Todas las asociaciones de jueces y fiscales -agrupadas en la Comisión Interasociativa- excepto la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales, han convocado una jornada de huelga para el próximo miércoles 20 de febrero, en protesta contra las reformas legislativas promovidas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
Ambos colectivos ya advirtieron, el pasado mes de enero, que tomarían esta medida si no tenían una «respuesta satisfactoria» del Ministerio de Justicia respecto a la mayor parte de medidas aprobadas desde la llegada al Gobierno de Gallardón. Entre otras, critican la ley de tasas judiciales, la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la rebaja de jueces sustitutos o la reducción de los días de permiso de los magistrados.
El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, afirmó hace algunas semanas: “Se han cruzado todas las líneas rojas que dijimos que no aceptaríamos. Se ha aprobado la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y se ha presentado el proyecto para modificar el Consejo General del Poder Judicial». Y añadía: «Creemos que hay motivos para la protesta en el ámbito judicial y que el ministro está realizando una gestión muy desafortunada, nada dialogante, que va a empeorar gravemente los problemas de la Justicia”.
La huelga está secundada por la Unión Progresista de Fiscales, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales y las asociaciones de jueces Francisco de Vitoria, Jueces por la Democracia y Foro Judicial Independiente.
En cambio, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que eligió a su nuevo presidente el pasado 10 de enero, se ha desmarcado de la protesta, del mismo modo que la Asociación de Fiscales. La portavoz de la APM, María Teresa Sáez ya matizó hace unas semanas que a pesar de no descartar la huelga, son partidarios de llevar a cabo antes otro tipo de acciones, como por ejemplo, “empezar explicando a la ciudadanía la trascendencia que tiene la reforma del Consejo General del Poder Judicial”. Por su parte, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón trasladó su disposición de estudiar las sugerencias planteadas por esta entidad en una reunión celebrada el pasado 14 de enero, en la que no asistieron el resto de asociaciones.
