Aunque el Estado español, tal y como reconoce AI, ha sido uno de los promotores más activos de acciones internacionales contra este tipo de agresiones, a nivel interno «no ha hecho los deberes».

Según el informe presentado por esta organización («España: una vida sin violencia para mujeres y niñas»), las medidas de protección en nuestro país para las víctimas de violencia sexual son «inadecuadas», por no existir un plan marco de prevención, protección y procesamiento.

Así, algunas situaciones concretas exigen protocolos de actuación especial que no están recogidos en actual legislación, como la violencia sexual a manos de agentes estatales, que sigue oculta y no se persigue como tortura según este informe.

La violencia sexual contra las niñas tampoco cuenta con los medios adecuados como la adecuación de los juzgados, del personal que trabaje con las víctimas o la desprotección de las mismas.

La trata de personas, que sigue considerando a las mujeres inmigrantes detenidas «antes como inmigrantes en situación administrativa irregular que como posibles víctimas de trata».

Otra de las carencias profundas denunciadas en el informe es la falta de garantías para reparar a las víctimas: «No se garantiza ni la indemnización económica ni hay garantías de apoyo para la plena recuperación».

Para la directora de AI en España, Itziar Ruiz-Giménez, la legislación actual se centra en el «modelo de lucha contra las redes criminales más que en la defensa de las víctimas», de ahí la importancia de luchar por el reconocimiento de la violación de los derechos fundamentales como el núcléo básico de estos delitos, y no como un daño accesorio que no siempre se juzga como tal.

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