Nadie se pone de acuerdo en el número de a que hay en nuestro país. Lo que sí está claro es que es un colectivo tan profesional como pudiera ser el concentrado en los despachos de abogados. En el devenir de este colectivo, parece evidente que hay un antes y un después tras la sentencia del TJCE Akzo Nobel y otros de 14 de septiembre de 2010 que cuestiona el secreto de las comunicaciones de los abogados de empresa. “Ahora que se va a aprobar un nuevo Estatuto de la Abogacía, es fundamental que las instituciones reconozcan que un abogado, en el ejercicio de su profesión, ya sea por cuenta propia o en una empresa como asesor jurídico, teniendo las mismas obligaciones debe también tener los mismos derechos.” explica Sergio Redondo, Secretario General y del Consejo de Admon de Coca Cola España y Portugal.
Aquella resolución del TJUE y otras cuestiones como la propia responsabilidad penal de las personas jurídicas han sido algunos de los elementos que han dinamizado la Comisión de Abogados de Empresa del ICAM, de la que el propio Redondo es socio fundador. Junto a nuestro entrevistado hay que resaltar a profesionales como José María Alonso, su presidente; Paloma Valor, secretaria general de IBM Europa;, Rafael Garcia de Diego, Secretario General y del Consejo de Red Eléctríca Española; Antonio López Taracena, Secretario General de Mutua Madrileña o Elia Esteban, Directora del Gabinete del ICAM y coordinadora de esta Comisión:” Lo importante, creo, que no es tanto lo que no se ha hecho, como aquello que está pasando en estos momentos. La puesta en marcha de grupos de trabajo en ICAM e ICAB sobre asesores jurídicos de empresa son dignos de resaltar. Ahora se trata de que el resto de compañeros se implique en la medida de sus posibilidades. Creo que estamos ahora en el buen camino”, subraya.
Reconoce que trabajar en una empresa de gran consumo genera una impronta de la que es difícil escapar. “En nuestro negocio el consumidor es lo más importante; procuramos satisfacer sus necesidades a través de nuestros productos a un precio razonable y económico. Una queja o sugerencia de nuestro público consumidor es casi una instrucción, de ahí que procuremos darle una respuesta seria y rápida a lo que nos plantean.” afirma Redondo. Desde su posición privilegiada en Coca Cola reconoce que la relación entre abogados internos y asesores externos se ha modificado por la crisis “aunque en nuestra empresa no hemos hecho ajustes drásticos”.
Repasar la trayectoria profesional de Sergio Redondo para poder preparar esta entrevista supone señalar su vocación por el mundo de la asesoría jurídica de la empresa. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Master en Asesoría Jurídica de Empresas por el IE, inicio su actividad como abogado en IBM España en 1994. Un año más tarde cambió a un sector vecino, hacia una empresa de nueva creación: Airtel Movil (actual Vodafone), empresa que poco tiempo después le hizo responsable del servicio jurídico. Con posterioridad, en el 2001, se convierte en Director Legal de Coca Cola para España y Portugal. Y cuatro años después pasa a ocupar el puesto de Secretario General y del Consejo de Administración de Coca-Cola España y Portugal. A lo largo de esta charla repasamos muchas cuestiones, algunas de ellas de actualidad como las reformas del Ministro Gallardón.
Sr Redondo:¿Podría describirnos cómo está organizada esta área jurídica que usted dirige en nuestro país?
Todas las empresas tenemos una fórmula análoga de organizar el llamado departamento legal. Se trata sobre todo de rentabilizar el valor añadido de tu asesoría jurídica interna, solvente especialmente en el sector donde esté tu empresa implicada. Eso hace que los propios abogados de cada asesoría jurídica lleguen a especializarse en ciertos contenidos recurrentes en relación con el negocio de la compañía.
En nuestro caso, al ser una multinacional líder en el campo de las bebidas refrescantes, nuestros letrados, de corte generalista y con capacidad para abordar con solvencia la problemática jurídica general, son expertos en regulación en el sector alimentario, conocen muy bien el derecho comercial (publicidad, consumidores, competencia desleal) y el derecho de la competencia dentro de lo que es el mundo empresarial. Y en dos idiomas, por supuesto.
¿Qué criterios tienen en cuenta para incorporar a esos letrados a la propia asesoría jurídica de Coca Cola?
Buscamos sobre todo profesionales con una visión empresarial del mundo legal. Que tengan claro que quieren ser abogados y que se preocupen por actualizar su formación a medida que desarrollan su carrera profesional.
Además de la Licenciatura en derecho, valoramos mucho sus estudios de posgrado y Master en la parte de asesoría jurídica de empresa o derecho de la competencia, con los que el profesional amplia sus miras y tiene una visión global del negocio.
No es nuestra asesoría jurídica un departamento aislado del mundo; mantiene relaciones estrechas con otras áreas legales de empresas relacionadas con telecomunicación, informática y gran distribución. También, cómo no, con despachos de abogados. Algunos de ellos son también nuestros proveedores o nuestros clientes, lo que ayuda a intercambiar opiniones y conocimientos en determinadas situaciones.
En un momento como el actual de crisis ¿Cómo se vive la relación entre los despachos externos y una empresa como Coca Cola?
Es evidente que hay cambios notables en esa relación que usted indica. Nunca hemos sido partidarios de la facturación por horas. Eso no quita para señalar que valoramos muy mucho el servicio que contratamos.
Es posible que hayamos hecho algún ajuste con nuestros proveedores externos de servicios jurídicos pero realmente no creo que haya sido nada dramático. Somos conscientes de la importancia de una adecuada y buena relación, para ambas partes, entre la asesoría jurídica interna de la empresa y los despachos externos que nos asesoran.
Desde su experiencia, ¿Dónde está la clave para que funcione una relación profesional entre la asesoría jurídica de una empresa y su asesor externo legal?
Es fundamental que se genere un clima de confianza desde el cual abogados internos y externos se den cuenta que trabajan para la obtención del mismo resultado.
Valores como la confianza o la lealtad y la discreción, el compromiso con el éxito de la empresa, etc., son claves para que esa relación profesional de la que usted me pregunte fructifique y tenga sentido para ambas partes.
¿Es usted partidario de mantener los mismos asesores legales durante el tiempo o hacer cambios de forma frecuente?
Reconozco que soy más partidario del apoyo jurídico externo en temas puntuales y apoyarme más en el equipo interno legal de la empresa para situaciones recurrentes del negocio.
Cuando se habla de continuidad prefiero centrarla en el equipo interno de abogados de la propia empresa. Si está bien elegido, no debe cambiar. Debe evolucionar. Luego se trata de encontrar en cada momento el asesor legal externo adecuado que te puede prestar un asesoramiento adecuado en situaciones concretas a las que no llega el asesor jurídico interno.
Le pongo un ejemplo: cuando hace ya tres años decidimos trasladarnos a este edificio moderno en Ribera del Loira, advertimos la necesidad de contratar a un despacho externo especializado en derecho inmobiliario. Su trabajo fue bueno, muy bueno, y se terminó la relación una vez acabaron con aquello que les pedimos. Siguen asesorándonos puntualmente en otras materias cuando les pedimos ayuda.
¿Desde Coca Cola Iberia cómo se percibe el mundo de la abogacía de los negocios? ¿Realmente son firmas competitivas tal y como se venden en sus presentaciones?
Es un mundo competitivo, desde luego, y se puede encontrar valor en el servicio que aportan estos bufetes externos. Pero además los asesores jurídicos tenemos la posibilidad, si no estamos satisfechos con el servicio recibido, de cambiar de proveedor, sin que ello suponga la terminación irremediable de la relación. Hay una amplia oferta legal externa alrededor de las empresas para lo bueno –sobre todo- y para lo malo a veces también.
Sobre nuestros proveedores externos tengo que decirle que estamos satisfechos con el servicio que recibimos, tanto por su prontitud como por la seriedad y profundidad de sus dictámenes a las cuestiones que les formulamos. Algunos buenos ejemplos son Diego Lozano y Antonio Sánchez Montero (Ramón y Cajal), Rafael Allendesalazar (M-LAB), Ana Marzo, Juan Picón y Carlos Rodriguez (DLA Piper), Gonzalo de Ulloa e Ignacio Campos (Gómez Acebo), Jaime Folguera y Alfonso Gutierrez (UríaMenéndez), Nuno Líbano Monteiro (PLMJ), Miguel Castro Pereira (Abreu), etc…Todo esto corrobora efectivamente que el nivel jurídico de los despachos de abogados españoles y portugueses es excelente. Nada tienen que envidiar a las firmas anglosajonas, que también contratamos si es necesario.
Vivimos Sr Redondo en un mundo global gracias a la irrupción de las nuevas tecnologías, ¿Cómo ha afrontado Coca Cola Iberia ese reto online?
Creo que hemos ido introduciéndonos en este mundo con prudencia. Innovamos mucho en nuestros productos, pero la seguridad es primordial, y en la comunicación que hacemos de nuestras actividades procuramos no dar pasos en falso tampoco.
Nuestra presencia en redes sociales está sirviendo para comunicar mejor con nuestros consumidores, sin lugar a duda.
Desde el punto de vista del Derecho, la verdad es que como todo el mundo sabe hay una falta de regulación legal, lo que propicia que a veces los límites no estén meridianamente claros. Esto nos empuja, como antes le decía, a ser prudentes y comprobar que la información que nos llega es veraz y que, a la vez, respetamos escrupulosamente los derechos de cualquier tercero implicado o afectado en lo que hacemos. Y a aplicar el sentido común jurídico.
Coca Cola fue de las primeras empresas que aposto por utilizar las redes sociales, entiendo que ya habían tenido la precaución de contener sus posibles riesgos legales…
Lo hicimos, aunque como bien sabe hablamos de una realidad cambiante cuando abordamos el tema de las redes sociales. A este respecto tengo que decirle que nuestro equipo de profesionales está bastante preparado en este terreno Rocío Fernández-Bujarrabal y Lucía Lobato son dos grandes expertas en social media. Entendemos que es mejor tener un equipo cualificado para gestionar estos temas que cedérselo a un tercero.
Volviendo al tema de los asesores jurídicos ¿Qué nos puede decir de la iniciativa del ICAM cristalizada en un Grupo de Trabajo de abogados de empresa?
Todo este tipo de iniciativas son positivas si redundan en mejorar la imagen y sobre todo la eficiencia de la profesión. Respecto del grupo que coordina Elia Esteban y preside José Maria Alonso en el ICAM creo que el trabajo está siendo bastante provechoso; se trata de elevar a categoría de normal algo que en la profesión entendemos como normal: tratar de forma paritaria a los asesores jurídicos, tanto si trabajan en empresas como si son autónomos o trabajan para despachos externos, convertidos así también en asesores de empresas (de servicios, en esos casos).
El trabajo que tanto se realiza desde el ICAM como también desde el ICAB es, creo, oportuno y necesario. En estos momentos nuestro caballo de batalla tiene que ver con la protección de las comunicaciones entre abogado y cliente en el ejercicio de la profesión. Creemos que debe respetarse y proteger el servicio del l letrado con independencia de si cobraa través de una nómina o de una factura.
Ese tema nos lleva a la Sentencia Azko Nobel del TJUE que cuestiona ese asunto…¿Ahora que se habla de un nuevo Estatuto de la Abogacía, qué habría que modificar para mejorar la situación de los asesores jurídicos en este asunto?
Hay que insistir mucho, de forma machacona, en que donde no hay prevista o regulada una diferencia no debe crearse artificialmente esa diferencia. Si hubiera dos tipos de formación profesional para abogados: que abogados de empresa y de despacho tuvieran planes formativos diferentes, obligaciones diferentes, deontologías diferentes, es posible que el trato diferente a los abogados, la discriminación entre unos y otros, se pudiera llegar a justificar. Pero en estos momentos tal discriminación no es comprensible ni tiene, en mi opinión, fundamento.
Si como es el caso de nuestro país, el 100 por cien de los abogados ejercientes estudian lo mismo, y tienen idénticas obligaciones, no debe tratarse a los profesionales de forma diferente.
Este debe ser parte del trabajo de las instituciones. Tanto el CGAE como los Colegios de Abogados deben insistir en este hecho concreto que le comento.
Un abogado, en el ejercicio de su profesión, ya sea por cuenta propia o ajena o en una empresa como asesor jurídico, teniendo las mismas obligaciones -insisto- debe también tener los mismos derechos.
Porque si no es así, en última instancia se está sustrayendo al justiciable de la posibilidad de obtener asesoramiento legal seguro, sin mencionar las derivas que esto tiene respecto de los denominados “derechos fundamentales”.
¿Cuál es la causa, desde su punto de vista, que impide que cuaje una asociación corporativa de abogados de empresa?
La verdad que es complicado contestar a esta pregunta. Confieso que he visto a través de mi experiencia que en el mundo del Derecho se funciona, en términos corporativos, más por reacción que por acción. Solamente ahora que ha habido un par de sentencias que cuestionan el secreto de las comunicaciones entre el abogado y su empresa, en nuestro sector ha empezado a haber cierto movimiento significativo.
Lo importante, creo, no es tanto lo que no se ha hecho, como aquello que está pasando en estos momentos. La puesta en marcha, como antes le decía, de los grupos de trabajo en ICAM e ICAB son iniciativas a resaltar. No cabe duda. Ahora se trata que el resto de compañeros se implique en la medida de sus posibilidades. Creo que estamos ahora en el buen camino.
En una multinacional como Coca Cola, ¿Cómo se vislumbra la legislación española, a veces compleja y prolija?
No es tanto eso que usted apunta como el darse cuenta que la mitad de nuestra legislación viene de Europa a través de los Reglamentos, las Directivas que se trasponen, etc. De la otra mitad, creo que una parte importante casi siempre es una reformulación de lo ya existente. Junto a ambos fenómenos hay que también darse cuenta la regulación que surge en el mundo empresarial y civil y al a que hay que adaptarse también.
Es cierto, al hablar de regulaciones últimas no podemos dejar de citar los programas de Compliance que ahora las empresas adoptan para prevenir su responsabilidad penal…
Este es un fenómeno al que nos iremos adaptando aunque ya estaba m´s o menos estructurado con anterioridad el marco en el que se mueve la responsabilidad de los administradores. Además hay unos antecedentes importantes en esta cuestión en todos nuestros códigos jurídicos; en el Código de Comercio de Napoleon ya existía la responsabilidad por administración desleal, o por el ejercicio del comercio sin la debida diligencia, por no mencionar ya la legislación penal. Dicho esto, las fórmulas que se proponen ahora son teóricamente más perfectas.
Sin embargo cuando hablamos de Protección de Datos, por ejemplo, es evidente que es un área que sufre ciertos cambios por la propia evolución del negocio en torno a este activo. Al principio, el tratamiento de los datos era muy básico al cuando existían las llamadas páginas amarillas, ahora se ha sofisticado notablemente en empresas de telecomunicación –por ejemplo- donde hay que tener en cuenta muchos factores relevantes y que permiten conocer al detalle el comportamiento de un individuo (sus gustos y preferencias, hábitos, economía, etc.).
¿Cómo ve en este entorno el papel de la AEPD; como organismo regulador?
Tengo que confesarle que he tenido la oportunidad de trabajar con ellos y su rigurosidad esta fuera de toda duda. Tenemos una gran Agencia de Protección de datos que ha sido muy innovadora y pionera en determinadas cuestiones de la protección de datos de carácter personal. Su labor está ahí y es evidente que ahora los datos de los ciudadanos están protegidos y es difícil que haya un uso descontrolado o un comercio en torno a los mismos sin las debidas garantías para los dueños de los datos: las personas..
Terminamos esta entrevista, ¿Qué nos puede decir de los cambio que quiere impulsar el justicia el nuevo ministro Alberto Ruiz-Gallardón?
La justicia es esencial para el correcto funcionamiento de la sociedad civil. Dicho esto también es verdad que la justicia es la actividad menos favorecida cuando cada año se conocen los presupuestos generales del Estado o de diferentes comunidades autónomas.
En este contexto parece claro que la Ley de Demarcación y Planta requiere actualizarse tal y adaptarse a la nueva realidad
Hay muchos temas pendientes y también hay que darse cuenta que no todo se puede arreglar en los seis primeros meses de una legislatura. Creo que cualquier Gobierno procura hacerlo lo mejor posible, o más bien lo mismo, pero por diferentes caminos. Otra cosa es que tenga fortuna y cuente siempre con las mismas posibilidades en su desarrollo posterior.
Sobre el actual Ministro de Justicia considero que es una persona inteligente, bastante preparado para el cargo y con una vocación de servicio público al Estado fuera de duda. Respecto a las reformas, prefiero conocer el texto final del BOE para dar una opinión.
¿Cómo valora las iniciativas en materia de desjudicialización por las que apuesta este Gobierno?
Son dignas a tener en cuenta. Que los notarios puedan administrar justicia a través de la institución del arbitraje es una novedad muy a considerar. Hoy para determinados supuestos acudir al arbitraje, bien sea en derecho o en equidad tiene sus ventajas. Al final habrá que ver si se convierte en una vía de desatasco de los tribunales de justicia.
Es evidente que algunas otras medidas tendrán que ir dirigidas hacia la mejora de la carrera judicial y otras profesiones del entorno (secretarios judiciales, procuradores, oficales de juzgado, etc.)para que puedan hacer su trabajo lo mejor posible. Ello tiene impacto inmeidato en los administrados.
