El Gobierno de España destinará una inversión superior a 111 millones de euros para acciones de formación dirigidas prioritariamente a trabajadores ocupados.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes , a propuesta del ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez,  tres acuerdos por los que se autoriza al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a conceder subvenciones por importe de casi 67 millones de euros para la ejecución de planes de formación dirigidos, prioritariamente, a trabajadores ocupados que superan, cada uno de ellos, los 12 millones de euros.

Para llevar a cabo los planes de formación se ha destinado ala ConfederaciónEspañolade Comercio la cantidad de más de 15,7 millones de euros; ala Fundacióndel Metal parala Formación, Cualificación y Empleo más de 30 millones, y ala FundaciónLaboralde la Construcción cerca de 21 millones.

El número total de trabajadores y trabajadoras que participarán en los planes de formación aprobados hoy por el Consejo de Ministros se situará en torno a 230.000. A través de estas acciones se impartirán más de 11 millones de horas de formación.

Además, el SEPE destinará casi 45 millones de euros a planes de formación que no precisan autorización del Consejo de Ministros, pero que suponen una inversión mayor a 6 millones de euros, y que están dirigidos fundamentalmente a trabajadores y trabajadoras del sector de hostelería y turismo.

Durante 2010, el Servicio Público de Empleo Estatal ha invertido cerca de 767 millones de euros para acciones de formación dirigida prioritariamente a trabajadores ocupados, de los cuales más de 353,5 millones euros son gestionados por las Comunidades Autónomas. Por otro lado, a esta cantidad hay añadir la cantidad destinada a la financiación de la formación del personal de las Administraciones Públicas cuyo un importe total es de alrededor de 140 millones de euros.

Políticas de empleo para discapacitados

De forma paralela se aprobó otro El Real Decreto Ley que  incluye diferentes medidas laborales. Entre ellas destaca que el Gobierno garantiza la existencia de políticas activas de empleo para personas con discapacidad en todas las Comunidades Autónomas.

En este sentido, se acuerda que, enla Estrategia Española de Empleo, sólo se derogarán las acciones de política activa de empleo dirigidas a este colectivo cuando enla Comunidad Autónomaconcreta existan ya medidas destinadas a las personas con discapacidad.

Por otro lado, se consolida la participación de los representantes de los trabajadores autónomos y de la economía social en la elaboración de políticas activas de empleo, a fin de avanzar en el objetivo de incrementar el número de emprendedores en nuestro país. Así, se determina que antes de diseñar actuaciones de política activa de empleo se escuchará la voz de los autónomos y la economía social asegurando su implicación en las mismas.

Por otra parte,en los procesos iniciados de selección de trabajadores para programas de políticas activas de empleo, se podrá utilizar la anterior normativa relativa al contrato de formación.


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