El Gobierno tiene todo dispuesto para que el Consejo de Ministros apruebe hoy el real decreto que obligará a las eléctricas a producir con el excedente del carbón nacional (más de 10 millones de toneladas) que, debido al hundimiento de la demanda, se acumula desde hace casi un año en los terrenos de las centrales térmicas y en los de Hunosa. De forma provisional, esta compañía está comprando el mineral con fondos públicos.

La aprobación se producirá tras el visto bueno jurídico del Consejo de Estado y pese a los informes demoledores publicados por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y la Comisión Nacional de la Energía (CNE). También a pesar de que el Consejo de Estado recomienda expresamente que se espere a recibir una respuesta de la Comisión Europea, a la que el Ministerio de Industria prenotificó las medidas el pasado 18 de diciembre por si pudieran constituir ayudas de Estado.

El dictamen aprobado por el Consejo de Estado el 28 de enero recomienda al Gobierno que espere «a que se dé una respuesta a la prenotificación efectuada» y que el propio Consejo da a conocer.

En el caso de que Bruselas considere que no es necesaria una notificación final, no habría ningún problema. En el caso contrario, teniendo en cuenta los antecedentes que cita el Consejo de Estado, podría aprobarse condicionada a lo que luego decida la CE.

En su informe del Consejo de Estado, considera que el proyecto de real decreto por el que se fija un precio regulado para el carbón, que debe ser adquirido de forma preferente por las comercializadoras, se «adecúa al ordenamiento jurídico español».

Y señala que la Ley Eléctrica de 1997 permite que se adopten medidas que hagan compatible el libre mercado con el uso anual de hasta un 15% de fuentes autóctonas para producir electricidad. El rango de la norma tampoco plantea problemas para el Consejo de Estado.

Este organismo hace algunas críticas, como el hecho de que una medida con importantes consecuencias económicas y medioambientales (según la CNE, su aplicación incrementará un 20% las emisiones de CO2) no haya sido consultada con los Ministerios de Economía y deMedio Ambiente. Y pide que se tenga en cuenta, en línea con los informes de la CNE y Competencia, su coste económico y quiénes habrán de soportarlo, así como la distorsión en el proceso de formación de precios. Asimismo, pide que se haga referencia explícita al «carácter transitorio» de la medida.

En cuanto a la prenotificación a Bruselas que recoge el dictamen, Industria justifica las medidas para compensar la compra de carbón por parte de las eléctricas (las mineras ya reciben las subvenciones del Plan del Carbón) por la condición de «isla energética» de España y por el fuerte crecimiento de las energías renovables. Estas se caracterizan por ser «no gestionables», pues no se puede disponer de ellas cuando más se necesitan, señala.

Industria hace referencia a la coyuntura económica, que ha afectado negativamente a las térmicas «que dan flexibilidad al sistema» y son imprescindibles para satisfacer la demanda. Estas centrales no cubren costes, no pueden vender su producción a otros países por ser España una isla y los incentivos actuales (por capacidad) no son suficientes, por lo que su cierre «es más que plausible», según el ministerio.

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