“Muchas operaciones entre empresas no se han producido al final por el extracoste que supone el impuesto”, lamentó López Hermoso en rueda de prensa, para después acusar al Gobierno de “inacción” para consensuar con las comunidades autónomas la eliminación de esta “traba impositiva”.

Los asesores fiscales piden, en un documento de 25 páginas que han remitido tanto a la Agencia Tributaria como a las consejerías de Economía de las CC.AA., la derogación del artículo 108 de la Ley de Mercado de Valores, que somete al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales las transmisiones de bienes inmuebles entre distintas empresas.

“Es un tributo fósil que va en contra de la libertad de empresa”, clamó el coordinador de la sección de precios de transferencia de la Aedaf, Eduardo Gracia, quien matizó que el gravamen era razonable en su origen, pero que ha tendido “hacia la distorsión” por motivos recaudatorios, pese a que su impacto en los ingresos del Fisco “son mínimos”.

Gracia, que presentó el informe elaborado por otros nueve miembros de la Aedaf, incluidos el presidente, cuestionó la constitucionalidad del tributo, al establecer restricciones en el mercado recurriendo al interés general. “El fraude fiscal es de interés general, pero no puede servir de excusa para establecer un supuesto de fraude en todas las operaciones”, argumentó.

Los asesores fiscales abogaron por un ITP “más residual” que se aplique sólo entre particulares, si bien también consideraron, siempre y cuando cuente con la supervisión y el respaldo de la Comisión Europea, su limitación en los supuestos en los que la transmisión de activos esté exenta de IVA o en los que éstos no estén vinculados a la actividad empresarial de la compañía.

Aconsejaron reedefinir el concepto de ‘toma de control’ con el fin de ajustar el gravamen a las operaciones de adquisición sobre más del 80% del capital social, así como a aquellas en las que los activos representen el 80% de los inmuebles en España.

El presidente de la Aedaf se mostró optimista respecto a la acogida de su propuesta entre los responsables de Economía de las distintas regiones para acordar una eliminación de esta “barrera a la flexibilidad empresarial”. “Estamos recibiendo el ‘feeling’ de algunas comunidades”, concluyó.