AsociacionesNo es muy habitual que la mayoría de asociaciones judiciales se pongan de acuerdo para emitir comunicados conjuntos. Han sido los continuos episodios de corrupción política los que han provocado la indignación de jueces y fiscales, que han reclamado la adopción de ocho medidas para combatir la corrupción, a través de un insólito comunicado conjunto emitido este miércoles. La primera medida, y la que han solicitado de forma más contundente, es evitar las “inaceptables” injerencias del poder político en la elección de los integrantes del órgano del Poder Judicial.

Jueces y fiscales lamentan que el desarrollo del modelo constitucional del Poder Judicial realizado por las sucesivas legislaturas democráticas ha ido “pervirtiendo” el modelo de separación de poderes y aseguran que los partidos políticos “de uno y otro signo” han tratado de preservar “relevantes facultades de control” sobre quienes tienen el deber de juzgarles.  “Los continuos episodios de corrupción política que han visto la luz en los últimos tiempos socavan la confianza de los ciudadanos en nuestro sistema democrático y generan un evidente riesgo de colapso de nuestro Estado de Derecho”, añaden.

Las distintas asociaciones que firman el comunicado – Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales – también consideran que la responsabilidad de la regeneración democrática no puede recaer en exclusiva en la Justicia penal. El Derecho penal es una herramienta “necesaria e ineludible” para la lucha contra la corrupción, dicen, si bien aseguran que son precisas medidas en otros ámbitos, así como la implicación de la totalidad de los poderes públicos del Estado.

Las asociaciones, entre las que no figuran la Asociación Profesional de la Magistratura ni la Asociación Nacional de Jueces, piden un incremento “inmediato” del presupuesto destinado a Justicia, equiparando el número de jueces y fiscales en España a la media europea. También reclaman que se incrementen las unidades de Policía Judicial y de auxilio de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado para reforzar los órganos que investiguen causas de corrupción y que se instaure un nuevo modelo procesal penal, apto para combatir los casos de delincuencia organizada y las “formas de criminalidad del siglo XXI”.

Los jueces y fiscales piden también que se revise el Código Penal para sancionar como delito la financiación ilegal de los partidos políticos, que se reduzca el número de aforados en el ámbito político y que se limite el aforamiento a los delitos cometidos en el ejercicio del cargo. Por último, reclaman que se reforme la Ley del Suelo y las leyes que regulan la contratación pública para lograr una mayor transparencia en la ejecución.

 

2 Comentarios

  1. Aplaudimos que se emplee el Derecho penal como herramienta “necesaria e ineludible” para la lucha contra la corrupción así como la implicación de la totalidad de los poderes públicos del Estado. También que se revise el Código Penal para sancionar como delito la financiación ilegal de los partidos políticos.

    Si bien, además de lo dicho en el presente artículo, sin duda una cuestión de urgencia, también estamos bien preocupados por el avance de la reforma de ley de seguridad ciudadana, para lo que necesitamos expresar desde la ciudadanía en general y también por parte de las principales asociaciones judiciales la oposición a esta ley.

    Desde la Plataforma No Somos Delito, integrada por más de 70 organizaciones de la sociedad civil, estamos animando a la ciudadanía en general a que levanten su voz contra la Reforma de Ley de Segurdidad Ciudadana, porque con esta ley no se dirime blanco o negro, una idea u otra, sino nuestro mismo derecho a decidir expresarla.

    El Partido Popular con su mayoría absoluta la podrá sacar adelante a pesar de la oposición del resto de grupos parlamentarios. Por eso, hacemos un llamamiento a la ciudadanía en general, y también a jueces, fiscales y abigados, a movilizarse y expresar públicamente la oposición, para así lograr pararla.

    ¿Apoyáis?

  2. Debe apreciarse la libertad de expresión en tan altas manos, otrora negada y aún actualmente corregida cuando no va en la linia del que tienen mayor voz y voto.

    Querer la democracia y creer en el Derecho conlleva respetar uno de sus pilares básicos como es el de la separación de poderes y cuyo mejor entendimiento actualizado consiste en aceptar que entre ellos ha de brotar vocación de impoluto servicio y independencia pero aceptando que todos estan sometidos a la soberania de los ciudadanos, hoy, por cierto, cada vez más injustamente clasificados porque muchos no se ven más que como pura mercancia del sistema.

    Creo que los ciudadanos requieren de poderes públicos fuertes bien encaminados y sólo pensados pensados en ellos, en su bienestar, en sus necesidades, que incluyen la total legibilidad y entendimiento de aquello que les afecta. En este sentido, basta de leyes ininteligibles, extensas, rebuscadas, dispersas, desleídas, intencionadas para la imperfección; basta de resoluciones o sentencias asimismo extensas innecesariamente, ininteligibles, rebuscadas linguísticamente, premeditadas, desajustadas de la congruencia, cercadoras de lucidez personal, retardadas a próposito, próximas a lo político, alejadas del tema y de la sociedad (robas una manzana cárcel, expolias fondos públicos nos lo pensamos); basta de fiscales militarmente ordenados, olvidadizos de la acción de justícia, huidizos del justiciable.

    El pueblo soberano quiere separación de poderes e independencia entre ellos, pero también quiere subordinación de TODOS ELLOS a la Justícia y al Derecho bien elaborado como valores superiores que obligan a establecer controles de todos los actos que emanan de todos y cada uno de ellos (y no me refiero a la via de recurso) como una nueva fórmula dónde, en el caso del poder judicial, todos los actos y sentencias judicials también son revisados (aunque sean firmes) para extraer una valoración y de ella propuestas de cambio y ¿por qué no? respuestas eficaces como expedientes sancionadores cuando quién los dicta abusa del Derecho entrando en cualquier tipo de corrupción.

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