Las asociaciones convocantes de la Huelga Indefinida de Letrados de la Administración de Justicia (LAJs), prevista para el próximo 24 de enero, han remitido a la Ministra, Pilar Llop, un requerimiento formal para que se convoque a los convocantes de los paros indefinidos así como al comité de huelga, a una negociación real y de buena fe.

abogadosEn este sentido, el Colegio Nacional de letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), Unión Progresista de letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), y Asociación Independiente de letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ) han exigido a la titular de Justicia que se haga efectivo el derecho de los Letrados Judiciales a ser defendidos por sus asociaciones.

Además, se ha requerido al Ministerio de Justicia que convoque al Consejo del Secretariado inmediatamente, para que pueda cumplir con las obligaciones que tiene legalmente conferidas.

Desde las Asociaciones de LAJs se ha asegurado que, de no ser atendido este requerimiento, están legitimadas, ante la sociedad y ante los profesionales del derecho, a mantener las reclamaciones mediante la huelga, atribuyendo expresamente al del Ministerio de Justicia la responsabilidad de todos los retrasos e inconvenientes que se generen, sin perjuicio del resto de consecuencias legales que pueda tener.

CNLAJ, UPSJ y AInLAJ han calificado de “lamentable” el hecho de contemplar cómo el ministerio de Justicia incumple de manera sistemática la Ley y las obligaciones que tiene con los Letrados de la Administración de Justicia y su asociaciones. Han asegurado que, desde hace meses, “la Ministra y los altos cargos de su Ministerio parece que han decidido no escuchar a los LAJs mientras sigamos en situación de conflicto” cuando la realidad es que “hemos tenido que llegar al conflicto al no ser ni citados, desde hace meses, desconociendo abiertamente los compromisos que asumieron”.

Una situación que se agrava, día tras día, y más cuando se está modulando el futuro de la oficina judicial, dirigidas por los Letrados de Justicia, en las leyes de eficiencia.

Finalmente, desde las asociaciones convocantes se ha repetido que se trata de una huelga indefinida que paralizará los Juzgados y Tribunales del país con las consecuencias que esto supone para la ciudadanía, tejido empresarial y operadores jurídicos.

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