El informe de AI, elaborado a partir del informe del Defensor del Pueblo que denunciaba abusos en centros terapéuticos de Cataluña, Andalucía y la Comunitat Valenciana, fue presentado por Amnistía Internacional en diciembre de 2009.

El informe ponía de manifiesto la opacidad de las administraciones públicas a la hora de dejar investigar la realidad de los centros, el propio desconocimiento de la Administración de los centros y de su funcionamiento, la inadecuada cualificación de los profesionales para el tratamiento de los menores y la falta de vigilancia de los centros por parte de la Administración, motivada por una creciente privatización de su gestión.

El abogado portavoz de Amnistía Internacional, Juan Molpeceres, moderador del encuentro, ha exigido a las administraciones públicas en nombre de AI que se les permita acceder a los centros, ya que para la elaboración del informe les fue negado, así como mayor esfuerzo en la investigación sobre los centros en que constató abusos el Defensor del Pueblo, para que “se detecte a los responsables y se les sancione en consecuencia”.

La fiscal delegada de Menores de la Fiscalía de Valencia, Gema García, ha manifestado respecto a este informe, el cual ponía en entredicho la supervisión por parte de la Fiscalía de estos centros, que parte del problema es la falta de denuncia de los padres y educadores de los hechos ante la Fiscalía.

“Acuden a organismos como Amnistía Internacional o el Defensor del Pueblo, cuando deberían acudir a nosotros para denunciarlo”, explica la fiscal y añade: “Queremos instar a todos los profesionales que trabajan con menores a presentar las debidas denuncias cuando se detecta el más mínimo abuso”.

Respecto a la situación en Valencia, la fiscal de Menores ha lamentado que hasta este mes de mayo, en que se ha puesto en marcha un centro de protección terapéutica de menores en Campanar con 20 plazas, la ciudad no disponía de ningún centro de este tipo, lo cual a su parecer ha sido “una clara vulneración de los derechos de los menores valencianos, que debían desplazarse a otras ciudades lejos de su residencia”.

La fiscal ha apuntado que en este momento el principal problema de la protección de menores en Valencia es la falta de coordinación de los servicios de la Generalitat Valenciana, ya que se produce confusión en las competencias y esto puede derivar en una desprotección del menor.

Respecto al recién inaugurado centro de Campanar, Gema García ha anunciado que se elaborará un registro exacto de los menores, se conocerá en todo momento la resolución que ha motivado el ingreso del menor, se escogerá a educadores debidamente formados para el tratamiento de los menores y se vigilará la medicación que se suministra a cada menor, sabiendo qué facultativo ha prescrito el tratamiento.

“Esperamos contar con la colaboración de todos los organismos y profesionales que trabajen con los menores, desde las ONG hasta los abogados, padres o educadores, para ayudarnos a que la gestión sea la más transparente y adecuada posible en beneficio de los menores”, subraya la fiscal.

El presidente de la Sección del Menor del ICAV y abogado de menores, Rafael Iniesta, ha denunciado en su intervención la elevada tasa de privatización de los centros de protección terapéutica de menores en España, apuntándola como una de las causas del “mal funcionamiento de la protección del menor en nuestro país”.

“Los centros deben ser gestionados por funcionarios públicos, sin intereses de beneficio personal o de empresa. El bienestar del menor y su adecuado tratamiento no debe depender de quién gestiona un centro o de la comunidad autónoma en que se encuentra, porque va en contra del principio constitucional de igualdad”, explica Rafael Iniesta.

La psicólogo especialista en menores Rosa Molero ha pedido en su intervención la “desinstitucionalización” de los menores en España, porque “lo importante no es tanto quién controla al que controla sino de aplicar políticas que aporten al menor lo necesario para su adecuado desarrollo como persona desde que nace”.

La psicólogo ha reivindicado la importancia del cuidado afectivo de los menores para que tengan una infancia adecuada. “Es trabajo de todos los agentes sociales, empezando por las familias.

La estimulación afectiva desde el nacimiento es fundamental para evitar problemas futuros en los menores. Las carencias en ese sentido provocan dificultades de autocontrol y problemas de desarrollo en la autoconciencia o en la conciencia de la realidad”, explica Rosa Molero.
“El problema es muy serio. En la Comunitat Valenciana hay miles de niños en distintos tipos de regímenes de protección institucional. La invisibilidad de sus problemas hay que hacerla visible, porque el maltrato no es sólo lo que se hace, sino también lo que no se hace bien”, explica la psicólogo.

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