CristobalMontoro (181x250)Campanada de salida para aplicar la reforma local auspiciada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local se publicó ayer en el BOE y el martes entrará en  vigor.  Se inicia, pues, la cuenta atrás para que las comunidades autónomas asuman paulatinamente y en un plazo de cinco años los servicios en materia de salud que ahora prestan los ayuntamientos y, en un máximo de dos, los servicios sociales. El Gobierno asegura que es la manera de evitar duplicidades y de que los municipios se dediquen a sus competencias básicas y que permitirá un ahorro a las arcas públicas de 8.000 millones de euros. Sin embargo, el PSOE ya ha anunciado que recurrirá la reforma ante el constitucional en una iniciativa legal que será acompañado por algo más de 1.000 ayuntamientos.

La ley empezó su tramitación hace más de una año y medio y se ha convertido en uno de los proyectos más discutidos de la legislatura, con más de una treintena de borradores. Finalmente fue aprobada con los votos del PP, PNV y de un diputado de UPN, mientras que el resto de los partidos voto en contra.

A partir de ahora, en lo relativo a la salud, los municipios sólo se encargarán de la protección de la salubridad pública y de lo relacionado con los cementerios y servicios funerarios. Lo demás, será gestionado por las autonomías en un plazo de cinco años, pero las comunidades deberán asumir un 20 por ciento anual de la gestión. En cuanto a los servicios sociales, el plazo para el traspaso es más corto, de dos años. Los municipios se encargarán solo de detectar y evaluar situaciones de necesidad y de la atención inmediata por exclusión social.

Sin embargo, en ambos casos las comunidades tienen la alternativa de delegar el servicio en la diputación o en el ayuntamiento, aunque deberán pagar por ello y si no lo hacen, Hacienda les retendrá el equivalente de las transferencias del sistema de financiación.

El secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, ha liderado las críticas contra la reforma local. Tras su aprobación en el BoE ha vuelto cargar contra la nueva ley de racionalización de la administración local, “un golpe brutal a los ayuntamientos sin precedentes en la historia democrática de nuestro país”.

“Si la ley era mala cuando entró en las Cortes, la que acabó saliendo del Congreso es mucho peor, por desgracia”. El dirigente socialista sostiene que ahora “comienza el proceso de privatización y desmantelamiento de buena parte de los servicios públicos que se prestan por parte de los ayuntamientos”, al tiempo que denuncia esta ley “ni racionaliza competencias, ni las aclara, sino que convierte a Montoro en el alcalde mayor del reino, con el peligro que conlleva todo lo que toca o dice el ministro”.

El responsable de Política Municipal advierte, asimismo, de la dificultad que entraña la aplicación de alguno de los apartados de la norma, “cuando no imposibilidad”, y lamenta que se vaya a llevar a cabo una “intervención de los ayuntamientos de forma grosera, arrebatándoles la autonomía política que nuestra Constitución asigna a las entidades locales”.

1 Comentario

  1. Hay leyes que son puertas de peor futuro: si puedo hacer esto nada evita que haga aquello otro. En estos casos los afectados llman a las puertas de los otros poderes para requerirles que desde su entendida independencia (curiosa expresión)se eviten desviaciones constitucionales en tamaño terreno com o es el de la organización territorial. En cambio, veo con buenos ojos que quien organice desde su competencia lo haga con diligencia (que, en este punto, ha de ser algo más que responsabilidad)evitando cualquier duplicidad material para lo que es necesario el detalle expreso y previo de lo que unos y otros hacen o pueden hacer conforme a su capacidad económica y evitando toda competencia derivada del “tu tienes yo también quiero tener”. En este terreno, el Estado central si que puede diseñar principios o criterios básicos, regular su delegación competencial o encomienda material neta (sin interferir en materias de la competencia de otros) en la administración local y vigilar su cumplimiento evitando el desorden económico siempre tardiamente supervisado; el resto es cosa o ha de ser cosa de Comunidades Autónomas y los que han de ser sus Entes Locales, como el verdadero cambio de lege ferenda.

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