Por Paula Ortiz. Directora Jurídica y de Relaciones Institucionales de IAB Spain

 Se cumplen tres años desde la aprobación de la Directiva 2009/136/CE y de la afamada modificación del régimen de prestación de consentimiento para la instalación de cookies en los terminales de los usuarios.

En este tiempo, muchas han sido las líneas que se han escrito sobre una norma que se aplica en bloque -con dos excepciones interpretadas de manera muy reducida- a toda una tipología de dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos en terminales cuyos beneficios para todos los agentes implicados en internet (usuarios y empresas) son indudables.

Con la reforma del paquete de directivas de telecomunicaciones, se cambia la exigencia de información por un consentimiento informado. Una modificación que, en palabras de Alexander Alvaro, ponente del Parlamento Europeo de la citada Directiva, se introdujo para tratar el spyware y el malware, y aumentar la transparencia y sensibilización de los usuarios con respecto a la información que se pudiera acceder y tratar ??por terceros y otorgarles el derecho de consentir ese acceso.

Pero desde que comenzara el proceso legislativo en Bruselas, como si del juego del teléfono estropeado se tratara, se han venido desdibujando las razones que llevaron al legislador europeo a cambiar la norma. En las primeras versiones del Parlamento se incluía el derecho de negativa (right to refuse) pero la situación cambió en las negociaciones con la Comisión y el Consejo y aquellos elementos que dotaban al texto de una mayor flexibilidad y lo adaptaban a la realidad del entorno internet, desaparecieron de su articulado. Coyuntura que quizás se habría evitado si se hubiera abierto la puerta a los representantes de la industria para conocer de manera pormenorizada la realidad de un sector, evitando una redacción tan estricta.

Situación que, por cierto, corremos el riesgo de repetir en el proceso de reforma del marco normativo de protección de datos que está teniendo lugar en estos momentos a nivel Parlamento y Consejo Europeo.

Así las cosas en Bruselas, en abril de 2012 entra en vigor la modificación de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información, que traspone casi de manera literal la Directiva 2009/136/CE sin arrojar mucha luz sobre su aplicación. La Agencia Española de Protección de Datos, consciente de la complejidad de un sector dinámico, la importancia de los elementos en juego y del compromiso de la industria de la publicidad digital, propone a IAB Spain, junto con Autocontrol y Adigital, como asociaciones representativas del sector de la publicidad y comunicación digital, la autoregulación y el comercio electrónico, trabajar en una propuesta sobre regulación de las cookies.

Es por ello que las 3 asociaciones hemos venido trabajando de manera conjunta en una Propuesta de guía sobre las normas de uso de las cookies en la que se distribuyen responsabilidades entre los diferentes actores implicados y se analizan de manera exhaustiva y pormenorizada todas las posibles formulas de consentimiento informado para la instalación de estos dispositivos en los terminales de los usuarios. La Propuesta, en la que han sido consultadas alrededor de 1000 empresas que forman parte de las tres asociaciones, ya se ha presentado a la AEPD, que ha señalado que se trata de un buen punto de partida y, con las diferentes valoraciones que se han trasladado, se está trabajando en una nueva propuesta, que será presentada próximamente.

Entre las opciones que se proponen en el documento, se valoran y analizan soluciones como la configuración de los parámetros del navegador, el consentimiento a través de avisos informativos por capas desde la landing page, o la aceptación a través de los términos y condiciones de uso al solicitar el alta en un servicio o descargar una aplicación. Un abanico de soluciones que suponen un  compromiso de la industria en el respeto de la privacidad y un paso hacia adelante en las herramientas de control, información y transparencia para el usuario sobre el uso de estas tecnologías.

Propuestas dirigidas a crear un entorno empresarial armónico que proteja los intereses de todos los integrantes de la comunidad digital española y que cree sólidos cimientos sobre los que soportar el futuro desarrollo de una industria importante y responsable que se mantiene en crecimiento en la actual coyuntura económica. Situación además se vería favorecida con un estándar de Do Not Track si éste cumple con estos principios de transparencia, información y control y no viene impuesto por defecto para el usuario, a quien se le privaría de tomar una decisión fundada.

Y es que no debemos perder que vista que el fin que perseguía el legislador europeo era formar al usuario y contribuir a su madurez como internauta para otorgarle una capacidad de decisión, y que éste pueda disfrutar de una navegación consciente y segura en la que se respetan sus derechos, a la vez se protege un sector capital en el desarrollo de Internet y la economía.

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