En el curso de la operación, denominada como ‘Revival’, se registraron seis domicilios de sociedades y personas en Madrid, Valencia y Barcelona, habiéndose intervenido valiosa documentación y ordenadores cuyo contenido está siendo analizado.

Además, se adoptaron medidas de aseguramiento sobre más de cincuenta cuentas bancarias. Todas las actuaciones se han realizado bajo la dirección del Juzgado número seis de Zaragoza.

La Agencia Tributaria explicó en un comunicado que la organización investigada era la más importante en la actualidad en España en el campo del fraude del IVA en componentes de ordenador y consumibles de electrónica.

La organización había formado un complejo entramado de sociedades instrumentales que empleaba para las más diversas finalidades, siempre tratando de enmascarar sus actividades ilegales, detectándose la existencia de más de una treintena de testaferros y de sociedades en Rumanía, Bulgaria, Chipre y Malta.

El jefe de la organización era un profesional de Valencia relacionado con este tipo de fraudes desde tiempo atrás y con antecedentes penales, que se valía de varias trabajadoras a las que había instruido sobre las «precauciones» que debían adoptar para no ser localizadas. Para ello, utilizaban nombres supuestos y decían trabajar para sociedades inexistentes que eran teóricamente controladas por testaferros reclutados entre personas insolventes.

La investigación ha revelado que varios de los principales clientes mayoristas de la organización habrían participado de forma concertada en la comisión masiva de fraude. Estos mayoristas son proveedores de otras sociedades conocidas como «integradoras de hardware», que montan y comercializan los ordenadores llamados ‘clónicos’.

Dichas sociedades se beneficiaban de la defraudación adquiriendo los productos sensiblemente por debajo de los precios de mercado al ahorrarse el pago del IVA, que no ingresaban en ningún punto del entramado de compraventas entre sociedades, lo que les permitió poner en el mercado unos productos a unos precios muy por debajo del real.

Las investigaciones, que se han prolongado por espacio de más de un año, comenzaron al detectarse a un anciano que disponía de grandes cantidades de efectivo de las ganancias, a través de una sociedad inmobiliaria de su propiedad.

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