Las compañías multadas son la suiza ABB, las francesas Areva y Alstom y las japonesas Fuji Electrics, Hitachi y Toshiba, según ha anunciado el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

La alemana Siemens también participó en el «acuerdo verbal» ilícito, pero no ha sido multada porque puso en conocimiento de Bruselas la existencia del cártel.

A la hora de fijar las sanciones, la Comisión tuvo en cuenta el volumen de ventas de las empresas implicadas, la gravedad de la infracción y el alcance geográfico del cártel. En el momento de la infracción, el valor de las ventas anuales acumuladas de las partes en el espacio económico europeo se estimaba en 100 millones de euros.

El Ejecutivo comunitario incrementó en un 50% la multa a ABB (hasta situarla en 33,7 millones) por haber participado en un cártel anterior. «La Comisión no dudará en aumentar las multas a los reincidentes hasta que se den cuenta de que los cárteles no dan beneficios», ha dicho Kroes.

También tuvo en cuenta la cooperación de Fuji, Hitachi y Areva en la investigación. Fuji se benefició de una reducción del 40% en el importe de la sanción (que quedó en 1,7 millones), mientras que la multa de Areva (16,5 millones) e Hitachi (2,4 millones). Toshiba deberá pagar 13,2 millones de euros.

Entre 1999 y 2003, los productores japoneses y europeos de transformadores eléctricos aplicaron este pacto, al que denominaron ‘Acuerdo de Caballeros’, según el cual las empresas niponas se comprometían a no vender sus transformadores en el mercado de la UE y las compañías comunitarias aceptaban excluirse del mercado japonés.

Los transformadores eléctricos en cuestión se usan para modificar el voltaje en las redes de transmisión de electricidad.

Por ello, el Ejecutivo comunitario resalta que las empresas multadas no sólo perjudicaron a sus clientes directos sino también a los consumidores europeos de electricidad. «Ahora, la Comisión ha puesto fin a esta estafa llevada a cabo por los autodenominados ‘Caballeros'», ha dicho la comisaria de Competencia, Neelie Kroes.

La investigación de Bruselas se inició con inspecciones por sorpresa en febrero de 2007. El Ejecutivo comunitario averiguó que las empresas sancionadas se reunían para verificar el cumplimiento de su pacto ilegal una o dos veces al año, tanto en Asia como en Europa, normalmente en hoteles de lujo de lujo en ciudades como Málaga, Singapur, Barcelona, Lisboa, Tokio, Viena o Zurich.

Los participantes en el acuerdo desplegaron «esfuerzos considerables» para disimular su comportamiento ilegal. Cerraron verbalmente el acuerdo para repartirse el mercado y utilizaron nombres en clave para referirse a las empresas para no ser detectados.

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