Un hecho insólito que pone en evidencia la dificultad de las comunidades para reducir sus gastos.
El plan de estabilidad que el Gobierno envió a Bruselas augura que en 2011 el déficit de las comunidades autónomas alcance el 4,2% del PIB.
No sólo se trata del nivel más alto de la historia reciente, sino que, además, supera los números rojos de la Administración central previstos para ese año (2,5% del PIB) y de los ayuntamientos (1% del PIB).
Esta situación extraordinaria y que pone en evidencia que la dificultad de las regiones para aplicar políticas de austeridad.
Los Gobierno autonómicos defienden que ello se debe a las diferentes competencias que asume cada administración.
Las comunidades deben financiar políticas relacionadas con la sanidad, educación o servicios sociales, donde no sólo es complicado reducir el gasto, sino que las necesidades de financiación se incrementan año tras año debido al aumento demográfico y al envejecimiento de población.
Mientras que las competencias de la Administración central, excluida la Seguridad Social, se centran en áreas como defensa o política exterior donde existe una mayor flexibilidad presupuestaria y las necesidades de financiación no se incrementan al mismo ritmo que las competencias ligadas al Estado del bienestar.
En cualquier caso, las previsiones del Gobierno constatan que la reducción del déficit será asumido casi exclusivamente por la Administración central y que los ayuntamientos y comunidades autónomas tendrán un rol secundario.
Actualmente, casi la mitad del gasto público recae en regiones y ayuntamientos. De los 50.000 millones que el
Gobierno prevé recortar hasta 2013, 10.000 millones deberán ser asumidos por los entes territoriales. Sin embargo, el Gobierno tiene pocas herramientas a su alcance para obligar a los Ejecutivos autonómicos a unirse a su plan de austeridad.
La principal medida de presión recae en el Ministerio de Economía, que tiene la potestad de vetar la emisión de deuda pública de las comunidades si éstas incumplen los objetivos de estabilidad.
Hacienda defiende que su voluntad es alcanzar un pacto político con los Gobiernos autonómicos y reconoce que las medidas de presión de las que disponen son limitadas.
Los analistas dudan de que el sector público pueda rebajar su déficit al 3% en 2013 y cumplir así el Pacto de Estabilidad de la Unión Europea.
En 1993, el saldo fiscal negativo del conjunto de Administraciones Públicas alcanzó un cifra récord en ese momento del 7% del PIB y tardó seis año en situarse por debajo del 3%.