AirbnbPrimero estudian con detenimiento las ofertas insertadas en internet y, después, los inspectores de hacienda, acompañados en algunas comunidades por la policía, llaman puerta por puerta para comprobar si el apartamento alquilado cumple con la ley. No es una iniciativa nueva. De hecho, cada verano en distintas comunidades autónomas de la costa se hacen campañas para perseguir el alquiler ‘en negro’. Sin embargo, este verano, las campañas de inspección se han redoblado por toda España ante el creciente fenómeno de alquiler turístico impulsado desde portales de internet como Airbnb, HomeAway o Booking.

Así, la Generalitat valenciana ha activado la campaña extraordinaria durante agosto para perseguir el creciente fraude de alquileres ilegales de apartamentos turísticos, que en la provincia suponen un agujero de unos 20 millones de euros al año en impuestos.

Desde que comenzó el mes, y hasta septiembre, inspectores de la Conselleria de Turismo y Hacienda, junto a agentes de la Policía Autonómica, “velarán por la calidad de la oferta del producto turístico de la Comunitat Valenciana, amparando simultáneamente los recursos turísticos, los intereses de los empresarios y trabajadores, y los derechos de los usuarios de estos servicios”, según ha señalado el Consell. Los controles se centrarán en Peñíscola, Benicarló y Benicàssim, principalmente principales puntos turísticos de la comunidad. También se analizará la oferta de apartamentos turísticos en Valencia, Gandía, Benidorm, Torrevieja, Alicante, Cullera y Denia. “Se  comprobará que esas viviendas cumplen la ley y se analizará la calidad de sus instalaciones y los servicios que ofrecen”, ha informado el Consell.

Los alcaldes de estas localidades y los empresarios hoteleros han aplaudido la iniciativa. De hecho esta campaña especial se ha puesto en marcha a raíz de las fuertes protestas de los hoteleros que ven en el alquiler turístico de particulares una competencia ilegal y desleal. La actividad alegal de alquileres de apartamentos turísticos podría estar moviendo anualmente en la Comunitat Valenciana unos 1.000 millones de euros, según estimaciones del sector hotelero.

Hace una semana, la patronal Hosbec, aseguró que esta «oferta ilegal» ha hundido la ocupación de los apartamentos turísticos de Benidorm durante el pasado junio, mes que se cerró con un 78,1% de plazas ocupadas, siete puntos menos respecto al mismo periodo de 2013. De hecho, junio supuso el «quinto mes de bajadas continuadas» de la ocupación en los apartamentos turísticos de Benidorm, con descensos que varían entre los dos puntos de abril y los siete de junio.

Al igual que en Valencia, los hoteleros de toda España han iniciado una enérgica guerra contra los alquileres de particulares, que se mueven en la mayoría de las comunidades autónomas en la alegalidad, ya que todavía las comunidades autónomas no han desarrollado una normativa de esta oferta vacacional cada vez más demandada y donde se esconde negocio ‘en negro’.

Inspecciones poco produtivas

Los inspectores de Hacienda también han incrementado sus esfuerzos para perseguir el fraude que se esconde dentro de este nuevo fenómeno vacacional. “En este tipo de alquileres que se duran días o semanas y donde el que alquila suele ser un viajero que vive en otra localidad o país es mucho más difícil perseguir el fraude. Y claro está, hay una mayor propensión a no declarar lo ganado”, explica José María Mollinedo, secretario general de GESTHA, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, quien afirma que sobre todo, en épocas estivales la Agencia Tributaria suele hacer campañas en busca de alquileres ilegales, especialmente en las zonas de costa.

Sin embargo, los inspectores de Hacienda afirman que estas campañas tienen resultados “pocos productivos”, ya que o se va a horas en las que el ocupante de la vivienda está fuera del apartamento o se le inoportuna a tempranas horas de la mañana y éste no habla español o se niega a colaborar con el funcionario de Hacienda, ya que no tiene obligación de hacerlo sin un requerimiento previo. La campaña puesta en marcha por la Comunidad Valenciana, sin embargo, puede dar mejores frutos, ya que los inspectores irán acompañados de la policía para asegurar la colaboración del alquilado.

Permiso de los vecinos

Cualquier alquiler turístico que se quiera hacer en las Islas Baleares deberá contar con la autorización de los vecinos. Si no lo tienen, no podrán alquilarla. Esta exigencia figura en el borrador del anteproyecto de decreto que desarrolla la polémica Ley Turística de esta comunidad, en la que se señala que los propietarios deberán aportar a la Conselleria «una declaración firmada por los propietarios de las viviendas contiguas donde manifiesten el consentimiento para que se comercialicen estancias turísticas».

En otras palabras, será el vecino el que tenga la última palabra en la autorización del alquiler del apartamento. No es el único requisito singular ya que el borrador requiere que para alquilar una vivienda unifamiliar aislada deberá haber sido construida antes de 1960 con lo que solo podrán alquilarse chalets con más de 54 años.

3 Comentarios

  1. Les aconsejo que vayan a La Pineda y a Salou, en Tarragona, dónde hay miles y miles de apartamentos alquilados con dinero negro. Los inquilinos dicen que son parientes o amigos de los dueños, y que se lo han dejado, gratuitamente. ¿Y cómo se demuestra la contrario…?
    Es una vergüenza que sólo paguemos impuestos los que cobramos una nómina, pero todos los demás se escabullen como cosacos.

  2. Cada vez hay más inversores que se aprovechan del precio bajo de la vivienda para comprar pisos y utilizarlos como apartamentos turísticos, lo que ocasiona que el resto de vecinos no podamos vivir en paz. El propietario de la pescadería de abajo empezó comprando un piso, luego dos, tres y hasta cuatro. Como resultado tenemos varios apartamentos turísticos en el edificio, con personas que vienen de vacaciones, reuniones familiares interminables, niños que gritan y juegan a la pelota, jóvenes que se emborrachan, patalean, bailan, dan portazos, saltan y lo ensucian todo, amargando la vida del resto de vecinos, todo para el enriquecimiento de algunos inversores que no viven en el edificio. Hemos llamado repetidas veces a la policía y puesto denuncias en el Ayuntamiento. Mis pregunta son: ¿por qué se permiten negocios hoteleros en fincas de vecinos? ¿Por qué no se endurecen las sanciones por ruido procedente de estos alojamientos turísticos que perturban la convivencia del resto de los vecinos?

  3. Entiendo que si se declara los beneficios ,pues supongo que tendran que descontar los gastos de luz agua etc. No se porque habría que prohibirlo.
    En cuanto a la molestia en verano suele ser mutua en el sentido que todos salen mas a la calle, a la playa etc. Suponer que tiene más dercho el propietario que alguien que he alquilado ,no se si viene en algún código,pues afectaría a que ya todos no somos iguales ante lam ley.,

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