El acceso a la alta dirección implica mucho más que una promoción profesional. Supone la entrada en un régimen jurídico específico que aumenta de forma significativa la responsabilidad de quien ocupa el cargo y modifica también las condiciones de protección del profesional. Así, en caso de despido improcedente, un alto directivo puede recibir 20 días de salario por año trabajado, frente a los 33 días de un trabajador ordinario, casi un 40% menos por año, salvo que haya pactado otras condiciones en su contrato. A ello se suma que, en determinados supuestos, las decisiones adoptadas en el ejercicio del cargo pueden llegar a comprometer su propio patrimonio.
Así lo recoge el informe «Altos cargos. Guía práctica para entrar, ejercer y dejar de ocupar posiciones», elaborado por MAIO Legal. El documento estructura jurídicamente el ciclo completo de los cargos de dirección en tres fases (entrada, ejercicio y salida) y sitúa la planificación legal desde el inicio de la relación como la principal garantía para el directivo y para la compañía.
«Muchos líderes se han formado en modelos centrados en lo financiero; hoy el cargo exige, además, conocimientos y habilidades transversales. La seguridad jurídica no es un aspecto secundario, sino el elemento estratégico que permite dirigir con confianza», explica Ángela Toro, socia responsable del área Laboral de MAIO Legal en Madrid.
La entrada: definir bien la relación
Antes de negociar la retribución, el primer paso es determinar qué relación jurídica tendrá el directivo con la compañía. Puede ser laboral común, laboral especial de alta dirección o mercantil, en función de su grado de autonomía, dependencia y vinculación con la empresa. La elección no es menor, de ella dependen sus derechos, su régimen retributivo y el alcance de su responsabilidad. “Precisar desde el inicio en qué marco se opera es la condición previa para todo lo demás”, señala Ángela Toro.
A partir de ahí, el contrato debe dejar bien definidas las condiciones de la relación, desde la estructura retributiva y los beneficios hasta las cláusulas que regulan la dedicación del directivo o su salida futura. También resulta clave prever cómo afectan a esa relación los cambios que puedan producirse durante su trayectoria dentro de la compañía, especialmente cuando asume nuevas responsabilidades o pasa a formar parte de sus órganos de administración.
El patrimonio personal, en juego
La mayor capacidad de decisión que acompaña a la alta dirección también eleva la exposición del profesional. El informe recuerda que los altos cargos deben actuar con diligencia y lealtad y que una gestión inadecuada puede derivar en responsabilidad frente a la sociedad, los socios o terceros e, incluso, tener consecuencias sobre su propio patrimonio. Los momentos de mayor riesgo aparecen, sobre todo, ante decisiones estratégicas que terminan teniendo un resultado adverso, conflictos internos o escenarios de elevada complejidad regulatoria.
En este contexto, no importa únicamente que una decisión salga bien o mal, sino cómo se ha adoptado. La Business Judgment Rule protege determinadas decisiones empresariales cuando el directivo puede acreditar que actuó de buena fe, sin interés personal y con la información y el asesoramiento adecuados. A esta protección se suma el seguro D&O (Directors and Officers), aunque su cobertura no es automática y depende de las condiciones concretas de cada póliza.
«El alto cargo debe blindar su gestión frente a riesgos regulatorios y de negocio en estructuras complejas de alta exposición», afirma Concha Martín, socia del área Laboral de MAIO Legal, que subraya la importancia de anticipar los riesgos y documentar adecuadamente la toma de decisiones.
La salida se negocia al entrar
La salida de un alto directivo empieza a definirse mucho antes de que se produzca. Las condiciones pactadas en el momento de la incorporación -desde los preavisos y las indemnizaciones hasta los posibles blindajes- condicionan el margen con el que contará el profesional cuando finalice la relación. El informe pone así el foco en la importancia de anticipar ese escenario y dejar bien reguladas desde el inicio las reglas que ordenarán una eventual desvinculación.
Además, el cese no supone necesariamente el fin de todas las obligaciones. Compromisos como la confidencialidad, la protección de secretos empresariales o la no concurrencia pueden seguir proyectándose sobre la siguiente etapa profesional del directivo. «Regular con equidad estas condiciones y una salida ordenada protege la reputación de ambas partes», subraya Concha Martín.
Junto al análisis jurídico de las distintas etapas de la alta dirección, el informe incorpora también una mirada desde la experiencia de quienes ocupan este tipo de posiciones. Enrique Pérez-Plá, CEO de Bestinver; Pablo Álvarez, director general de Moderna en España; y José Luis Nevado Martínez, CEO y fundador de Sipay, comparten los principales retos que han afrontado como directivos y sus aprendizajes en ámbitos como la toma de decisiones, la gestión de equipos, la delegación o la retención del talento.
