El letrado, Fernando Pamos de la Hoz, alega que los abogados de IU Enrique de Santiago, Juan Enrique Garcés e Isabelo Herrero, que ejercían la acusación, engañaron a su cliente con pagos, visitas durante su prisión preventiva y regalos para que se autoinculpara.

Según el escrito, “hubo falsedad en el testimonio del procesado, por mor, precisamente del acuerdo tácito que él mismo materializó con parte de las acusaciones” por medio de “prebendas” como “regalos y dinero, cartas y visitas recibidas”.

El letrado de Scilingo argumenta que “nadie se inmola sin una razón de peso” y recuerda “lo sumamente extraño” del hecho que su cliente viniese a España “a entregarse voluntariamente cuando entonces existía una situación de total impunidad en su país”.

Además, acusa al juez instructor (Baltasar Garzón) de necesitar “alguien que mantuviere vivo el sumario y aportara posibles pruebas de cargo” y añade que “el condenado fue la pieza que se consiguió a base de engaños”. “Sólo así se entienden los pagos, visitas y paquetes que recibió en prisión por abogados querellantes y políticos del Partido Comunista de España y/o Izquierda Unida”.

“En ese montaje, urdido por unos y otros, era un elemento absolutamente necesario nuestro mandante, que debía imputarse e imputar a otras personas y se le subvendría su estancia en prisión hasta conseguir la libertad provisional (como luego así fue)”, explica el escrito en el que se matiza que “lo que no sabía (Scilingo) era que finalmente se le iba a acusar de los gravísimos hechos objeto del sumario, y así sentar las bases, falsas por prefabricadas, de ser España país pionero de la denominada ‘Jurisdicción Universal'”.

El escrito señala al abogado de la acción popular en nombre de la querellante Izquierda Unida, Enrique de Santiago, quien, según dice, “estuvo presente como acusación cuando a Scilingo se le decretó prisión en el año 1997 y que fue a buscarle al aeropuerto”. Además, acusa a Isabelo Herrero, dirigente del mismo partido, y a Juan Enrique Garcés, “letrado también de la acusación particular en el presente sumario, en concreto la pieza separada ‘operación Condor'”.

Indica el recurso de revisión que los tres “aportaron dinero, en múltiples ocasiones, y visitaron, amen de mandar correspondencia, a Scilingo, preso preventivo entonces en el Centro Penitenciario de Carabanchel”.

Se refiere asimismo a dos cartas mandadas por Enrique de Santiago con fecha de 10 y 19 de noviembre de 1997, cuando ya se le había instado al ex militar argentino la medida cautelar de prisión preventiva.

Además, añade que De Santiago le remitió también dos notas manuscritas a la cárcel en las que le citaba para una visita a prisión o en las que le avisaba de que su mujer ya estaba “bien informada”. Asimismo, le asesoraba sobre cómo pedir un vis a vis y otras gestiones carcelarias.

La defensa de Scilingo pide al Supremo que libre los oficios pertinentes a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias “para que aporte cualquier elemento que tenga relación con las cartas, su contenido, fecha, recibos de ingresos de dinero, paquetes, el contenido de los mismos, datos de la persona que hizo los ingresos y cualquier otro extremos significativo”.

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