La moratoria hipotecaria, la que vendrá a ser una de las medidas mejor acogidas por las familias antes la crisis del COVID-19, podría alcanzar tan solo a un 10% de sus potenciales benficiarios, ya que el resto básicamente quedará excluído durante el proceso de tramitación por incmumlimiento de alguno de los cuatro estrictos supuestos que establece la norma.

En ese sentido, algo más del 82% se ve afectado por el primero de ellos, al haber sufrido un ERTE o unas pérdidas del 40% de ingresos o facturación. Le sigue el tercer requisito, con algo más de la mitad de los solicitantes en condición de acreditar que las cargas hipotecarias y los suministros básicos ya suponen el 35% o más de los ingresos de la unidad familiar. Algo más del 30% de los solicitantes cumplen con el segundo requisito de ingresos familiares con respecto al IPREM y un 20% aproximado han visto multiplicado por 1,3 el esfuerzo en asumir la carga hipotecaria.

En suma, cerca de un 74,5% cumple con alguna de las condiciones, pero no en su totalidad. Algunos de los solicitantes, el 3%, cumplirían con todos los requisitos pero quedarían expulsados de la ayuda ya que la situación de vulnerabilidad presentada es anterior a las circunstancias de emergencia sanitaria del Covid-19. Porcentaje que se eleva al 12%, en el caso de familias que ya se encontraban en alguno de los supuestos de vulnerabilidad con carácter previo a la emergencia sanitaria, según los datos de ASUFIN tras analizar un centenar de expedientes completos de las 500 consultas que han llegado esta última semana a la asociación.

ASUFIN siempre ha defendido que el marco de cumplimiento para acceder al aplazamiento (que no condonación) del pago de la hipoteca durante el parón económico de estos meses resulta excluyente. Como consecuencia, deja como única alternativa a los afectados las soluciones individuales que planteen los bancos, como refinanciaciones o préstamos con intereses adicionales cuando no productos vinculados. Apelamos a la buena praxis y responsabilidad de las entidades en la articulación de estas alternativas.

Con todo, desde la asociación, hemos comprobado que una leve modificación de los supuestos podría llegar a triplicar el número de beneficiarios, alcanzando a algo más del 32,65%. Se obtendría tomando en consideración la combinación de dos de los requisitos que nos parecen más razonables: el empeoramiento profesional, formar parte de un ERTE o sufrir un 40% de reducción de ingresos o facturación, por un lado, y el aumento considerable de la carga que supone la hipoteca, del 35% o más, con respecto a los ingresos totales de la unidad familiar, por otro.

Fuente: ASUFIN

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