La Defensora del Pueblo (e.f.), Mª Luisa Cava de Llano, ha pedido que se emprendan reformas que faciliten la ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que posibiliten “una rápida respuesta a los casos presentados que estén bien fundados”.
Cava de Llano participó, junto al Presidente del Senado, Javier Rojo, unas jornadas de trabajo organizadas por la Institución del Defensor del Pueblo y por el Consejo de Europa, en las que representantes de las Estructuras Nacionales de Derechos Humanos de todos los Estados miembros del Consejo de Europa (CE), así como altos funcionarios del CE y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), sentarán las bases para evitar el colapso de dicho tribunal, buscarán vías para la ejecución real de sus sentencias y para promover la educación en derechos humanos.
A lo largo de su intervención, la Defensora ha recordado la “necesidad de fortalecer al Tribunal de Estrasburgo como garante de los derechos fundamentales”  y  ha lamentado la “enorme brecha entre los casos planteados y los casos resueltos”, lo que en su opinión, “debilita la posición institucional y la credibilidad social del Alto Tribunal Europeo”.

Por ello, ha apostado por ahondar en la senda reformista que significa Interlaken, un plan de acción diseñado para salvaguardar la efectividad de la Corte Europea, resultado de la decisión de Thorbjorn Jagland, Secretario General del Consejo de Europa, de invitar a las Estructuras Nacionales a unirse a los esfuerzos del Consejo.

Tal y como ha destacado la Defensora, el objetivo es que se otorgue una rápida respuesta a los casos bien fundados, y se ofrezca una adecuada información a los potenciales recurrentes, “para evitar en lo posible, la frustración de las inadmisiones a trámite”, ha señalado.

El 90% de las demandas individuales presentadas ante el TEDH son declaradas inadmisibles. Asimismo, una vez dictadas las sentencias, su ejecución por parte de los Estados no siempre se cumple como debiera. A 31 de diciembre de 2010, 9.922 casos estaban pendientes de resolver ante el Comité de Ministros para la supervisión de su ejecución.

En cuanto a la ejecución efectiva de las sentencias del Tribunal con sede en Estrasburgo, Cava de Llano ha apostado por potenciar la capacidad de presión sobre los Estados de las Estructuras Nacionales de Derechos Humanos, al tiempo que lamentaba “las actitudes de los distintos gobiernos de España, de distinto color político” que, según ha asegurado, “no han dado una solución satisfactoria a la hora de acatar debidamente las decisiones vinculantes de la Corte de Derechos Humanos”.

Por su parte, Javier Rojo destacó la importancia del Tribunal de Estrasburgo, del que ha afirmado es “una institución sin la cual no podría entenderse la enorme progresión en la defensa de los derechos de los ciudadanos europeos”. Y ha considerado “sugerente”, el que las instituciones nacionales encargadas de la defensa de los Derechos Humanos “se ofrezcan a colaborar para la mayor eficacia de las sentencias del Alto Tribunal”.

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