Por José Vicente del Pino Acedo. Abogado Col. ICAM 97.441. 3 Premio Concurso periodístico GAJ Madrid

En un mundo donde el internet está al alcance de todos, no deja de ser una herramienta importantísima y muy útil para varios quehaceres diarios: la búsqueda de empleo, cómo mejorar el negocio familiar o simplemente, mantener relaciones sociales con gente que habita a miles de quilómetros de donde nos encontramos, ampliando de esa forma el campo de contactos que nos permita alcanzar una mejor calidad de vida. Importancia que alcanza su nivel más alto en la actual época de crisis.

De esta forma, siendo una fuente de información importante para el día a día, cabe plantearnos hasta dónde llega la libertad de recibir información de terceras personas. Situación que no radica tan solo en la información controlada que se emite voluntaria y consentidamente, sino también en el descontrol de información que se emite diariamente, sin consentimiento de la persona que pueda verse afectada. Dígase por ejemplo, una S.L. que es objeto de incoación de un Procedimiento Sancionador que no cumple con la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente y que puede ser visualizada por cualquier persona que lo desee si consulta diariamente los Boletines Oficiales.

Por este motivo, resulta necesario un modelo jurídico que permita evitar esa situación de indefensión y evitar lesiones en el derecho fundamental a la dignidad y a la intimidad (artículos 18 y 20 de nuestra Carta Magna), debiéndose respetar la confrontación de dichos derechos, con el derecho de divulgación e información a terceros, sea cual sea su forma de emisión. De esta forma, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (“The Universal Declaration of Human Rights”), viene proclamando desde el año 1948, lo siguiente:

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.” (Artículo 19)

Artículo que choca frontalmente con las pretensiones individuales del derecho fundamental a la dignidad e intimidad personal que nuestra Carta Magna fomenta, al dejar lo suficientemente claro que:

La Ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.” (Artículo 18)

Nos encontramos por tanto en un conflicto jurídico interno entre el derecho a difundir información libremente y el derecho a ser respetados en nuestra dignidad e intimidad. De lo dicho cabe plantearse si se tiene derecho a ser olvidados en la red, una vez difundida cierta información vía internet y que pueda afectar a la dignidad y a la intimidad de las personas. Cuestión a la que se le pretende dar pronta contestación por la Comisión Europea, pero ello no supone que vaya a ser ni rápida y ni mucho menos fácil. Por ende, resulta claro que para atender a las necesidades que han ido surgiendo a lo largo de los años sobre esta materia, ha tenido que existir una importante evolución desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos sobre el respeto de los derechos inherentes en las personas (física o jurídica) y el derecho a difundir todo tipo de información con o sin consentimiento.

No es menos cierto que sobre la posible vulneración del derecho a la intimidad en su versión amplia, en relación con el derecho a la dignidad, existen varias vías de “defensa” que el interesado puede poner en marcha, como puede ser la petición de retirar de internet cierta información que le pueda perjudicar. Pero no siempre ello será posible. Basta solo con recordar el ejemplo expuesto de la S.L. sancionada por infracción de la Ordenanza. En este caso, las Leyes Administrativas vigentes en nuestro país permiten la posibilidad de publicar en los Boletines Oficiales (artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), los actos jurídicos dictados para que sean correctamente notificados, siempre que no se haya podido notificar personalmente.

Consecuentemente, se aprecia en el ejemplo expuesto que no siempre se podrá evitar la publicación en internet de información que pueda afectar la dignidad y la “imagen” de una empresa e incluso de una persona o grupo de personas que sean víctimas del inicio de un Procedimiento Sancionador. Lo cierto es que, este problema tendría una rápida y evidente solución: “no cometer infracción administrativa alguna, sea del tipo que sea”. Pero en los momentos que vivimos no es raro apreciar cómo la Administración, con escasos recursos económicos fomentado por la crisis, impone sanciones (muchas veces desproporcionadas) que pueden acarrear no solo un desequilibrio en la economía de la S.L., sino lo que es peor, un daño a su imagen de cara a terceros.

Por tanto, el derecho al olvido no tiene una solución clara y unánime y que, en el ejemplo expuesto, exige para empezar una modificación de las normas administrativas de nuestro país y, en segundo lugar, una mayor concienciación sobre las consecuencias que acarrea la importantísima herramienta denominada internet si finalmente se quiere lograr ser olvidados.

1 Comentario

  1. Muy actual el artículo, es éste uno de los retos en materia de protección de datos, al que el que parece inminente Reglamento europeo va a darle un nuevo y distinto enfoque al actual. De todas formas, no me parece del todo acertado el ejemplo dado, una empresa, una SL, no puede ser titular del derecho a la protección de datos, que solo lo es respecto de las personas físicas, sin perjuicio de su derecho al honor y a la propia imagen en la medida en que se admite para las personas jurídicas privadas. Por otro lado, regulación existe en la Ley 30/1992, más lo que la LOPD establece sobre la calidad de los datos objeto de tratamiento, pero exige una ponderación de derechos por un lado y de la eficacia de la actuación administrativa que la propia Constitución reconoce, por el otro. Y por descontado, el derecho a ser olvidado, existe, y no sólo en aquello que aparezca como perjudicial, sino en todo aquello que afecte a la privacidad. Un saludo.

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