Las empresas dan por hecho que tras la aplicación del decreto del carbón difícilmente podrá cumplirse el objetivo de que en 2009 se genere un déficit de tarifa inferior a 3.500 millones de euros.

Ese límite había sido fijado por el Gobierno en el real decreto ley 6/2009, que intenta resolver el problema del desajuste entre ingresos y costes regulados del sistema de generación.

Para evitar subidas que podrían alcanzar el 10%, las compañías abogan por trasladar de la tarifa a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de forma anticipada los costes extrapeninsulares o aplicar un IVA rebajado a la electricidad, que pasaría del 16% al 7%.

La nueva Tarifa de Último Recurso (TUR) se calcula conforme a una fórmula automática en la que, aparte de los precios de la energía, se tiene en cuenta el objetivo máximo de déficit para el año.

Las cinco eléctricas integradas en la patronal Unesa tienen previstro celebrar el martes o el miércoles un encuentro para analizar a nivel técnico las consecuencias de aplicar la solución para el carbón ya pactada por Industria con las empresas mineras de Carbunión y los sindicatos.

El borrador de real decreto reserva un precio fijo para la electricidad producida en nueve plantas a partir de carbón nacional, que dejarán de participar en el mercado mayorista de electricidad, o ‘pool’, y que quedarán retribuidas gracias a un mecanismo de resolución de restricciones por garantía de suministro.

Las centrales, cada una de las cuales tendrá un máximo unitario de producción, recibirán de media ponderada 57,32 euros por megavatio hora (MWh). Las plantas térmicas afectadas son dos de Endesa (Compostilla y Teruel), una de Endesa y Gas Natural-Unión Fenosa (Anllares), dos de Gas Natural-Unión Fenosa (Narcea y La Robla), dos de E.ON (Escucha y Puentenuevo), una de Iberdrola (Velilla) y otra de HC (Soto de Ribera).

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