DirectivosSegún las conclusiones del VII Estudio D&O elaborado por la correduría de seguros Marsh en colaboración con el despacho Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, casi una de cada dos empresas españolas no conocen la existencia del seguro de administradores y directivos de empresas (D&O). Aunque el grado de conocimiento ha mejorado en 5 puntos respecto al año pasado, el 74% de las empresas todavía no contratan esta póliza.

El estudio constata que las pólizas D&O han sido un “claro motor de desarrollo para las aseguradoras”. En 2013 la contratación de estas pólizas creció un 34,3% mientras que el volumen de primas se incrementó un 6,19%, alcanzando los 154 millones de euros. Pese al incremento, este volumen de primas sigue situando a España por debajo de los niveles de los países de su entorno, lejos aún de los 700 millones de euros de Reino Unido, los 490 millones € de Alemania, los 340 millones € de Francia o los 215 millones € de Italia.

El crecimiento durante el período de 2011 y 2013 responde a la importante contratación realizada por las pymes. Así, el 39% de las pymes contrata ya seguros de D&O, por detrás del  IBEX35 (100%), sociedades cotizadas (79%) y sociedades sin cotizar (63%).

Las cualidades de los seguros de D&O más valoradas por los directivos españoles son la cobertura del patrimonio personal de los directivos asegurados, resarcir a la sociedad de los perjuicios causados por sus administradores y contribuir a la eficiencia en la gestión de riesgos corporativos.

Avances legislativos 

El informe pone de manifiesto que la reforma de la Ley de Sociedades de Capital ampliará la tipificación de conductas desleales del estatuto de administradores. Por un lado, se tendrán en cuenta las obligaciones básicas derivadas del deber de lealtad, como el deber de secreto, de abstención de voto en casos de conflicto de interés o actuación independiente. Por otro, aquellas conductas relacionadas con situaciones de conflicto de interés en el que el administrador pueda beneficiarse de la actividad de la sociedad o de aquellas competidoras.

La Reforma de la Ley también flexibilizará el deber de diligencia en el régimen de responsabilidad civil. Mediante la aplicación la discrecionalidad empresarial (business judgment rule), la ley amparará al administrador siempre que se demuestre que ha actuado de buena fe, sin interés personal, con información suficiente y en base a un procedimiento de decisión adecuado.

Por su parte, la Reforma del Código Penal prevé atribuir la responsabilidad penal a la persona jurídica y sancionará la omisión de medidas de vigilancia y control por parte de administradores y representantes legales. Es por ello que las sociedades deberán implantar obligatoriamente programas de corporate compliance, eficaces en la prevención y detección de delitos.

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