El Colegio de Registradores de España ha celebrado hoy la jornada La recuperación de activos en el marco de la nueva Ley de Integridad y Garantías. El encuentro, organizado en dos mesas sobre investigación y gestión patrimonial, ha reunido a representantes de la Administración, las fuerzas de seguridad, la Fiscalía y el ámbito registral para analizar cómo mejorar la localización, la protección y la gestión del patrimonio delictivo mediante la cooperación institucional y la información registral.
Rosario Jiménez Rubio, decana-presidenta del Colegio de Registradores, ha reivindicado el papel de la información registral para reconstruir estructuras patrimoniales, identificar titulares y dar seguridad a las actuaciones sobre los bienes. Ha defendido que la eficacia de la Justicia también se mide por su capacidad para impedir que quienes han obtenido beneficios ilícitos puedan conservarlos o reintegrarlos en la economía como si fueran legítimos. En este sentido, ha reclamado una cooperación más estrecha entre las instituciones y ha subrayado que “la seguridad jurídica y la eficacia de la Justicia no son objetivos contrapuestos, sino dos exigencias que se refuerzan mutuamente”.
La inauguración ha corrido a cargo de Dulce Calvo González-Vallinas, directora de Asuntos Europeos del Colegio de Registradores de España, quien ha defendido la cooperación institucional para evitar que el delito resulte económicamente rentable, y ha destacado la utilidad de la información registral para localizar bienes, conocer su situación jurídica y facilitar la ejecución de medidas judiciales.
La primera mesa, La investigación patrimonial, ha abordado las dificultades para identificar quién controla realmente el patrimonio oculto tras entramados societarios y testaferros. Las intervenciones han destacado el valor de la información registral para reconstruir esas relaciones, localizar los bienes, pero también la necesidad de agilizar su consulta y tratamiento para asegurar el patrimonio antes de que pueda desaparecer. En este sentido, se han expuestos los avances en la colaboración con el Colegio de Registradores para facilitar las peticiones masivas de documentación y los trabajos para automatizar su incorporación a los informes patrimoniales, con el objetivo de asegurar los bienes antes de que puedan ocultarse o transmitirse. Para reforzar también la identificación de quienes están detrás de las sociedades, se ha defendido la inscripción constitutiva de las transmisiones de participaciones sociales en el Registro Mercantil.
Moderada por Santiago Molina Illescas, director del Centro de Estudios Registrales, ha reunido a Javier Morales Bravo de Laguna, subdirector general de Localización y Recuperación de Bienes; Miriam Fernández Álvarez, inspectora jefa del Grupo ORGA, adscrita a la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción; Javier Jesús Martínez Ruiz, comandante jefe del Grupo de Delitos Económicos de la Unidad Técnica de la Guardia Civil, y Javier Gómez Gálligo, registrador mercantil de Madrid y letrado adscrito en la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
La segunda mesa, La gestión patrimonial, ha abordado las dificultades para evitar que la duración de los procedimientos comprometa el valor de los bienes intervenidos y su posterior recuperación. Las intervenciones han destacado la colaboración entre la ORGA y los registradores para dar seguimiento a las anotaciones y promover su prórroga, así como facilitar la venta y adjudicación de los bienes, mediante soluciones prácticas que han permitido avanzar mientras se promueven reformas que den mayor claridad y garantías a estas actuaciones. También se ha defendido la posibilidad de adoptar medidas provisionales de protección del patrimonio, sujetas a posterior control judicial. La importancia de actuar desde el inicio se ha reflejado asimismo en el análisis del delito fiscal, que ha mostrado mejores resultados de recaudación cuando el cobro se inicia durante el procedimiento penal que cuando se espera a ejecutar la sentencia.
Raquel Ortiz de Pinedo Fernández, directora del Servicio de Coordinación de Oficinas Liquidadoras y Nuevas Tecnologías, ha moderado la conversación entre Eva Ferrus García, subdirectora general de Conservación, Administración y Realización de Bienes; Fernando Rodríguez Rey, fiscal de sala coordinador de Delitos Económicos, y Javier Álvarez de Soto, registrador de la propiedad y director del Centro Registral Antiblanqueo.
