El exvicepresidente económico y comisario europeo, Pedro Solbes, fue ponente ayer en la tercera sesión del 11º Congreso Notarial Español, organizada por el Consejo General del Notariado en Sitges, dentro de los actos conmemorativos del 150 Aniversario de la Ley del Notariado. En su conferencia, centrada en los orígenes de la crisis financiera, su estado actual y las perspectivas de salida mundial y española, Solbes ensalzó la figura del notario como “supervisor de primera instancia de las normas de las economías de mercado” y destacó el esfuerzo tecnológico realizado por el colectivo notarial desde 2001, en contraposición a otros sectores de actividad y agentes jurídicos y económicos, que ha servido para inculcar mayores grados de transparencia, eficacia y agilidad en el tráfico mercantil. El anterior responsable de la política económica del Gobierno recalcó, además, el “papel clave” del control de legalidad de los notarios “en la no aceptación de actos ilegales”, un factor que contribuye a disminuir la discrecionalidad de las operaciones económico-financieras.
En su diagnóstico sobre la crisis, Solbes lamentó que los problemas que ocasionaron la mayor turbulencia financiera y económica mundial desde el crash de 1929 “siguen sin resolverse”. Entre ellos citó la falta de adaptación de las economías a los designios de una globalización en la que las nuevas tecnología siguen teniendo un protagonismo preponderante; la necesidad de fortalecer, con reformas estructurales, la estabilidad de la zona del euro; los escasos avances en la transformación del sistema financiero internacional y en las indicaciones iniciales del G-20 a favor de una mayor regulación de los mercados, de control de las agencias derating y de reforzamiento de las normas contables, que han “retardado los ajustes empresariales”.
A su juicio, la salida de este escenario pasa por impulsar la productividad y, en consecuencia, ganar cuota de competitividad. Una receta que también sirve para España, precisó. Solbes descartó que España vuelva a enfrentarse en el futuro a dos shocks externos que han determinado la profundidad de la crisis española: “Nunca volveremos a entrar en el euro y, por tanto, nunca tendremos de nuevo una política monetaria tan laxa, de bajos tipos de interés y elevada facilidad de crédito; ni tampoco experimentaremos un nuevo proceso de inmigración que nos ha llevado a pasar de 36 a 43 millones de habitantes”. En consecuencia –precisó- tampoco viviremos un periodo de 13 años de crecimiento ininterrumpido como el que registramos entre 1995 y 2008”.
Para Solbes, la clave de España es continuar con las reformas estructurales enfocadas a modificar el actual modelo productivo. Un objetivo que no puede basar el dinamismo en la construcción y las infraestructuras, que llegaron a suponer el 20% del PIB. “Esta crisis deja evidencias sobradas de la necesidad de este cambio” que, en su opinión, debe explorar sectores competitivos y con capacidad para incentivar el empleo, como las nuevas tecnologías o el sector servicios, así como potenciar el sector exterior y el turismo, los dos componentes del PIB que han dado señales de vitalidad pero que precisan aún de “políticas modernizadoras”. En este punto, también consideró imprescindible “actuar decididamente sobre el sistema de desempleo”, un terreno cargado de “dificultades políticas y técnicas”, pero esencial para generar de nuevo puestos de trabajo.
En paralelo, el exvicepresidente económico reclamó al Banco de España que concluya definitivamente el proceso de recapitalización de las cajas de ahorro y descartó que haya margen para nuevas política de estímulo fiscal y para que se restaure el crédito con actuaciones de los poderes públicos. Además, juzgó imprescindible dar salida al actual stock de viviendas
Sociedades de capital
Por otro lado, José Carlos Sánchez, encargado de pronunciar la ponencia general con que se iniciaron los trabajos científicos en Sitges, titulada La Autonomía de la Voluntad en la configuración estatutaria de las sociedades de capital, reclamó una reforma urgente de la Ley de Sociedades de Capital, ya que su aplicación demuestra la “evidente tensión entre la normativa legal y libertad de los particulares” así como los problemas de interpretación derivados de la regulación de las sociedades anónimas y de las sociedades limitadas en un mismo Texto Refundido sin la adecuada armonización, dadas las limitaciones de esta técnica legislativa. En opinión de Sánchez, adscrito a la DGRN, la reforma legal debería llevar aparejada “una reordenación o redefinición de las formas sociales” y seguir la senda de una “mayor flexibilidad”; es decir, de “una mayor libertad de configuración estatutaria”. A su juicio, deben desterrarse tanto la inercia de anteriores regulaciones imperativas como los prejuicios derivados de interpretaciones dogmáticas de las mismas.
Por último, Sánchez aseguró que los notarios “estamos en óptimas condiciones para contribuir al proceso de reforma legislativa por nuestro bagaje de conocimientos técnicos y de experiencias, dado nuestro protagonismo en el asesoramiento a los particulares y el ejercicio del control de legalidad en el Derecho vivo de Sociedades”.
Por su parte, Francisco José Aranguren, notario de Sevilla, afirmó que la intervención notarial en materia societaria se halla inmersa en una “encrucijada decisiva” por dos normas legales. La primera, el Real Decreto 1/2010 de Sociedades de Capital que regula bajo preceptos dogmáticos las sociedades anónimas, limitadas y comanditadas por acciones y que confluye con el Real Decreto 13/2010, de signo distinto, y que regula las sociedades exprés, menos complejas pero las que más se formalizan en los despachos notariales. A su juicio, esta última es un ejemplo de “la reforma equivocada realizada por un legislador impaciente” que restringe la autonomía de la voluntad a partir de un “diagnóstico erróneo”, como es las supuesta tardanza en la constitución de sociedades que estudios como el Doing Business del Banco Mundial atribuyen injustamente a notarios y registradores a los que, además, se les impone una sustancial reducción de aranceles. A juicio de Aranguren, “poner la intervención notarial y registral al mismo nivel que los meros trámites administrativos o fiscales es desconocer el valor que añade el doble control de nuestro sistema de seguridad jurídica preventiva”.
