La sentencia, dictada por la Sala de lo Social el pasado día 13 de febrero, establece que la instauración de la TPC, no supone una «extralimitación del Convenio» sino que es la puesta en práctica de las garantías para acreditar la formación y sanidad en materia de prevención de riesgos laborales con las que debe contar un trabajador.

El fallo desestima íntegramente la demanda presentada por los sindicatos ELA-STV y CIG contra el IV Convenio General de la Construcción y contra el establecimiento de la TPC.

En octubre último, ELA presentó una demanda contra de las organizaciones firmantes del IV CGSC. Durante el acto del juicio, celebrado el pasado día 3 de febrero, se adhirió la CIG.

La demanda impugnaba tanto el preámbulo del convenio como los artículos 12.1ºb, 136, de 159 a 167, la Disposición Transitoria Cuarta y los Anexos IV, V y VI, además de algunos otros artículos, tales como el 14.5, 17.4, 24.5 y 130.

Los sindicatos consideraban que el Convenio General de la Construcción «violentaba diversas fundamentaciones al establecer la obligatoriedad de contar con la TPC y que afectaba a todos los trabajadores de la construcción del Estado y que será definitivamente exigible a partir del 31de diciembre de 2011».

La sentencia, ante la que cabe recurso de casación en el Tribunal Supremo, considera que la regulación que establece el Convenio respecto a la formación en materia de prevención de riesgos laborales, así como la regulación de la TPC son acordes a la legalidad vigente.

MCA-UGT consideró que el fallo supone «tanto una consolidación del citado Convenio, así como de la Fundación Laboral de la Construcción y del régimen establecido en relación con la TPC».

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