El informe, preceptivo pero no vinculante, ha sufrido algunas modificaciones de “carácter técnico” respecto al original presentado por la ponente, Margarita Uría.

El texto será debatido el próximo 23 de julio en el pleno del CGPJ, en el que podría sufrir de nuevo algún cambio o incluso ser rechazado.

Por el momento, recibió el aval de la Comisión gracias al apoyo de la propia Uría, y los dos vocales progresistas, José Manuel Gómez Benítez y Margarita Robles, frente al voto en contra de los vocales designados a propuesta del PP Concepción Espejel y Claro José Fernández.

Precisamente este último vocal fue el ponente de un informe inicial que apuntaba que diferentes aspectos de la ley presentan problemas de encaje constitucional.

Su dictamen fue rechazado en una sesión anterior de la Comisión de Estudios, en el que se designó ponente a Uría.

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