El texto expone que el debate parlamentario es una oportunidad para lograr una «verdadera y profunda reforma laboral en favor de todos los estamentos de la economía española y, subsidiariamente, mostrar a la comunidad internacional» que España está «a la altura de las circunstancias», por lo que pide a los políticos y agentes sociales que no desaprovechen la ocasión.

El documento, titulado ‘Una buena reforma laboral aún es posible’, señala que la rectificación va a ser «inevitablemente dolorosa» tras años de «excesivo apalancamiento exterior y de desmedido crecimiento de costes» respecto a los de los socios comerciales de España.

«Sólo un severo ajuste, que ya se ha iniciado, puede hacer que la economía española reencuentre una senda de crecimiento más sólido impulsado por el sector exterior», constata el documento.

Asimismo, considera que los gobiernos de la zona euro no negarán su apoyo a los sistemas de protección social, pero se resistirán a ser prestatarios de aquellos países que sigan gastando en mecanismos de protección ineficaces o que no aborden reformas esenciales para el interés general.

En este sentido, señala que el problema del mercado laboral español no es de exceso de protección laboral, sino la baja eficacia del sistema, y que el actual redactado de la reforma «no acierta en corregir suficientemente aquellos aspectos que hacen especialmente vulnerable nuestro marco laboral».

El Círculo de Economía hace propuestas como un ‘contrato pasarela’ que, con una duración máxima de unos dos años, permita una relación temporal como paso previo a la conversión a un contrato indefinido de fomento del empleo, con una indemnización de 20 días por año trabajado en caso de despido improcedente.

También pide que el paso del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) a un nuevo fondo de capitalización para asegurar una parte de las indemnizaciones por despido se realice lo más rápido posible y eliminando las «imprecisiones y riesgos» que comporta el redactado actual de la reforma.

Respecto a la negociación colectiva, la entidad empresarial insiste en su petición de que se realice a nivel de cada empresa, y que en el caso de grandes empresas con porcentaje mayoritario de facturación exterior, puedan descolgarse de la negociación sectorial, provincial, autonómica y estatal.

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