Pardos entregó a los diputados un informe económico-jurídico sobre la repercusión de las economías familiares de estos mecanismos, que en los casos más graves alcanzan los 6.000 euros anuales, aunque de media oscilan entre los 1.200 y los 2.300 euros anuales.

Explicó que a la demanda presentada el pasado viernes ante los Juzgados de Instrucción de Madrid contra 22 entidades financieras españolas se han sumado hasta hoy más de 5.000 consumidores, lo que ha permitido detectar 17 bancos y cajas más que no estaban incluidos en la denuncia inicial.

Los bancos demandados inicialmente son BBVA, Banco Castilla, Banco Galicia, Banco Pastor, Banco Popular, Banco Sabadell, Banco Vasconia, y en el capítulo de las cajas de ahorros, Caixa Catalunya, Caja España, Caja Extremadura, Caixa Galicia, Caixa Girona, CAI, Caja Mar, Caixanova, Caja Duero, Caixa Penedés, Cajalon, Caixa Sabadell, Caja Duero, Caja San Fernando, Caja Segovia y Caja Tarragona.

El informe presentado por Pardos afirma que “todo parece indicar que son la práctica totalidad de las cajas de ahorro y en el ámbito de los bancos tan sólo un porcentaje marginal de los mismo se abstenían de incorporar esta condición abusiva”.

Pardos anunció además que Adicae estudia convocar movilizaciones contra estas cláusulas para “presionar” al Gobierno y a las entidades para actuar contra estas cláusulas y aseguró que la asociación “no le importa alcanzar una solución negociada”.

Pide al Congreso que modifique la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios a través de una “disposición adicional” incorporada a cualquiera de las normas actualmente en tramitación en las Cortes. En este sentido, mostró su confianza en que los grupos apoyen su idea, habida cuenta del consenso alcanzado en diciembre en el Senado, que impulsó una moción contra estas cláusulas.

La propuesta presentada por Adicae a los grupos parlamentarios contempla modificar el la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias para considerar como “cláusulas abusivas” aquellas que fijen un límite a la variación a la baja del tipo de interés variables contratado para una hipoteca.

Ofrece una alternativa a la supresión de las cláusulas techo/suelo, que plantea limitar la consideración de abusivas a las cláusulas cuyas condiciones resulten inadecuadas a las circunstancias del momento en que se contrató, y desproporcionado respecto a la cláusula que fije un límite de variación al alza por encima de un umbral por determinar.

Propone que tenga una aplicación retroactiva para los contratos de préstamo o crédito hipotecario firmado con consumidores desde enero de 2007, “sin perjuicio del derecho que asiste al resto de consumidores con contratos con fecha anterior a reclamar judicial o extrajudicialmente”.

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