la transparencia en la actividad legislativa de la Unión Europea. Tras la creación de una Di- rección General de Justicia independiente en la Comisión Europea, resulta necesario terminar con la herencia del antiguo tercer pilar estableciendo la separación total de las formaciones de Interior y Justicia en el Consejo de la UE. Del mismo modo, es necesario el fortalecimiento del Tribunal de Justicia de la UE, atendiendo sus peticiones de ampliación y facultando a la abogacía para proponer abogados de reconocido prestigio. Conviene, a su vez, ampliar la capacidad de actuación de los abogados ante los tribunales nacionales para impulsar la aplicación temprana del derecho de la UE. Igualmente, se propone reforzar las funciones de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales y desbloquear las negociaciones para la adhesión de la UE al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Finalmente, es preciso lograr reorientar la iniciativa por la transparencia mediante mecanismos eficaces, que concilien con el secreto profesional, la competencia y la protección de datos privados y resulten conformes a los principios de buena administración, mejorando así la confianza pública europea en la UE.

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