El Consejo Económico y Social (CES) emitió ayer un dictamen en relación a la Ley de reforma de las pensiones. El CES valora favorablemente el anteproyecto ya que traslada de forma adecuada al ordenamiento laboral y de Seguridad Social buena parte de las medidas del Acuerdo para la reforma y fortalecimiento del sistema público de pensiones, pero critica varios aspectos del mismo.
El dictamen manifesta que determinados aspectos de la reforma, que se refieren principalmente a las jubilaciones anticipadas, entra en contradicción con el Estatuto de los Trabajadores y además señala que el texto no aclara suficientemente las causas por las que se puede acceder anticipadamente a la jubilación, sobre todo en los casos de los agricultores y los trabajadores autónomos.
Hace referencia a las dificultades de la aplicación del Anteproyecto de Ley sobre Actualización, Adecuación y Modernización del Sistema de Seguridad Social a los trabajadores y las nuevas condiciones de acceso a la jubilación que puedan resultar especialmente gravosas.
Se refiere también a la elevación paulatina de la edad de jubilación, considerando que se debe clarificar el tratamiento de las lagunas de cotización. En cuanto al cálculo de la base reguladora, este dictamen no estáa de acuerdo con las limitaciones que el Anteproyecto incorpora y pide que se amplíe el acceso a las fórmulas alternativas de cálculo.
Y también critica que los complementos de las pensiones mínimas ya que tal como aparecen en el anteproyecto puede dar lugar a que una pensión con complementos a mínimos no llegue siquiera a la pensión mínima establecida en la ley, con el evidente perjuicio para aquellos que estén en estos niveles de cotización.
Critica que el contenido del anteproyecto no responde únicamente a los principios y medidas recogidas por el Acuerdo Social y Económico, sino que además incorpora previsiones que no proceden, sin poder clarificar el origen de esas previsiones y sin que aparezca suficientemente justificada la razón y la oportunidad de la introducción de dichas medidas y no otras.
El CES también hace constar en el texto aprobado por el Pleno que el Anteproyecto debería ver otras variables en la sostenibilidad del sistema que no fuera casi exclusivamente la esperanza de vida y considerara el empleo, la situación económica o la participación laboral.
No menos importantes, son los dos votos particulares que se han incluido en el informe, Luis Burgos (CIG) e Iñaki Zabaleta (ELA), en los que destacan que más del 70% de la población rechaza la reforma a pesar de que se ha orquestado inmediatamente una campaña de propaganda e imagen que poco informa sobre lo que realmente se aprueba.
Consideran que el acuerdo sobre las pensiones firmado por las centrales sindicales CCOO, UGT y CEOE, supuso la aceptación de la propuesta del Gobierno, con pequeñas matizaciones y que en materias como el paso a 25 años o el Factor de Estabilidad, el Gobierno ha ido más allá de lo inicialmente previsto.
Sobre la Memoria económica señalan que el ahorro que va a suponer la reforma es prácticamente el mismo que el Gobierno anunciaba hace un año. El recorte del gasto que supone la reforma “es enorme”, apunta el informe. En concreto, señala el informe, en 2050 se estima un “ahorro” del 3,5% del PIB (el equivalente a 37.000 millones de 2010, casi el 40% del gasto total en pensiones de dicho ejercicio). Además, explican que las principales vías de reducción del gasto son: el retraso de la edad de jubilación a 67 años (la mayor parte de la población va a estar obligada a jubilarse a esta edad), y los futuros recortes acordados bajo el nombre de Factor de Sostenibilidad. Cada una de estas medidas supone un ahorro del 1 % del PIB.
