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Rafael Catalá

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado hoy que antes de fin de año se aprobarán las que considera las “principales reformas de la legislatura”: la que modificará la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y el Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial.

El ministro ha señalado que la nueva normativa procesal penal permitirá agilizar los procedimientos judiciales, especialmente, los macroprocesos y regulará los medios de investigación en el proceso penal, como la intervención judicial de las comunicaciones, que el texto actual limita a las postales.

La nueva ley también suprimirá el catálogo de faltas y establecerá nuevos criterios de gestión de los atestados policiales sin autor conocido.

Catalá ha señalado que sin abordar la reforma de la ley que regula el proceso penal “no tendrán sentido otras” en las que también trabaja el Ministerio como modernizar tecnológicamente la Justicia, expandir la nueva oficina judicial y permitir las comunicaciones entre los operadores jurídicos a través del teléfono móvil y la Sede Judicial Electrónica. 

En cuanto al Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, que tiene que volver en segunda vuelta al Consejo de Ministros, el ministro ha señalado que mantendrá los partidos judiciales, pero racionalizará el sistema de reparto de cargas de trabajo entre juzgados.

“Desafíos” planteados

Además de enumerar las reformas en las que trabaja su departamento, el ministro ha defendido que la Justicia tiene que estar preparada para responder a los diversos “desafíos” que el Estado de Derecho tiene planteados, entre los que ha citado la corrupción y “esa subversión de los principios democráticos, que anida en los intentos de situar una determinada voluntad por encima de la voluntad general”. A su juicio, “resulta urgente deshacer esa idea letal que se trata de difundir desde algunos ámbitos de que la política es lo opuesto a la ley y que por tanto los tribunales deben quedarse al margen”.

En relación a la corrupción, el ministro ha recordado que el plazo de prescripción por estos delitos se elevará hasta los 15 años y que el Ministerio de Justicia remitirá un informe semestral al Congreso sobre los indultos concedidos, pese asegurar que “este Gobierno no ha concedido ningún indulto a nadie que se haya lucrado gracias a los fondos públicos”. Desde que Rajoy tomo posesión del cargo, el Gobierno ha concedido más de 700 indultos, aunque se trata de una de las cifras más bajas de las últimas legislaturas (ver gráfico).

En el turno de preguntas el ministro apostó por dar una respuesta contundente para hacer frente a incidentes como los del pasado fin de semana en los alrededores del estadio Vicente Calderón. Catalá abogó por mejorar la legislación para que haya respuestas eficaces ante estas conductas aunque recordó que el Código Penal incluye como delito la incitación al odio.

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