«Hay un claro vínculo entre empleo informal y pobreza», destacó en conferencia de prensa Johannes Jütting, uno de los coautores del informe, que precisó que unos 700 millones de esos trabajadores viven en la pobreza extrema y 1.200 millones tienen ingresos inferiores a dos dólares diarios.
La evolución reciente muestra un incremento del peso de estos trabajadores privados de protección social, y así en Latinoamérica su porcentaje pasó del 52,5% en el periodo 1994-99 al 57% en 2000-2007, mientras en el sudeste asiático aumentó del 53% en 1985-89 al 70% en 1995-99.
Para abordar el círculo vicioso del empleo ilegal, que además de privar de protección social a los trabajadores, constituye una rémora para el desarrollo, la OCDE insiste en que «hay que tener en cuenta la realidad» de que la informalidad es la norma y constituye el único medio de subsistencia para mucha gente.
No obstante, en las estrategias a largo plazo apuesta por favorecer la formalización del mercado de trabajo, lo que pasa por una facilitación del registro del empleo y un desarrollo de los mecanismos de la Seguridad Social que integren a las personas excluidas.
