Hemos conocido hace unos días el primer fallo que afecta a una persona jurídica tras la reforma del Código Penal del año que viene, donde quedaba, al igual que ya se hace en otros países europeos, reflejada la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

El pasado 11 de octubre de 2011 el Juez de la Audiencia Nacional D. Eloy Velasco dictó Auto de Procesamiento contra cinco personas físicas y cinco personas jurídicas, por un presunto delito contra la salud pública tipificado en el art. 368 del Código Penal, con la agravante de notoria importancia, ya que se pretendía introducir en España más de 6.700 kg de cocaína.

Lo sorprendente de este Auto es que es la primera vez que la Audiencia Nacional imputa responsabilidad penal a personas jurídicas en base al art. 31 bis del Código Penal, introducido tras la reforma operada por la LO 5/2010, que entró en vigor el día 23 de diciembre de 2010.

Como sabemos, el citado art. 31 bis del CP imputaba la responsabilidad penal de las personas jurídicas en dos supuestos:

1.            Por los hechos cometidos por sus representantes legales y administradores de hecho y de derecho.

2.            Y por los hechos cometidos por sus empleados, siempre que no se hubiera ejercitado el debido control por el empresario.

Y en ambos casos, se requería que los hechos fueran cometidos por cuenta y en provecho de la empresa.

Para Enrique Bacigalupo, Catedrático de Derecho Penal y socio de DLA PIPER, firma internacional, :»El primer auto que conocemos por el que, aplicando el art. 31 bis CP, se procesa a personas jurídicas, independientemente de sus representantes o administradores, se refiere a un delito de tráfico de drogas. Los autores eran administradores de sociedades limitadas que realizaron operaciones de exportación de maquinarias a Venezuela, después reimportadas a España, pero escondiendo en ellas 5.644 kg netos de cocaína. El caso será seguramente interesante para que en la sentencia, que eventualmente recaiga, sea esclarecido el significado de haber actuado «en nombre o por cuenta (…) y en provecho» de la persona jurídica».

Por su parte, desde la perspectiva de Alfredo Domínguez. Coordinador del Grupo de Corporate Compliance de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, lo que refleja este auto no es sino la conjuncion de , la reforma del Código Penal que entró en vigor hace ya casi un año, en diciembre de 2010; y, por otro, la Ley de Medidas de Agilización Procesal de hace apenas un par de semanas.  «Con la reforma del Código Penal,  se articula esta nueva responsabilidad penal de las personas morales o colectivas se articuló en la reforma por medio de una suerte de estatuto penal de las personas jurídicas cuyo contenido aparece diseminado por todo el Código. Dicho estatuto, a modo de lo que podríamos denominar “Código Penal de las personas jurídicas”, regula todo lo relativo a las nuevas responsabilidades penales: desde qué delitos puede cometer una persona jurídica hasta qué atenuantes le son de aplicación o qué penas se le pueden imponer.»

Además también hace unas semanas entro en vigor  la denominada Ley de Medidas de Agilización Procesal entró en vigor hace unos días, el pasado 11 de octubre, para incorporar a nuestra legislación algunas previsiones de singular importancia acerca del especial tratamiento que habrá de conferirse a las personas jurídicas en el seno del proceso penal, entre ellas Dominguez destaca » tales como el lugar en el que habrán de ser citadas, la información que se les habrá de facilitar o la posibilidad que tendrán de designar una persona para que intervenga en el proceso en su representación (más allá de los papeles de abogado y procurador). Es decir, la nueva norma ha dotado a nuestro sistema legal de un estatuto procesal sobre las personas jurídicas con instrucciones precisas sobre la forma en que se debe proceder penalmente contra ellas.»

Para el responsable del grupo de Compliance de Cuatrecasas es muy importante este entorno legal configurado, a la hora de conocer ese primer fallo legal en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas: «Y así, con estos ingredientes (los del Código Penal reformado) y con esta receta (la de la Ley de Medidas de Agilización Procesal) se ha guisado la primera resolución de la Audiencia Nacional procesando a personas jurídicas como responsables penales. Es cierto que se trata de un supuesto extremo –la Audiencia Nacional y empresas implicadas en un delito de tráfico de drogas–, pero constituye una muestra muy gráfica de la quiebra de nuestro moderno sistema jurídico con el viejo principio de que las personas jurídicas no pueden delinquir (societas delinquere non potest). Otras empresas, por otros delitos, vendrán seguro después.»

Falta de control con los empleados

En palabras de Elena Ballesteros.  Asociada senior del área de Corporate Compliance de ECIJA , en el Auto “ se argumenta que las mercantiles imputadas conformaron un entramado societario bajo la cobertura de una operación comercial de exportación, que no tenía otra finalidad que traer la droga a España y se imputa la responsabilidad penal a las mismas, por la vinculación participativa de sus representantes legales y administradores. Por tanto, no opera en este caso ese debido control sobre los empleados o deber de corporate compliance del que venimos hablando durante todo este año.”

También a juicio de esta jurista es importante destacar que ·»el Auto ya aplica la reciente reforma de la LECrim, operada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, que entró en vigor el día 31 de octubre y acuerda recibir declaración a las personas jurídicas en calidad de imputado, para lo que las empresas deberán designar a un representante especialmente designado para ello, que no tiene por qué ser su representante legal. Que, por otra parte, constan como imputados en su condición de presuntos autores materiales del delito.”

Pero sin duda, lo que más nos sorprende a Ballesteros  de este Auto son las medidas cautelares adoptadas. No ya por el exorbitante importe de la fianza, 800 millones de euros por cada imputado, “sino por la medida cautelar acordada frente a las personas jurídicas en base al art. 33.7 CP, ya que, aunque inicialmente se comentaba por los operadores jurídicos que las sanciones consistirían en multas, el Juez Velasco no ha dudado en imponer la medida más grave después de la disolución de la sociedad, consistente en la clausura y suspensión cautelar temporal por dos años de las actividades de las empresas imputadas. Medida, creemos, más que justificada en este caso, ya que si se acredita la comisión del delito se habría intentado introducir en España casi 7 toneladas de cocaína, con una pureza de más del 90 %, para su tráfico, que habría alcanzado en el mercado clandestino más de 250.000.000 €.”

Se puede consultar el auto del juez Velasco, aqui,
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Sala_de_Prensa/Archivo_de_notas_de_prensa/La_Audiencia_Nacional_procesa_por_primera_vez_a_una_persona_juridica

 

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