Máxima expectación en el Congreso de los Diputados.. Iba a ser la mañana de las comparecencias; primero de la titular de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez para apuntar las líneas maestras de la próxima reforma laboral; más tarde Luis de Guindos, Ministro de Economía para señalar los aspectos claves de la reforma financiera. En este entorno era obligado por parte de DIARIOJURIDICO entrar en la llamada cocina legislativa y conocer más de cerca a Alfredo Prada, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso en esta X Legislatura. Cuando se inicia el diálogo hablamos sobre todo de leyes que ayuden a modernizar la Administración de Justicia, tal y como señalaba el presidente Rajoy el día de su investidura.“Estamos ante la legislatura adecuada para reflexionar y legislar a la vez, de cara a poder unificar la normativa mercantil de nuestro país.” Desde su punto de vista ha llegado el momento de apostar por un Código de Comercio modernizado que ofrezca al inversor la misma seguridad jurídica en cualquier parte de España. Prada  alaba el espíritu dialogador del Ministro Gallardón y es partidario de modificar el Código Penal tanto a nivel de multirreincidencia como de cara a castigar al politico mal gestor de los presupuestos públicos. Sobre los juicios paralelos, productos de filtraciones interesadas de sumarios,  se muestra contundente : «Aquella persona que filtre una documentación declarada secreta debería tener un reproche penal de máximo nivel,» subraya

Resumir su trayectoria profesional no es sencillo. Sabemos que es abogado, colegiado por  las ciudades de Madrid y Leon, su tierra natal, y Doctor en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos con la calificación de Sobresaliente cum laude. Que tiene un conocimiento profundo de la justicia pues no en vano estuvo durante ocho años como Vicepresidente Segundo y Consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, una autonomía que supone el 25 por cien del PIB nacional,  en el periodo 2003-8. Como senador disfrutó de diez años de intensos trabajo en la Cámara Alta entre 1993 y 2003 siendo participe de muchas iniciativas legislativas entre las que podemos destacar el Proyecto de ley Organica del Codigo Penal de la Democracia; proyecto de ley de justicia gratuita o también el Proyecto de Ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial. Ahora se le advierte muy ilusionado en su nueva responsabilidad como presidente de la Comisión de Justicia del Congreso en esta X Legislatura que acaba de arrancar

 Señor Prada ¿Qué puede adelantarnos en este inicio legislativo de los trabajos de su Comisión de Justicia que se vayan a iniciar?

Creo que esta Comisión es uno de los centros neurálgicos de la actividad legislativa, aunque es difícil señalar cuál es la Comisión donde se tramitan los temas más importantes del país.

Nuestra Comisión quiere ser y es parte fundamental de lo que tiene que ser un Estado de Derecho.  No podemos olvidar que las leyes que inciden sobre la libertad o nuestro patrimonio se dirimen y se trabajan en la propia Comisión de Justicia

La Comisión refleja la composición del Pleno de la Cámara, con la mayoría absoluta del grupo parlamentario que sustenta al Gobierno. Además están representados el resto de las fuerzas políticas así como el grupo mixto

Mi criterio como presidente es tener un rigor en la aplicación de la normativa, a la vez que una flexibilidad de cara a la participación de todos los grupos parlamentarios.

Con ello pretendemos que se enriquezca el orden del día de cada punto que tratemos en la Comisión de tal forma que la rigidez del Reglamento no sea obstáculo para ello.

De aquella primera comparecencia del Ministro Gallardón ante esta Comisión de Justicia del Congreso, ¿qué fue lo que más le llamo la atención especialmente?

La verdad que creo que es la primera vez que al comienzo de una legislatura un Ministro presenta un ambicioso proyecto de modernización de la justicia. Creo que era muy completo en su conjunto; no solo se hablaba  de reformas necesarias, por otra parte, desde el punto de vista legislativo, sino también buscar criterios de modernidad , eficacia y eficiencia

Creo que de todas esas medidas se traduce casi una búsqueda de la excelencia en la propia Administración de Justicia.

No podemos olvidar que la Administración de Justicia es la gran asignatura pendiente de nuestro desarrollo constitucional. Creo que todas las administraciones funcionan con esos criterios que antes comentaba, salvo la propia de Justicia.

Es evidente que hay, a inicio de esta legislatura, una apuesta decidida por la modernización de justicia como dato más resaltable.

Usted que ha sido Consejero de Justicia e Interior de una comunidad como Madrid, que engloba el 25% del PIB nacional, ¿Dónde cree que radican las claves para lograr la modernización de la Justicia?

Esto es algo más sencillo de lo que parece a simple vista. Es fundamental contar con voluntad política que pueda ser respaldada por unas garantías presupuestarias.

El propio presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha mostrado esa voluntad política de la que le hablo aunque es evidente que será complicado trasladarlo hoy a un reflejo presupuestario por la crisis económica en la que estamos inmersos.

De todas formas creo que comienzo ha sido esperanzador. Se nota que hay un interés político en afrontar el tema de la modernización de nuestra justicia.

Hablando del presidente Rajoy, le recuerdo que en su investidura aludió a la justicia y habló que serian necesarias pocas pero buenas leyes nuevas…

El mensaje que nos mandaba el presidente creo que es muy positivo.  Es evidente que no por mucho legislar se arreglaría el funcionamiento de la Administración de Justicia.

Hay que centrar el esfuerzo en hacer pocas leyes. Leyes de calidad y sobre todo que acierten en el objetivo de ayudar a modernizar nuestra Justicia.

Parte de este planteamiento ha quedado reflejado en la ambiciosa propuesta que ya conocemos del Ministro de Justicia tras su comparecencia en esta Comisión.

En este preciso momento de esta entrevista tiene lugar una reunión la primera, entre el Ministro Gallardón y el presidente del CGPJ, Carlos Dívar, ¿qué espera de ella?

Estoy convencido que habrá un acercamiento de posturas entre ambas instituciones. Es clara la voluntad de diálogo del Gobierno y de buscar acuerdos con todos los interlocutores del mundo jurídico.

No creo que sea complicado que se llegue a un entendimiento entre ambas partes.  Sobre todo porque la voluntad del Gobierno no es imponer sino razonar y mejorar. En ese sentido me consta que el presidente Dívar es un hombre sensato y responsable

. Creo que su defensa de los intereses del poder judicial no es incompatible con la voluntad que tiene el Gobierno de profundizar en un proyecto de modernización de la Justicia.

En un momento como el actual sería bueno apostar por un nuevo Pacto de Estado sobre la Justicia con las principales fuerzas políticas..

Es  cierto que ya en su momento hubo diversos  pactos de este tipo que aunque funcionaron no consiguieron el objetivo de modernizar nuestra justicia.

Nunca es malo tener un entendimiento en estos grandes temas con el partido de la oposición y otros fuerzas políticas. Por parte del Gobierno y de nuestro partido político no dejaremos de hacerlo.

Sin embargo, esto no significa que dejemos de poner en marcha nuestro compromiso programático. Nuestro programa político no deja de ser un contrato con la sociedad que estamos obligados y queremos cumplir

Repasando la web del Congreso y en especial de esta Comisión que usted preside se advierte una gran actividad legislativa hasta la fecha…

Ahora tenemos que ser más concretos. Iremos a la piedra angular de la justicia que es la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

A la vez es muy importante, no es trabajo para unos meses, sí para una legislatura reformar una ley del Siglo XIX como es la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) hay que procurar que tenga una importante estabilidad en el tiempo

También aspectos relacionados con los juicios rapidos en materia civil, la puesta en marcha de una ley de Jurisdicción Voluntaria u otra de mediación. Necesitamos leyes que permitan el cambio de modelo de la administración de Justicia hacia cánones de eficacia y calidad. Se trata al final, de legislar para modernizar.

Ahora que habla de legislar, ¿Qué relación debe existir entre el legislador y el poder judicial? ¿No cree que debería haber más colaboración?

Entiendo que los magistrados y jueces españoles señalen que su labor es únicamente ejecutar las leyes desde su función constitucional de interpretar la legislación que sale del Parlamento español.

Los legisladores debemos tener las leyes adecuadas y necesarias en cualquier orden jurisdiccional.

Es posible que hasta ahora no haya existido una interlocución fluida con jueces y magistrados y algún otro colectivo profesional, desde luego que mi compromiso como nuevo Presidente de esta Comisión de Justicia es modificarlo.

Creo que debe haber una relación fluida y conocer sus opiniones para estar unidos en ese proyecto conjunto de modernización. Haremos todo lo posible para que ese diálogo del que hablo sea una realidad

Hasta ahora, hemos empezado con mucha fuerza; hemos tenido al Ministro de Justicia; al Fiscal General del Estado y en menos de una semana al presidente del CGPJ. Además de forma paralela estoy teniendo encuentros con otros colectivos jurídicos para saber su opinión sobre los temas claves de la justicia

Legislar también es importar directivas comunitarias, que no siempre es sencillo…

En el momento en que la justicia española alcance los criterios de modernización que hemos hablado en esta entrevista, habría que dar un paso adelante para que la justicia española estuviera inmersa en una justicia europea.

No existirá una auténtica Unión Europea hasta que no tengamos una administración de Justicia conjunta con las peculiaridades lógicas de los órganos jurisdiccionales que tendría cada país.

En el plano mercantil es fundamental darnos cuenta que estamos en este marco europeo  y que la propia administración de justicia debería ser única en esta jurisdicción empresarial

Sobre el Código Penal y sus reformas, Sr Prada, nadie se pone de acuerdo ¿Es bueno que la sociedad española gire alrededor de esta normativa?

No es el plano más ideal, evidentemente. Creo que la aplicación continua del Código Penal señala que algo está fallando en el funcionamiento de la sociedad.

El origen del Código Penal de la democracia, en el que yo tuve la oportunidad de participar alla por 1995 en mi etapa de senador nació sin el consenso de los dos grandes partidos políticos.  Creo que esta coyuntura ha llevado a que se hayan hecho demasiadas reformas para tan poco tiempo de vigencia.

En esta coyuntura parece lógico que existan algunas reformas por hacer y que hay que impulsar por el momento que vivimos como las que hemos puesto sobre la mesa desde el Partido Popular

Desde esta perspectiva, ¿ es partidario que se reforme la Ley del Menor y se endurezca el castigo para los delincuentes  multirreincidentes..?

Los episodios que hemos vivido en España donde tiene un protagonismo la actual Ley del Menor hay que corregirlos. No puede haber dos sentencias por un mismo hecho en aplicación de una legislación. Algo hay que no funciona bien

En cuanto a la multirreincidencia me viene a la cabeza las reivindicaciones de los joyeros un colectivo que sufre mucho por determinados delincuentes.   Pagan elevadas pólizas de seguros y empresas de seguridad para manter su negocio en muchos casos.

Es inconcebible que un grupo reducido de delincuentes cometa un porcentaje alto de los delitos que se cometen en España.  Me parece un acierto ambas propuestas de reforma del Código penal desde ambas perspectivas que hemos comentado.

En este panorama legislativo que tenemos al inversor extranjero le pierde la gran diversidad normativa de nuestro país. ¿Es posible hacer un esfuerzo unificador al respecto?

Hay que darse cuenta que seguridad jurídica e inversión van unidas de la mano. Debemos por ello que mentalizarnos todos en este sentido.

Es muy importante ofrecer una moderna administración de justicia con un cumplimiento estricto que las leyes establezcan y una justicia que no tenga dilaciones. Las dilaciones retraen al inversor si no sabe en qué momento puede recuperar una deuda o en qué plazos puede solucionar un problema de ámbito judicial.

Es obvio que es fundamental de forma paralela fomentar el arbitraje, la mediación y desarrollar la jurisdicción voluntaria en nuestro país, al mismo tiempo que se fomenta la seguridad jurídica en España. Un país moderno debe dar una respuesta clara del plazo de cualquier procedimiento judicial

Panorama normativo y en muchas ocasiones de difícil complejidad, ¿Es usted partidario que en esta legislatura se sigan los trabajos desde el Ministerio de Justicia para modernizar y simplificar el lenguaje jurídico?

En primer lugar, tengo que decirle que todo lo que sea acercar la Administracion de Justicia al ciudadano es positivo. Aunque a veces, ya se sabe si no quieres hacer nada, haz una Comision (se sonríe)

La cuestión que usted plantea no sé hasta que punto se soluciona a través de una comisión. Soy mas partidario de una acción política directa.

Gobierno y legisladores en su día a dia deben ser cuidadosos en el lenguaje que se utilice a través de los medios de comunicación para llegar a esa modernización del lenguaje jurídico del que usted me habla

No podemos olvidar que tenemos legislación tanto del siglo XIX, como del XX y del actual siglo XXI, esto hace que se mezclen conceptos que han quedado ya obsoletos. Por otro lado, la liturgia existente en el mundo judicial creo que no sería partidario de perderla

Hay otro asunto por el que debo preguntarle y son las filtraciones de los sumarios y los llamados juicios mediáticos a través de algunos medios de comunicación..

No se puede nunca matar al mensajero. El periodista hace su trabajo y no se le puede culpar de nada en este tema. Es evidente que hay algunos procedimientos que son muy mediáticos y eso es inevitable y obvio y en estas fechas estamos viviendo algunos de ellos.

Dicho esto sí es evitable, y con toda contundencia, es que si hay una declaración de secreto de sumario, un medio informativo no puede tener acceso al contenido del mismo antes que los propios implicados.

En este asunto el funcionamiento de la justicia debe ser inflexible. Aquella persona que filtre una documentación declarada secreta debería tener un reproche penal de máximo nivel.

Precisamente de interés mediático son casos donde se dirimen intereses de grupos, como el caso Spanair, o Costa Cruceros, ¿es el momento de una modificación legislativa para atender a estos colectivos?

Si recibiera una propuesta en este sentido espero que tenga los criterios de modernización de los que hemos hablado en esta entrevista, bienvenida sea

Es una realidad que hay demandas que afectan a colectivos muy numerosos y hay que buscar una normativa que permita agilidad y eficacia en estos supuestos a la hora de resolver sus problemas

Hay un dato que el Ministro Gallardón señaló en su comparecencia y que ha pasado desapercibido mediáticamente y que creo que es importante.

Su idea es que el orden de resolución de los asuntos judiciales no tenga que ver con el registro de entrada y su fecha, sino que también habría que establecer un criterio de la importancia del asunto, tanto a nivel cuantitativo y cualitativo. Desde esta perspectiva las demandas colectivas deberían ser prioritarias. Sería posible a medio plazo pensar en tener algunos juzgados especializados en estas materias

Por último, queríamos saber su opinión sobre la intención del Gobierno de imputar penalmente a los políticos, gestores públicos,  derrochadores

El debate está ahí y creo que la sociedad estaba esperando que se abordase este asunto. No es lógico que no tenga responsabilidades el político que tenga perfil ejecutivo y que gaste por encima de lo que tiene. El gasto es más jurídico que el derroche en estos términos. A mi no me parecería mal que tuviera un reproche penal.  Es posible que para su implantación se requiera una tipificación expresa  cualificada en el Código Penal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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